Ecuador: El incumplimiento de voluntad popular hace peligrar uno de los ecosistemas más diversos del mundo
El relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, acaba de presentar sus argumentos ante la Corte Constitucional de Ecuador en el caso de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, a través de una figura procesal que se conoce como ‘amicus curiae’.
Orellana expone los estándares internacionales para el cumplimiento de las decisiones judiciales que exigen a los Estados garantizar su efectiva y pronta ejecución.
“El incumplimiento de la voluntad popular y de la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador pone en peligro uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, amenaza los derechos de los pueblos indígenas y socava el Estado Constitucional de Derecho”, declaró.
Incumplimiento
Los ciudadanos ecuatorianos decidieron, en agosto de 2023, a través de una consulta popular organizada al amparo de la Constitución nacional, dejar bajo tierra indefinidamente el petróleo del Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní.
La Corte Constitucional dio a esta decisión un plazo final de cumplimiento hasta agosto de 2024. A pesar de la sentencia, el Gobierno ecuatoriano ha continuado con la extracción de hidrocarburos en este Parque Nacional.
El relator especial afirmó, que “las normas internacionales de derechos humanos sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales adquieren una importancia aún mayor cuando el incumplimiento pone en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas y amenaza con causar daños medioambientales significativos”.
Derechos
En su escrito de amicus curiae, el experto subrayó la relación entre los derechos de los pueblos indígenas y la protección de un medio ambiente sano.
Orellana señaló que los pueblos indígenas que viven en la selva amazónica en Yasuní enfrentan graves amenazas para su salud, tierras y territorios como consecuencia de la exposición a sustancias peligrosas y residuos generados por la extracción de petróleo.
Cumplimiento
“Los tribunales constitucionales tienen un papel crucial que desempeñar en el esfuerzo por incorporar las normas internacionales de protección de los derechos humanos en el derecho interno”, dijo Orellana.
El experto también destacó la importancia de que la Corte Constitucional de Ecuador evalúe el cumplimiento de su sentencia en este caso.
“Para hacer realidad el desarrollo sostenible, el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe prioriza el acceso a la justicia en materia ambiental y exige a los Estados Partes contar con mecanismos efectivos para hacer cumplir las decisiones judiciales”, declaró el relator.
Los relatores especiales/ expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.
Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de los Derechos Humanos https:// uhri.ohchr.org/en/.
Marcos A. Orellana es el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
Amicus curiae, se traduce literalmente como “amigo del tribunal”. Refiriéndose a alguien, quien, a pesar de no ser parte de un caso judicial, asiste al tribunal proporcionado información o asesoramiento. Esta persona tiene un interés directo en el resultado del proceso, por lo cual se le permite participar en este.
