Ecuador plantea ingreso temporal de fuerzas extranjeras para combatir inseguridad
El Gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, plantea el ingreso temporal en el país de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado trasnacional, informó recientemente la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia.
En un comunicado, apuntó que el Gobierno plantea, «de manera temporal y en el contexto de la guerra declarada contra el narcoterrorismo, la incorporación de fuerzas especiales de países aliados para apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional».
«Las mafias y el narcotráfico operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar juntos para combatirlos de forma más efectiva», apuntó.
En ese sentido, Noboa dispuso a la Cancillería que, «respetando el marco constitucional y utilizando los canales diplomáticos correspondientes», realice los acercamientos para coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación para este objetivo.
El escrito no detalla hacia qué naciones se harán los acercamientos. «Enfrentar un enemigo común -las mafias y el crimen organizado- requiere unidad y decisiones firmes. Esta propuesta, junto a otras acciones lideradas por el gobierno (…), busca fortalecer la seguridad del país», indica.
En ese contexto, exhorta a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre esta y otras iniciativas, como la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país.
En octubre pasado, Noboa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional para abrir la puerta al restablecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador, prohibidas por la Constitución promulgada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), lo que obligó a Estados Unidos a salir de la base de Manta en 2009.
Noboa ya había anunciado en septiembre pasado su intención de promover esa reforma constitucional para permitir nuevamente la instalación de bases militares permanentes extranjeras, como parte de sus acciones en el «conflicto armado interno» que declaró en enero de 2024 contra el crimen organizado.