CONSTITUYENTE O NO CONSTITUYENTE
Por: ROSALÍA ARTEAGA SERRANO
Esa es la pregunta del momento, tal como en el clásico de la literatura anglosajona se planteara el “Ser o no Ser”, he ahí el dilema al que se someten el gobierno y la sociedad ecuatoriana en general.
Muchos estamos conscientes de las tremendas falencias y de la necesidad de cambiar este cuerpo legal que gobierna al Ecuador desde la Constituyente de Montecristi, con la Constitución aprobada en el año 2008, en lo que difiere es en la forma de hacerlo y en los tiempos que ello demandaría.
Organizar una Asamblea Constituyente no es nada sencillo, implicaría tres consultas populares: la que ordena que se convoque a una Asamblea, la de la elección en la que se elige a quienes redacten esa nueva Constitución y finalmente una tercera en la que se debe aprobar o rechazar el texto fruto de las discusiones y de los acuerdos a los que se llegue en la mencionada Asamblea Constituyente. Y si bien muchos sentimos que la Constitución vigente en el país debe modificarse, renovarse o desecharse por completo, hay diferencia en los cómos y en los cuándos.
En este sentido bien vale la pena reflexionar en los riesgos que puede entrañar el seguir los pasos enumerados, por la cantidad de recursos que deberían destinarse para cumplir todos los procedimientos, pero sobre todo en los tiempos que pueden coincidir con un desgaste de la ejecución presidencial, así como también en la posibilidad de que partidos que no fueron exitosos en las elecciones pasadas, puedan poner a sus representantes en dicha Asamblea, con imprevisibles consecuencias para la estabilidad del país.
También vale la pena reflexionar en que la Asamblea Constituyente no es el único mecanismo para reformar la Constitución, puede hacerlo el ejecutivo, que aparentemente contaría con la mayoría en ese cuerpo legislativo, enviando propuestas reformatorias que se discutan en la Asamblea Legislativa que se instalará en este mes de mayo.
Habría que ver también la pertinencia de retomar la propuesta salida desde la entraña de la ciudadanía, de la sociedad civil, aquella propuesta por el Comité por la Institucionalidad Democrática del Ecuador, en la que participamos y que proponía una reforma parcial de la Constitución, avalada por las firmas de respaldo que fueron aceptadas por el Consejo Electoral, con el dictamen favorable de la Corte Constitucional.
En fin, los caminos son diversos pero apuntan a un mismo fin que tiene que ver con la recuperación de un sistema jurídico que sea el más pertinente para las necesidades ciudadanas y para el convivir nacional.