La represión de la minería ilegal en Ecuador no da en el blanco
Por Gavin Voss y Henry Shuldiner
(In Sight Crime)
Las masivas operaciones del ejército ecuatoriano contra la minería ilegal tras una masacre histórica de casi una docena de soldados, no contribuirán a frenar una de las economías criminales más lucrativas del país.
Ecuador ha desplegado 1.800 soldados en la región amazónica, anunció el ejército en una publicación en redes sociales el 12 de mayo. En las operaciones que se han llevado a cabo desde entonces, las fuerzas de seguridad han incautado maquinaria pesada, combustible, armas de fuego y otros materiales utilizados para actividades mineras ilegales, según muestran otras publicaciones del ejército en redes sociales.
Estas operaciones militares son una respuesta directa a uno de los ataques más sangrientos contra las fuerzas de seguridad de Ecuador en la historia reciente. El 9 de mayo, hombres armados emboscaron a un grupo de soldados ecuatorianos durante un operativo antiminería en la provincia amazónica de Orellana, donde murieron 11 personas.
En un comunicado posterior al ataque, el ejército ecuatoriano atribuyó los asesinatos a miembros del Comando de la Frontera (CDF), un grupo criminal colombiano con fuerte presencia en la región amazónica ecuatoriana, cerca de su frontera con Colombia.
«No descansaremos hasta que los responsables sean llevados ante la justicia», añadió el ejército.
Según medios locales, el CDF negó su participación en el ataque, atribuyendo el suceso a grupos criminales ecuatorianos. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas identificaron a uno de los agresores fallecidos en el enfrentamiento como alias «Compadre», presunto comandante del grupo en Ecuador. Se informó que otros dos miembros del CDF también fueron asesinados. Compuesta por una mezcla de exmiembros de grupos paramilitares y de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las CDF han aprovechado sus bastiones en los departamentos colombianos de Putumayo, Caquetá y Amazonas para construir una exitosa red de narcotráfico.
Al regular el cultivo expansivo de coca en estas provincias, las CDF gestionan las rutas de transporte de cocaína a través de la frontera con Ecuador. Desde allí, la droga se exporta a los mercados de consumo, principalmente en Europa y Norteamérica.
Recientemente, las CDF se han involucrado cada vez más en la minería ilegal, especialmente en las provincias fronterizas ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana. Esto forma parte de una tendencia más amplia en Ecuador y la región, ya que los grupos criminales buscan aprovechar el alza vertiginosa de los precios mundiales del oro.
Los ataques contra militares se producen en un momento en que Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Los asesinatos superaron en un 32 % los niveles récord en los primeros cuatro meses de 2025, a medida que grupos criminales como los Lobos, los Choneros y los Tiguerones se disputan el territorio en un panorama cada vez más fragmentado. En respuesta, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha impulsado una línea dura, declarando a más de 20 grupos criminales ecuatorianos objetivos militares.
Una semana después de la masacre, el 15 de mayo, Noboa designó al Comando de Fronteras y a otros grupos criminales colombianos como el Frente Oliver Sinisterra (otro grupo disidente de las FARC) y los Comuneros del Sur, una facción ahora independiente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como «grupos armados organizados». La medida reforzará las acciones de seguridad contra estos grupos.
Análisis de InSight Crime
Si bien la notoria masacre ha convertido la lucha contra los grupos mineros en una preocupación prioritaria para el ejército ecuatoriano, el gobierno aún no ha abordado las causas económicas de la minería ilegal, ni la corrupción endémica que la alimenta. La respuesta de Noboa a la crisis de seguridad en las zonas urbanas de Ecuador ha sido desorganizada, carente de medidas que aborden las preocupaciones de seguridad de los residentes de otras maneras, además de la fuerza estatal. El enfoque del gobierno ante el complejo problema de la minería no ha sido diferente.
«El uso de las fuerzas armadas [contra la minería] no hace más que generar una cortina de humo que encubre una reacción gubernamental con muy poca capacidad de efectividad», declaró a InSight Crime Luis Córdova Alarcón, académico ecuatoriano y experto en seguridad.
Ante la presión para presentar un plan de seguridad, Noboa presentó un nuevo y amplio proyecto de ley de seguridad a la legislatura el 17 de mayo, cuyo objetivo es «desmantelar las economías criminales» y «proteger a la ciudadanía». La propuesta, que aún se debate, declara «objetivos militares» las propiedades pertenecientes a grupos del crimen organizado, incluidos los involucrados en la minería ilegal, y promete medidas adicionales para proteger a las fuerzas de seguridad del enjuiciamiento. Sin embargo, esto contribuirá poco a combatir las causas profundas de la minería ilegal. “Aunque retiren una o cien retroexcavadoras, no están resolviendo el problema económico”, afirmó Córdova. “Hay un precio [de mercado] alto que facilita la inversión en esa economía criminal”. En cambio, añadió, el gobierno debería invertir en la creación de empleo y en medidas de desarrollo rural que disuadan a la gente de buscar trabajo en la minería ilegal.
Sin embargo, los altos precios del oro dificultarán la resistencia a la economía criminal. Investigaciones periodísticas han descubierto que la minería ilegal genera cientos de millones de dólares al año en Ecuador. Con abundantes recursos, los grupos criminales canalizan más recursos hacia redes de corrupción, atacando a actores de las fuerzas de seguridad, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), jueces, funcionarios del gobierno local y empresas privadas. La corrupción incluso podría haber jugado un papel importante en la masacre de los soldados, ya que un portavoz del ejército atribuyó la emboscada a una filtración interna que expuso la ubicación de la patrulla.
A medida que se generan más ingresos de la minería ilegal, más dinero se canaliza hacia redes corruptas que garantizan la impunidad. Esto crea una situación en la que la corrupción refuerza la minería ilegal y viceversa.
«Existe un círculo vicioso en torno a la minería ilegal que dificulta mucho su erradicación», declaró a InSight Crime Renato Rivera-Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Esta foto de archivo difundida por la Policía nacional de Ecuador el 2 de julio de 2019 muestra un asentamiento de minería de oro ilegal durante un operativo en Buenos Aires, Ecuador.
La minería ilegal está acabando con el río Punino, de la Amazonía ecuatoriana.
