Gobierno ecuatoriano aprueba leyes consideradas controvertidas para combatir el crimen organizado
La Ley de Inteligencia de Ecuador ampliaría la autoridad del Centro de Inteligencia Estratégica, permitiéndole recopilar datos personales, realizar escuchas telefónicas y realizar allanamientos sin orden judicial. Esta ley y otra medida están siendo revisadas por la Corte Constitucional antes de entrar en vigor.
Informe de nuestra sala de redacción en Quito y agencias asociadas
El gobierno del presidente Daniel Noboa obtuvo la aprobación legislativa de dos leyes clave destinadas a fortalecer su respuesta al aumento del crimen organizado y la violencia en Ecuador. Sin embargo, el limitado debate en torno a la aprobación de la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional, ha generado críticas.
Noboa ha defendido ambas leyes como herramientas esenciales para combatir el narcotráfico, pero algunos expertos legales discrepan con las medidas.
«Aunque las acciones de Noboa tengan buenas intenciones, ambas leyes deben ser revisadas para garantizar que la lucha contra el narcotráfico no viole la Constitución», declaró el experto legal Pablo Encalada.
La Ley de Inteligencia busca combatir el crimen organizado, proteger a la población civil y apoyar la recuperación económica en zonas afectadas por la violencia.
Sin embargo, Ana Belén Cordero, ex secretaria de Políticas Públicas Anticorrupción de Ecuador, calificó la ley de autoritaria. «Viola todos los principios del Estado de derecho al otorgar un enorme poder al jefe del sistema de inteligencia, ignorando a fiscales y jueces», afirmó.
La nueva ley también ampliaría la autoridad del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), permitiéndole recopilar datos personales, realizar escuchas telefónicas y realizar allanamientos sin orden judicial. La Ley de Solidaridad Nacional crearía un marco legal para el sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia de Ecuador. Permite que los fondos incautados a narcotraficantes se transfieran a las fuerzas de seguridad sin supervisión ni requisitos de información.
«Es lógico que el Estado cuente con fondos confidenciales para operaciones de inteligencia, pero debe rendir cuentas a la Asamblea Nacional sobre el uso de esos recursos», declaró Cordero.
La ley permitiría a las fuerzas de seguridad recibir bienes inmuebles, equipo y otras contribuciones de organizaciones nacionales o internacionales. Los donantes podrían optar a exenciones fiscales. «Esto abre la puerta a fugas masivas de fondos públicos y privados», declaró Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos (Llamas), en una entrevista con el medio local Primicia.
También expresó su preocupación por una propuesta para aumentar las penas para los menores infractores. Si bien Cordero reconoció la necesidad de abordar la participación de los jóvenes en la delincuencia, argumentó que los menores no deberían enfrentar las mismas penas que los adultos. Enfatizó que la ausencia del Estado en las zonas más pobres del país impulsa a muchos jóvenes a unirse a las bandas de narcotraficantes.
Debido a que la Ley de Inteligencia ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que viola las garantías constitucionales, debe ser revisada por la Corte Constitucional de Ecuador antes de que pueda entrar en vigor.
En 2024, Ecuador registró un promedio de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de América Latina, según Insight Crime y otras fuentes.
La ley tiene el objetivo de acabar con la impunidad.
