Ecuador aprueba controvertida ley de áreas protegidas, lo que genera amenazas legales
El parlamento ecuatoriano aprobó una nueva ley de áreas protegidas que ha generado fuertes críticas de grupos indígenas, expertos legales y defensores del medio ambiente, quienes afirman que amenaza los derechos territoriales indígenas y viola las protecciones nacionales e internacionales.
Steven Grattan, prensa asociada
El parlamento ecuatoriano aprobó una nueva ley sobre áreas protegidas que ha suscitado fuertes críticas de grupos indígenas, expertos legales y defensores del medio ambiente, quienes afirman que amenaza los derechos territoriales indígenas y viola las protecciones nacionales e internacionales.
La ley, aprobada el jueves de la semana anterior en la Asamblea Nacional, compuesta por 151 escaños, con 80 votos a favor y 23 en contra, con el resto de los legisladores ausentes durante la votación, permite a entidades privadas, incluidas empresas extranjeras, participar en la gestión de las zonas de conservación.
Funcionarios gubernamentales han defendido la medida, argumentando que fortalecerá la supervisión de las tierras protegidas, ayudará a mejorar la seguridad de los parques, promoverá el ecoturismo y combatirá la minería ilegal sin permitir la actividad extractiva.
Los críticos afirman que podría provocar desplazamientos, un aumento de la extracción de recursos y el retroceso de las protecciones ambientales e indígenas, logradas con mucho esfuerzo y consagradas en la Constitución ecuatoriana de 2008.
«Esto es vandalismo constitucional», declaró Oscar Soria, codirector ejecutivo del grupo de políticas internacionales The Common Initiative. «Ecuador ha destruido su credibilidad internacional y ha propiciado el aislamiento de la comunidad internacional».
Los opositores también afirman que la ley viola al menos 15 acuerdos internacionales, incluyendo el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que los legisladores no consultaron con las comunidades afectadas como lo exige la ley.
“Los legisladores de Ecuador reabrieron una herida histórica”, declaró Justino Piaguaje, líder del pueblo Siekopai y jefe de la organización indígena NASIEPAI.
Piaguaje criticó la ley, calificándola de “peligrosa e inconstitucional” y afirmó que no solo refuerza las violaciones sistémicas de los derechos indígenas, sino que “perpetúa activamente un legado de despojo y violencia que se remonta a la época colonial”.
“Amenaza nuestra supervivencia y profana la dignidad del pueblo ecuatoriano”, declaró.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del parlamento, insistió en que la ley no abre la puerta a las industrias extractivas y que existe una disposición que las prohíbe explícitamente. Pidió un aplauso en la Asamblea Nacional tras la aprobación de la ley.
Aun así, los líderes indígenas afirman que el proceso careció de transparencia y omitió un diálogo significativo con sus comunidades. Ya se han presentado recursos legales, y las organizaciones indígenas se han comprometido a llevar el caso ante la Corte Constitucional de Ecuador y ante foros internacionales.
La ley se aprobó bajo la designación de «urgencia económica» vinculada a una declaración de conflicto interno nacional, una medida que aceleró el debate y limitó el escrutinio legislativo.
Los indígenas ecuatorianos jamás han estado de acuerdo con esta ley.
