Ecuador vive una semana de paro nacional con bloqueos, represión y una creciente tensión política
Lo peor: sin solución a la vista
La paralización golpea la economía nacional: transportistas reportan pérdidas millonarias, mientras mercados en Quito y otras ciudades registran escasez de productos agrícolas. El sector turístico también empieza a sentir el impacto.
Oficina de redacción de Ecuador News en Quito y agencias asociadas
El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumplió este martes más de una semana, marcado por bloqueos de vías en varias provincias, choques con la fuerza pública, denuncias de represión y un ambiente de tensión política que no da señales de resolverse pronto.
La protesta comenzó tras la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el Gobierno de Daniel Noboa a mediados de septiembre. Con la medida, el precio por galón del combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares, lo que encendió la indignación de comunidades indígenas, campesinas y sectores del transporte.
El movimiento indígena sumó además reclamos por proyectos extractivos, derechos colectivos y políticas sociales.
Escalada del conflicto
En la provincia de Imbabura se han concentrado los incidentes más graves. La semana pasada murió el comunero indígena Efraín Fuérez, durante un operativo policial en Cotacachi. Organismos de derechos humanos señalan el uso excesivo de la fuerza, mientras el Gobierno atribuye los hechos a enfrentamientos violentos en la zona.
El Ejecutivo también denunció que un convoy militar fue atacado en la Sierra norte, con un saldo de 12 soldados heridos y 17 desaparecidos. La versión oficial ha sido cuestionada por dirigentes indígenas, que rechazan ser responsabilizados de los hechos.
Hasta este martes, se mantienen bloqueos en tramos de las vías Quito–Cayambe, Riobamba–Cuenca, El Tambo–Durán y otros corredores estratégicos. El cierre ha afectado la movilidad de pasajeros, el transporte de alimentos y el abastecimiento de combustibles en varias ciudades de la Sierra.
acusaciones cruzadas
Ante la extensión de las protestas, el presidente Noboa decretó el estado de excepción en seis provincias, autorizando la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para despejar vías. Desde el Palacio de Carondelet, el Ejecutivo ha calificado las movilizaciones como “actos terroristas”, una postura rechazada por la Conaie, que insiste en que la protesta es “legítima y constitucional”.
Organizaciones sociales han denunciado detenciones arbitrarias de comuneros kichwas y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos. La Defensoría del Pueblo y colectivos de derechos humanos exigen investigaciones imparciales y garantías para el ejercicio de la protesta.
Impactos y perspectivas
La paralización golpea la economía nacional: transportistas reportan pérdidas millonarias, mientras mercados en Quito y otras ciudades registran escasez de productos agrícolas. El sector turístico también empieza a sentir el impacto por cancelaciones de viajes y dificultades de acceso a provincias serranas.
La comunidad internacional ha expresado preocupación por la crisis. La ONU y la OEA han instado a un diálogo urgente entre el Gobierno y los dirigentes indígenas, subrayando la necesidad de evitar una escalada de violencia.
Sin salida inmediata
Hasta el momento, no se han producido acercamientos formales entre el Ejecutivo y la Conaie. El movimiento indígena asegura que mantendrá las medidas hasta que se derogue el Decreto 126 que eliminó el subsidio, mientras el Gobierno insiste en que no dará marcha atrás.
La tensión crece en un país que enfrenta además problemas de seguridad por motines carcelarios y violencia criminal, lo que aumenta la percepción de crisis en distintos frentes.
