La minería ilegal de oro en la frontera con Ecuador destruye un río y transforma Cajamarca
Ojo Público (Extracto)
El productor de café Walter Aranda Salazar recuerda el río Chinchipe de su infancia como un paraíso en Leoncio Prado, un caserío de 20 habitantes en la provincia cajamarquina de San Ignacio, Perú, a apenas un kilómetro de la frontera con Ecuador. Sus aguas eran cristalinas, se podía pescar y las familias se reunían en sus orillas para pasar el verano. Pero desde la pandemia, ese paisaje ha cambiado: grandes pozas y zanjas interrumpen su cauce natural, el barro tiñe el agua y el ruido de las retroexcavadoras es incesante.
La expansión de la minería ilegal de oro ha transformado la vida de Walter y de toda su comunidad, dejando atrás la tranquilidad de sus fincas cafetaleras que ahora colindan con campamentos mineros donde conviven hombres procedentes de Ecuador, Colombia, Venezuela y distintas regiones del Perú.
El río Chinchipe, que nace en los Andes ecuatorianos, recorre 150 kilómetros dentro del territorio peruano antes de desembocar en el río Marañón. Un equipo de OjoPúblico documentó en siete puntos del Chinchipe y de sus afluentes —el Canchis y el Namballe—, la operación de decenas de retroexcavadoras que han destruido el río. Estos equipos pertenecen a ciudadanos de Ecuador y Colombia, quienes además reclutan a personas de la zona como operarios.
Como sucede en otras partes del país, a pesar de que la explotación de oro está prohibida en los ríos, la autoridad ha otorgado 30 concesiones mineras sobre el río Chinchipe: 16 tituladas, 13 en trámite y una extinguida, según el sitio Ingemmet. Antes de 2016 no existían concesiones sobre este río, y solo una se registró ese año.
Además de ser caficultor, Walter Aranda es subprefecto de Leoncio Prado. Desde ese cargo ha enviado oficios a la alcaldía provincial y al mayor de la policía de San Ignacio, así como al Ejército, alertando sobre el creciente ingreso de maquinaria pesada para la minería ilegal y los impactos de esta actividad en el ecosistema. No está solo. Las rondas campesinas, autoridades locales y organizaciones sociales han conformado el Frente Ambiental y de Desarrollo Sostenible Integral de las provincias de San Ignacio y Jaén, con el objetivo de defender su territorio.
Pero esta defensa conlleva riesgos. En abril de este año, Agapito Castillo Barco, presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de San Ignacio, fue atacado junto a los alcaldes José Tapia (Jaén) y Óscar Córdova (La Coipa), tras ser emboscados por mineros ilegales mientras encabezaban una movilización en defensa de los recursos naturales.
“Si no ponemos un freno a esta situación, vamos a terminar como en Pataz (La Libertad) donde reinan el sicariato, la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción”, afirma Agapito Castillo, quien asumió su cargo en noviembre de 2023, en un contexto en que los enfrentamientos a favor y en contra de la minería en la región se intensificaron.
Drástica reducción
Tras años de liderar la producción de oro nacional, la inversión minera formal en Cajamarca sumaba USD 21.583,223 en el primer semestre de este año, lo que representó una reducción de más del 50% en comparación con el mismo periodo del 2024, según el último reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
Un ejemplo de esto es que, mientras Yanacocha —uno de los mayores proyectos auríferos del país, ubicado en la zona central de la región Cajamarca— atraviesa un declive productivo y se proyecta su cierre al 2030, San Ignacio se ha convertido en epicentro de la minería ilegal de oro en el extremo norte de la región, concentrando la presión de la actividad extractiva sobre los ríos, los cafetales y los bosques de la provincia.
Las concesiones
se disparan
La región Cajamarca tiene un total de 2.083 concesiones mineras (vigentes, en trámite o extinguidas). De este total, el 55% de concesiones se concentran en seis provincias: Hualgayoc concentra 359 concesiones. Le siguen la provincia de Cajamarca (243), Celendín (153), San Ignacio (139), Chota (136) y Contumazá (134).
Hualgayoc tiene la mayor cantidad de concesiones tituladas (327) y, además, es una de las provincias con más pasivos mineros (1.080) a nivel nacional, pero San Ignacio es la provincia donde las solicitudes en trámite crecen más rápido en los últimos años, superando a las otras cinco con mayor actividad minera. Actualmente, cuatro de cada diez concesiones en San Ignacio siguen en trámite.
A pesar de la presencia de retroexcavadoras a lo largo del río Chinchipe, San Ignacio solo tiene 14 mineros vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de un total de 365 vigentes en Cajamarca. Esta brecha evidencia que gran parte de la actividad extractiva se desarrolla al margen de la formalidad.
Ecuatorianos alquilan terrenos
En la cuenca del Chinchipe operan unas 400 maquinarias usadas por la minería ilegal que pertenecen a 80 personas, a los que se les conoce como “inversionistas”, según Óscar López, alcalde de La Coipa, uno de los siete distritos de San Ignacio.
A estos equipos se suman entre 10 a 30 personas por campamento, dedicados a la extracción manual de oro. Ellos funcionan como la fuerza de choque que necesitan los “inversionistas” para enfrentar las intervenciones contra la minería que realizan los ronderos.
A diferencia de la minería aluvial en Amazonas y Loreto, donde predominan las dragas, en el río Chinchipe la extracción se realiza con retroexcavadoras, excavadoras y camiones, que acceden con facilidad al cauce por la cercanía de caminos y trochas. Desde allí operan sin mayor control policial. Esta dinámica se replica, con igual intensidad, al otro lado de la frontera con Ecuador, como pudo confirmar este medio.
Según vecinos y fuentes de la fiscalía y la policía, la extracción de oro en el río Chinchipe sigue un esquema claro: familias que poseen terrenos a orillas del río los alquilan a los mineros a cambio de un porcentaje del oro extraído. Estos acuerdos incluso se formalizan mediante contratos.
OjoPúblico accedió a un contrato de Leoncio Prado que revela los términos entre los propietarios y los arrendatarios. Según el documento, dos ciudadanos ecuatorianos que alquilan una hectárea a orillas del río Chinchipe se comprometen a entregar semanalmente el 15% de sus ganancias a los dueños del terreno.
El oro extraído del Chinchipe cruza la frontera hacia Ecuador, donde se ubican las plantas procesadoras. Según fuentes policiales, el mineral se traslada en camionetas que pasan por trochas informales sin control alguno.
Avanza
deforestación
La fiebre del oro también pone en riesgo un producto que define la identidad de la provincia: el café.
San Ignacio es la principal productora de café de Cajamarca: de las 665.858 toneladas cosechadas en la región entre 2016 y julio de 2025, el 62% —415.352 toneladas— provino de esta provincia, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) analizados por este medio.
En las carreteras se ven granos secándose al sol, mientras que en la ciudad abundan las cafeterías. Pero también se aprecia a muchos hombres jóvenes que circulan en motocicletas transportando matracas: chancadoras con las que se tritura tierra con contenido de oro.
Los cafetaleros advierten que cada vez resulta más difícil contratar personal para la cosecha. Se paga S/50 una jornada de café, mientras que en la minería no baja de S/300 al día, indica la productora Dalinda Castillo Córdova.
“Nos preocupa la contaminación del río Chinchipe porque en la parte baja hay cultivos de arroz que se riegan con esa agua y también se alimenta al ganado vacuno. Por eso esperamos que San Ignacio sea declarada en emergencia”, afirma.
En 1997, Castillo Córdova integró el grupo de pobladores que enfrentó a la minera canadiense Sulliden en Huaquillas, logrando expulsarla hacia el 2000. Hoy, sin embargo, la situación es distinta: la extracción de oro cuenta con el respaldo de comuneros que poseen tierras con acceso a las riberas.
El alcalde de La Coipa, Óscar Córdova, advierte que la minería ilegal pone en riesgo directo al café orgánico de su distrito, donde existen alrededor de 1.400 productores certificados. La contaminación con químicos empleados en la extracción de oro amenaza también a los cultivos de arroz, maíz, cacao y al turismo vivencial, sostiene.
La cuenca del río Chinchipe, con una superficie de 6.622 km2, concentra las principales áreas deforestadas por minería aluvial en la región, según un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).
Se han registrado 126 hectáreas deforestadas por minería de oro localizada a lo largo de los 150 kilómetros del río Chinchipe, desde el límite con Ecuador hasta su desembocadura en el río Marañón, explica Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías de Conservación Amazónica – ACCA.
El ecosistema afectado está compuesto, principalmente, por bosques secos interandinos que forman parte de la transición a la Amazonía y áreas agrícolas que han sido transformadas en zonas mineras.
El río Chinchipe serpentea en la bella frontera Ecuador-Perú, por allí está la minería ilegal.
En varios tramos, grandes pozas y zanjas interrumpen el cauce natural del río Chinchipe y el ruido de las retroexcavadoras es incesante.
Agapito Castillo es presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de San Ignacio, que está en contra de la minería ilegal.
La minería está arrinconando y destruyendo la zona.
