¿QUIÉN PAGA POR LAS PÉRDIDAS?
ROSALÍA ARTEAGA SERRANO
Cada vez que se paralizan las actividades con toma de carreteras, interrupción del tráfico vehicular, destrucción de infraestructura, tanto la pública como la privada, las pérdidas son enormes, tanto por la afectación misma que sufren como también por los daños que se causa a la imagen del país, lo que impide que llegue el turismo, de igual manera los productos de exportación que no pueden movilizarse por las carreteras, sobre todo los productos perecibles que se dañan en las plantaciones pero que además causan incumplimientos con quienes importan productos de maravillosa calidad, provenientes de nuestro país, pero que, al no llegar en los tiempos establecidos, generan pérdidas monetarias y reputacionales, que son muchas veces irrecuperables.
Hay también otro tipo de pérdidas que a veces no saltan a la vista de manera inmediata, pero cuyos resultados son muy graves, como la falta de asistencia a clases de miles y miles de estudiantes en todos los niveles educativos, que arrastran deficiencias y vacíos muy difíciles de subsanar y de llenar.
La reciente paralización que afectó fundamentalmente a la provincia de Imbabura y sobre todo a ciudades como Otavalo y Cotacachi, deja un saldo grave de pérdidas en estas zonas vinculadas al turismo y al proceso agroexportador, además de que proveen de productos para el consumo interno del país, como la leche y una serie de vegetales que no llegan a sus puntos de destino.
Las pérdidas económicas con enormes, pero sobre todo la pérdida social, la que se deriva de la confianza de la gente, la que hace que se produzcan enfrentamientos entre ciudadanos que se sienten perjudicados por la parálisis, por el deterioro de la infraestructura que con tanto esfuerzo logra realizarse, por la imposibilidad de movilizarse, lo que transformó a muchos en presos en sus propios hogares.
La pregunta que nos planteamos es: ¿quién se hace responsable por los daños causados? En el caso de los sectores privados es doloroso pensar que serán ellos los que tengan que enfrentar los gastos que demanden las reparaciones. Y en el caso de los bienes públicos somos todos quienes pagamos impuestos los afectados porque las obras de reparación impiden que se hagan nuevas, porque así el país no avanza y nos encontramos empantanados en un círculo vicioso de nunca acabar.
