Comunidad rural de Ecuador llevará a la CIDH su batalla contra la cárcel emblema del presidente Daniel Noboa
Oficina de redacción de Ecuador News en Quito y agencias asociadas
Bajada de Chanduy
La comunidad rural que se encuentra cerca al paraje donde el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, construye la cárcel emblema de su «guerra» contra el crimen organizado, alista una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al asegurar que la prisión se levanta en un territorio ancestral para ellos y que las obras están causando impactos ambientales.
«Hemos agotado todas las instancias acá en el país, entonces nos vamos a las instancias internacionales», dijo a la agencia de noticias EFE Carola Cabrera, mujer huancavilca y habitante de la comuna Bajada de Chanduy, en la provincia costera de Santa Elena.
Los habitantes aseguran que la prisión, que tratará de seguir a pequeña escala el «modelo» acuñado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se levanta sobre un terreno ubicado dentro del territorio de la comuna, de acuerdo a los documentos que poseen, pero que esto ha sido desconocido por las autoridades.
«Lo que han hecho es ignorarnos porque aseguran que no pertenece a Bajada de Chanduy, pero independientemente de lo que diga su documentación, que nosotros no la reconocemos, nuestros títulos ancestrales nos ubican allí y la comuna pasa un kilómetro más de esa cárcel que se está construyendo», afirmó Cabrera.
ante el Sistema Interamericano
Por esta razón, agregó, tenían derecho a una consulta previa, libre e informada, un recurso que se aplica a los proyectos estatales que se realizan en territorios indígenas para obtener el consentimiento y aceptación de sus integrantes.
Sin embargo, todas las acciones que interpusieron ante la justicia para intentar frenar la construcción han sido rechazadas y, según ha dicho el ministro del Interior, John Reimberg, la obra estará lista a finales de noviembre.
«Hay una indefensión porque el sistema de justicia le ha dado la espalda a las comunas ancestrales», indicó Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, que los acompañará en su lucha ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. «Aquí ya hay una vulneración de derechos consumado porque se construyó una cárcel de máxima seguridad en sus territorios. Hay una vulneración del derecho a la propiedad comunitaria, que es reconocido por la Convención Interamericana, y también se restringe el derecho a la autodeterminación y a la identidad», indicó. «Hemos decidido activar el Sistema Interamericano para presentarlo como un caso emblemático y novedoso porque va a generar un precedente importante para todas las comunas y también para reconocer la titularidad de derechos colectivos», añadió Bastias.
Impacto ambiental y en la comunidad
Los habitantes también denuncian que la prisión, denominada por el Gobierno como la ‘Cárcel del Encuentro’, en referencia al lema usado por la administración del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), al que reemplazó Noboa, ya está causando impactos ambientales.
Cabrera afirmó que el río Las Negras, un caudal que pasa por sus comunidades y del que recogen agua para sembrar y vivir, está siendo contaminado por aguas negras que salen de una tubería que ellos aseguran que proviene de la cárcel. «Nos están matando», mencionó. «Es un río por el que corría agua cristalina. Ahora son aguas pestilentes, porque están lanzando al río las aguas residuales», señaló la mujer.
El tramo de río que los habitantes denuncian que se ha contaminado, y que está junto al nuevo centro penitenciario, luce verdoso y el olor que sale del lugar es insoportable.
Medida cautelar, último recurso
Como uno de los últimos recursos nacionales, la comunidad presentará en los próximos días una medida cautelar para que se suspenda cualquier actividad que genere una contaminación sobre el río hasta que el daño sea reparado. La comunidad también afirma que la prisión está en medio de un ecosistema de bosque seco tropical que está protegido, pero el Ministerio de Ambiente ha señalado que la zona no pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni al Patrimonio Forestal Nacional.
Donald Cabrera, otro comunero, añadió que lo que busca el Gobierno con esa obra es «desplazar a las comunidades». «Sabe que en el momento en que comience a funcionar esta cárcel todos aquellos familiares de estos presos de alta peligrosidad van a venir a amenazar a las comunas para quedarse con nuestros territorios», indicó.
«Seguiremos exigiendo justicia porque aunque la inauguren, aunque la pongan en funcionamiento, exigiremos que la cierren, que reparen en el bosque y si queda alguna infraestructura útil, que sea utilizada para un centro científico de investigaciones de conservación y reparación de los ecosistemas de los bosques nativos», afirmó Carola Cabrera.
