ECUADOR EXIGE RESULTADOS NO ESTADÍSTICAS
Por: Holguer Mariano Jara
En este gobierno se han detenido a miles de personas vinculadas a delitos de alto impacto. La cifra es impresionante, representa un esfuerzo operativo considerable. Pero dónde están estos presos ?. La interrogante no busca minimizar el trabajo de policías y militares. Precisamente porque se trata de resultados relevantes, la sociedad tiene derecho a conocer, qué ocurrió después de la detención.
¿Cuántos fueron vinculados a proceso?. ¿Cuántos permanecen en prisión preventiva?. ¿Cuántos obtuvieron su libertad por falta de pruebas?. ¿Cuántos fueron sentenciados?. ¿Cuántos continúan sujetos a proceso?. Un delincuente puede ser detenido y quedar libre pocas horas después, por errores procesales, expedientes mal integrados, por la incapacidad institucional o corrupción de los jueces.
La seguridad es una cadena integrada por policías, ministerios públicos, peritos, jueces, defensores públicos y sistemas penitenciarios. Cuando uno de esos eslabones falla, todo el sistema se debilita. Una sentencia equivocada puede destruir la vida de un inocente, dejar libre a un criminal o minar la confianza de la sociedad. Y cuando los ciudadanos dejan de confiar en la justicia, terminan buscando justicia por su propia mano. Es el camino hacia la ingobernabilidad.
Ecuador tiene un déficit de jueces. Los expedientes se acumulan, las audiencias se posponen y las resoluciones tardan meses o incluso años. La justicia no se fortalece únicamente aumentando el número de jueces. Se requiere jueces preparados, independientes, con experiencia acreditada y capaces de resistir presiones políticas, económicas o criminales.
Pero la enorme concentración de poder en los juzgados, la corrupción que afecta a las fiscalías se agrava el problema. Mientras tanto, las cárceles continúan saturándose y la solución no consiste en construir más prisiones, porque la cárcel deja entonces de ser un mecanismo de readaptación social para convertirse en una escuela de criminalidad.
Pero dónde están los miles de presos?. No se trata solamente de saber dónde están. Se trata de entender si el Estado ecuatoriano conserva la capacidad institucional para transformar una detención en justicia, una sentencia en reinserción y una política de seguridad en tranquilidad para los ciudadanos.
Un Estado fuerte no es el que presume cuántos delincuentes captura. Es el que puede demostrar qué ocurrió después. Es el que logra que las calles sean más seguras. Es el que castiga a los culpables, protege a los inocentes y evita que las cárceles se conviertan en fábricas de futuros delincuentes. Esa es la diferencia entre una estadística y un resultado. Y hoy Ecuador necesita resultados, mucho más que estadísticas.
