La Corte Penal
Internacional bajo ataque
Paco Moncayo
Especial para Ecuador News
La Organización de las Naciones Unidas es la principal institución responsable de la preservación de la paz y seguridad en el mundo.
La Organización de las Naciones Unidas es la principal institución responsable de la preservación de la paz y seguridad en el mundo. En 1968, la Asamblea General aprobó por unanimidad la Proclamación de Teherán sobre los derechos humanos en los conflictos armados y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, para disuadir a posibles perpetradores de crímenes horrendos o para llevarlos ante la justicia tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Se incluye a las autoridades que participen, toleren o inciten a la perpetración de cualquiera de esos delitos.
Los crímenes genocidas perpetrados en Alemania, Japón, la ex Yugoslavia y Ruanda obligaron a instituir tribunales ad-hoc para juzgar a sus autores; por esto, fue indispensable la aprobación del Estatuto de Roma, en 1998, con el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), con carácter de permanente, para juzgar a responsables de crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y de agresión, complementando a las jurisdicciones penales nacionales. El Estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002. No son parte de esta Institución Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel.
Posteriormente, en 2005, durante la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, los Estados miembros aceptaron, por unanimidad, la responsabilidad de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Si fuere evidente que las autoridades nacionales no protegen a la población, la comunidad internacional debe actuar de manera oportuna y decisiva.
Estos avances en la protección de los derechos del ser humano han entrado en franco retroceso cuando Estados Unidos ha lanzado una campaña demoledora en contra de la Corte Penal Internacional acusándola de ser un organismo supranacional corrupto y politizado y ha sancionado a su presidenta y otros jueces, provocando una amplia condena de países europeos y de otros continentes que consideran éste como un flagrante ataque al Derecho Internacional.
Además, ha pedido a 19 países latinoamericanos abandonar la CPI. Ecuador no lo puede hacer, tanto por convicción moral como por normas de nivel constitucional.
