¿Quiénes podrán aplazar sus deudas hasta 90 días por el fenómeno de El Niño?
La medida no elimina las obligaciones, pero permite mover temporalmente las cuotas sin intereses de mora, multas ni recargos.
El Gobierno estableció un mecanismo extraordinario para que las personas afectadas por las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño puedan postergar temporalmente el pago de sus créditos. La disposición fue incluida en el Decreto Ejecutivo 529, firmado por el presidente Daniel Noboa este jueves 5 de noviembre de 2026, y permite diferir las obligaciones por un plazo máximo de 90 días.
El mecanismo está pensado para clientes que hayan sufrido afectaciones por los eventos relacionados con El Niño. Podrán participar entidades del sistema financiero público, privado y popular y solidario, siempre que exista un acuerdo entre la institución y el deudor.
El diferimiento puede ser solicitado por el cliente y requerirá la aceptación de la entidad financiera. También podrá ser propuesto por el banco o cooperativa, pero en ese caso será necesaria la aprobación expresa del usuario.
Esto significa que la medida no se aplicará de forma automática a todos los créditos.
Durante el período acordado, las cuotas que correspondían pagar podrán ser reubicadas al final de la tabla de amortización. De esta forma, esos valores no se contabilizarán como vencidos mientras esté vigente el diferimiento. Además, el decreto dispone que el mecanismo no genere intereses moratorios, recargos, gastos adicionales ni multas. El plazo empezará a contar desde el momento en que el cliente y la entidad financiera lleguen a un acuerdo.
La medida no elimina la deuda ni reduce el capital pendiente. Lo que establece es una pausa temporal en el pago de determinadas cuotas, que luego deberán cumplirse conforme a la nueva programación acordada con la entidad financiera.
El Decreto 529 también fija un plazo para completar la regulación del mecanismo.
La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tendrá hasta 15 días, contados desde el 5 de noviembre, para emitir las reglas necesarias para su aplicación. Hasta entonces, las entidades deberán esperar la normativa específica que definirá cómo se operará este diferimiento extraordinario
