Fiscalía ecuatoriana investiga a 19 asambleístas
Fiscalía ecuatoriana investiga a 19 asambleístas por denuncias de cobros indebidos
SPUTNIK NEWS
Alrededor de 19 asambleístas ecuatorianos son investigados por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades, informó la fiscal general encargada, Ruth Palacios. «Denuncias de cobros indebidos en la función legislativa (…) han desencadenado en investigaciones por varios delitos en contra de 19 asambleístas», dijo Palacios durante la exposición de su informe de labores en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Palacios dijo que de esos 19 asambleístas no todos están en funciones, pero no dio ningún detalle. La fiscal también afirmó que hay avances en procesos asociados a las redes de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador y de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.
La fiscal añadió que en los próximos días el país conocerá sobre casos importantes de corrupción.
El año pasado fueron destituidas de sus curules la legisladora Norma Vallejo, que tuvo acusaciones de cobros indebidos y la legisladora Sofía Espín por ofrecimiento de tráfico de influencias.
A principio de año, Lenin Rodríguez, un exasesor de la asambleísta Ana Galarza la denunció por concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso.
Una comisión multipartidista de la asamblea investigó a Galarza y recomendó que se le aplique una sanción administrativa por uso indebido de credenciales legislativas para acceder con su esposo a la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, informó el martes que dos asesores de Galarza, Omar Mayorga y Carmen Alvarado, serán separados de sus cargos por haberse detectado irregularidades en sus tareas, tras el informe presentado por la comisión multipartidista.
Pese a trabajar en el legislativo, Mayorga era directivo de una flota de transporte en la provincia de Tungurahua (centro), mientras que Alvarado incumplió con su responsabilidad de uso de su tarjeta para el ingreso al Palacio legislativo, afirmó Cabezas.
El 30 de enero el Consejo de Administración Legislativa se reunirá para conocer el informe sobre Galarza, pero será el pleno de la asamblea el que determine la sanción que se aplicará a la asambleísta.
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