ABUSO DE PODER

por Ecuador News · 1 mayo, 2019

Por Nelly de Jaramillo

Muchos de los actos de gobierno de Lenín Moreno en el orden internacional rebotan en su propio desprestigio y del país.
Así sucedió cuando inmediatamente después de que los gobiernos de la nueva derecha sudamericana (Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Paraguay) comunicaran su decisión de suspender sus actividades en Unasur, Lenín Moreno, pese a ser Ecuador el país sede, declarara también su separación de ese organismo.
Pero la Unasur tiene todavía como miembros activos a Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela, y al gobierno de Moreno le queden solo dos años más.
Aún cuando ahora haga cola para que la derecha continental liderada por el presidente chileno Sebastián Piñera, termine de alumbrar su propio organismo de integración Prosur y meta nuestro país en esa funesta alianza para el Estado llano de nuestros pueblos, cuyas arbitrariedades ya han comenzado a verse en el accionar bárbaro de Bolsonaro en Brasil contra los indígenas de la Amazonía.
El otro caso de abuso de poder morenista tiene que ver con la cabeza de Assange, negociada, si no ofrecida en bandeja a los intereses de EE. UU. cuando Moreno visitó ese país, y el sainete montado para justificar el retiro del asilo que permitió su captura, acusándolo de haber convertido la embajada en un centro de espionaje contra la Casa Blanca y el entorno familiar de Moreno, al punto de mantener detenido sin fórmula de juicio al comunicador sueco Ola Bini por su presunta vinculación con Julian Assange y WikiLeaks solo por el hecho de mantener amistad con el australiano, cuando Bini vive en Ecuador desde 2013, sin ningún problema. Y finalmente: la instrucción de un proceso de investigación penal contra el excanciller Ricardo Patiño por un juez de Latacunga, basándose en lo expresado por Patiño en una alocución pronunciada el 26 de octubre, durante una sesión del movimiento correísta Revolución Ciudadana, en su propio local, no obstante lo cual le formula cargos por ”instigación al terrorismo” y ordena su detención preventiva, pasa ya además a ser un evidente acto de “persecución política””, cualquiera sea la forma en que se quiera dorar la píldora.