Denuncias de acoso en Colegio Militar de Quito
Colegio Militar de Quito se encuentra en la mira por las denuncias de acoso.
Por ahora su Director fue suspendido
El pánico por ir al colegio fue la principal alerta que tuvieron los padres de Dennis y Sebastián. Ambos son alumnos del colegio Militar, en el norte de Quito. Dennis cursa la primaria, mientras que Sebastián ya se encuentra en el bachillerato. No son hermanos pero ambos enfrentaron el mismo dolor al ser víctimas de acoso.
El caso más difícil es el de Dennis, de 8 años, quien sufrió de acoso sexual aparentemente por varios alumnos de ese colegio.
Según contó el menor a una psicóloga, los estudiantes le ultrajaban en una bodega del plantel. Los problemas empezaron en 2017 y se agudizaron a inicios de este año, cuando Dennis cayó en un cuadro alto de depresión. Pidió no volver a ese colegio.
En ocasiones regresó golpeado. Según la abogada Jéssica Jaramillo, los padres denunciaron el hecho a las autoridades, pero estas no hicieron nada.
En vez de sancionar las presuntas “prácticas ofensivas” que recibía por otros chicos, los docentes les dijeron a los padres que lo traten por su “hiperactividad”.
Jaramillo indicó que jamás se activó la Junta de Resolución de Conflictos en el colegio. Tampoco recibieron apoyo del distrito 5 del Ministerio de Educación.
En su lugar, la Junta de Protección de Derecho solicitó medidas de protección al menor en abril de este año, en donde dispuso que el chico reciba clases asistidas en su casa hasta que pueda ser enviado a otro establecimiento educativo.
La subsecretaría de Educación facilitó que reciba las clases en su casa. Sin embargo, en el colegio, según Jaramillo, se filtró la identidad del menor y, mediante un comunicado, las autoridades señalaron que los padres buscaban desprestigiar al plantel.
ESTUDIANTE TENÍA MIEDO DE IR A LA ESCUELA
Desde 2017, Dennis tenía miedo de ir a clases e ingresar a la escuela. Muchas veces se quedaba afuera y no entraba por el pánico que sentía hacia sus agresores. Los padres de Dennis a principios de este año presentaron una denuncia por abuso sexual. El proceso se encuentra en investigación previa. Jaramillo cree que se debe investigar a las autoridades y responsables de Consejería Estudiantil, y también a los estudiantes. El sufrimiento de Sebastián Humillaciones, acoso y mensajes ofensivos en su celular recibió en más de una ocasión Sebastián. Fue el mejor alumno de su clase, pero desde inicios de este año empezó a sufrir en silencio. Hasta que luego de una fuerte crisis rompió el silencio y contó sus miedos.
Sus agresores eran chicos de entre 12 y 15 años, y por más que denunció el hecho a sus profesores y autoridades, jamás hicieron nada. Ahora recibe clases en su casa.
Las jerarquías del Ejército podrían estar impidiendo que las autoridades del colegio actúen en estas denuncias. Por ello, Jaramillo calificó como un “gran problema” a las jerarquías educativas que, a su criterio, deben revisarse. “¿Cómo puede sancionar un sargento a un hijo de un oficial?”, cuestionó la abogada, quien cree que la educación jerarquizada es “injusta” y debe revisarse.
Los padres de Sebastián también realizaron varias denuncias verbales y escritas a las autoridades del plantel. Pero también, la respuesta fue la misma: silencio. Por ello, el pasado 26 de abril, la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la zona La Delicia, amparada en el “bien superior del menor de edad” solicitó la suspensión inmediata del rector del plantel.
También se creó una comisión interventora con la disposición de que se analice la situación de la institución. Pidieron una investigación “urgente e inmediata”. Esta comisión interventora está integrada por autoridades del Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, de los Consejos Nacional por la Igualdad de Género, además de Niñez y Adolescencia.
Esta entidad señaló que el accionar de las autoridades y personal de la institución fue negligente y que no se acataron los protocolos emitidos desde la autoridad rectora.
LOS HECHOS PUDIERON PREVENIRSE
Consideraron que los hechos pudieron prevenirse y ser abordados de una forma “adecuada, a fin de que prevalezca el interés superior de los niños y adolescentes”.
La violencia estructural Según Sybel Martínez, vicepresidenta de ese Consejo de Protección de Derechos, la comisión interventora pidió la semana pasada una entrevista con los funcionarios del Distrito 5 del Ministerio de Educación para conocer la situación en el colegio.
Esperan saber si existieron otros casos similares como los de Dennis y Sebastián y cuál fue la actuación que tuvo esa dependencia, así como el Ministerio de Educación. Sin embargo, Martínez sí considera que existieron “negligencias del rector” y por ello lo suspendieron del cargo. A criterio de la vicepresidenta de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos, los dos casos denunciados por Jaramillo “dan viva cuenta” de la vulneración a estos estudiantes.
Pero agregó que no serían los únicos hechos en donde se evidencia que no actuó la autoridad. Por ello considera que la violencia es estructural y “estaba mal manejada en este colegio”.
El año pasado, una niña denunció que su docente le cortó el cabello y le dijo que si quería ir a clases debía hacerlo con peluca. Sobre esta denuncia, se realizó un informe por pedido de la Junta de Protección de Derechos y allí se midieron los índices de violencia en la institución.
El informe ya está en manos de las autoridades del Ministerio de Educación y de la Comisión Interventora para su aplicación. En las instituciones militares tampoco es el primer caso. En 2016,
UN ESTUDIANTE AFROECUATORIANO FUE DISCRIMINADO
Michael Arce presentó una denuncia por el delito de odio. Arce fue cadete de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) en 2011, con la aspiración de convertirse en el primer general negro de Ecuador. Pero, el teniente instructor encargado de enseñarle los rudimentos de la disciplina militar lo sometió a una serie de prácticas racistas y humillantes.
Según Martínez, la violencia en los establecimientos educativos del país es alta. Constantemente miden los índices de agresividad en toda la comunidad educativa y han detectado violencia de todo tipo: entre pares (física, verbal y sexual), de estudiantes a docentes y de docentes a estudiantes.
Se si solicitó información sobre el caso al Ministerio de Educación, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.
El rector del plantel por ahora cumple con tareas administrativas. Los insultos, burlas y daño físico se registran en el 70% entre los estudiantes de ese colegio. Mientras que el 40% de alumnos reveló ser víctima de acoso.
DIRECTOR DEL COLEGIO MILITAR SE DEFIENDE
El coronel Luis Pozo y el abogado Danny Torres señalaron que el plantel cumplió con todos los protocolos ante las dos denuncias presentadas. Tambiéne el abogado Danny Torres solicitó la revocatoria de la resolución del 20 de mayo de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Quito.
En dicha resolución se solicita la suspensión del rector del colegio Militar Eloy Alfaro, Luis Pozo, por supuesta negligencia ante prácticas de presunta violencia entre pares. La solicitud la plantearon el 29 de mayo de 2019. «Estamos a la espera de la contestación planteada legalmente por el colegio», dijo Torres, quien afirmó que el coronel está bajo la rectoría, «porque la medida no se encuentra en firme, por ello, tiene todo el derecho de acudir de manera legal ante la Junta para hacer valer los derechos institucionales a los que representa». De allí que esperan la audiencia del 2 de julio.
«La única condición es que en la audiencia sea la Junta la que se ratifique o no en estos hechos y obviamente tomaremos las acciones legales que amerite», recalcó Torres.
A su criterio, la solicitud de revocatoria se plantea debido a que consideran que existe un “maltrato institucional” porque en el plantel hay evidencias de que se cumplieron todos los protocolos del Ministerio de Educación, «conforme lo hemos presentado ante los organismos que lo han requerido». Cree que a esa «evidencia debe ceñirse la Junta». La Junta resolvió la suspensión del rector a raíz de la denuncia que presentaron los padres de Sebastián por presunto delito de acoso escolar (bullying). Previamente, el colegio tuvo una denuncia en la misma entidad por el presunto abuso sexual de Dennis, de 8 años.
DIRECTOR DEL COLEGIO MILITAR ESTÁ EN EL CARGO SOLO 1O MESES
Ambos casos son de 2017. El coronel Pozo dijo que lleva en el cargo recién 10 meses. Ingresó el 7 de julio de 2018, pero recalcó que a pesar de ello se cumplieron en estos dos casos todos los protocolos del Ministerio de Educación y han colaborado con la Junta y la Fiscalía.
El coronel Pozo indicó que seguirá en el cargo hasta esperar una resolución en firme.
En estos dos casos ya hay fechas para las audiencias en la Junta Metropolitana de Protección. En el caso de Dennis se realizará el 21 de junio, a las 11:00, y en el caso de Sebastián, el 2 de julio, a las 14:00.
Torres detalló que en el presunto abuso sexual de Dennis, la institución educativa presentó el 10 de abril una denuncia en la Fiscalía, antes de la denunció que planteó la madre del menor el 18 de abril de 2019. Detalló que este caso conoció el colegio el 5 de abril, a través de la psicóloga educativa,
Patricia Aguilera, quien informó el supuesto abuso sexual de Dennis. Ese mismo día, el plantel firmó un acta con los padres de Dennis, la tutora, psicóloga particular y el instructor y la psicóloga particular se compromete a entregar el informe sobre el caso.
Sin embargo, dijo, no se presentó ningún informe del caso el 8 de abril, cuando el niño dejó de asistir por decisión de los padres y con apoyo del colegio.
El 9 de abril tomaron de nuevo contacto con la psicóloga, quien les dijo que sería valorado por otra persona, y por ello presentaron la denuncia el 10 de abril ante al Fiscalía por presunto abuso sexual. Agregó que en este caso no hay «nombres, ni características físicas de una persona para que se pueda determinar un presunto responsable». El 24 de abril, la madre de Dennis presentó la denuncia en la Junta de Protección de Derechos, pero señalan que ya no relata violación, sino «abuso sexual cambiando la figura» y, el 26 de abril, hubo una notificación de la Junta, que recién conoció el colegio el 10 de mayo.
«No fuimos notificados legalmente», indicó. En el caso de Dennis hay un proceso en investigación previa por el delito de violación.
Según el abogado Torres, desde 2017 solo cuatro denuncias fueron presentadas en contra del colegio ante la Junta de Protección.
A las de Dennis y Sebastián se suman dos procesos a dos menores por maltrato y uno por estética, pero recalcó que las otras denuncias fueron anteriores a la administración de Pozo en el plantel.
Tanto Pozo como Torres señalaron que en la institución las jerarquías militares no tienen peso y que existan hijos de personal militar en la institución no tiene nada que ver. «Todos los niños y adolescentes son sujetos de derecho y dentro de la primacía de derechos no existe alguno que diga que existan más o menos importantes», dijo Torres. El abogado Torres dijo que acudirán a todas las instancias para proteger al plantel educativo
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News en Quito
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