Waoranis ecuatorianos en defensa de su territorio y del petróleo
¿El Ecuador ahora es el protector o destructor de sus propios recursos?
Ecuador debería tomar una mejor postura y generar una imagen internacionalmente a nivel ambiental, donde ya se dio a conocer por el caso Chevrón como protector de sus recursos y ahora en una aparente intención opuesta ante las comunidades woarani, donde reclaman que el Estado mantiene una intervención para la explotación de petróleo, sin una garantía que genere un beneficio bilateral.
Recordemos que Ecuador ante los ojos del mundo demostró un gran énfasis por la PROTECCIÓN AMBIENTAL y sus recursos en el conocido caso Chevrón, por daños ambientales ocasionados en la Amazonía ecuatoriana por la extracción de petróleo durante un periodo de tiempo de operación en el país entre 1964 y 1992, ésta batalla jurídica logró establecer una imagen del país motivado a recuperar y preservar un ambiente sano.
A pesar de tan noble intención y labor reactiva ante el daño ocasionado y considerando que las acciones de intervención por la recuperación del ecosistema afectado han sido ineficaces de acuerdo a varios estudios realizados, las referencias de los resultados del programa Monoil (Monitoreo ambiental, salud, sociedad y petróleo en Ecuador), financiado por la Agencia Nacional de Investigación de Francia, muestran en su estudio realizado entre los años 2014 al 2018 y enfocado en las parroquias Dayuma (Orellana) y Pacayacu (Sucumbíos), por su alta densidad de infraestructura petrolera, aún hay la presencia de pasivos ambientales y por su proximidad con las áreas protegidas.
Los vestigios de la contaminación petrolera todavía son visibles en el Oriente, pero se determina que esta es focalizada.
Sylvia Becerra, quien junto a Laurence Maurice fueron las coordinadoras de la investigación señalan: “La propia normativa ambiental ha creado comportamientos que inducen a sacar indemnizaciones ante cualquier situación de contaminación.”
Si bien las actividades petroleras en la Amazonía han causado daños terribles, también hay deforestación y contaminación por aguas servidas”.
ACTUALMENTE ECUADOR EN ANÁLISIS Y CUESTIONAMIENTO
En esta ocasión Ecuador en un escenario de disputa por conflicto interno donde figura permisible en medidas que generan DESTRUCCIÓN de sus propios recursos.
Yasuní es una de las zonas más biodiversas del mundo. Foto de Charlie Vogt, ornitólogo y Consultor Ambiental.
Protectores ambientalistas internacionales mantienen la atención en Ecuador, el llamado de auxilio de las comunidades Woarani, quienes han vivido en el Yasuní durante siglos, se cree que hoy en día hay alrededor de 2.300 Waorani, viven mayoritariamente en sus tierras ancestrales, situadas entre los ríos Curaray y Napo.
Es así como los Protectores ambientalistas decidieron intervenir por el evidente impacto de gran alcance no solo en el desplazamiento de comunidades sino además en la repercusión en el ecosistema en unos de los sectores que forman parte de la reserva Yasuní declarado en 1989 por la UNESCO parque como Bio-reserva y Herencia Cultural.
A la espera de la crucial respuesta de la Corte Provincial de Pastaza quien determinará en estos próximos días si se procede aún a favor de las comunidades waorani en el fallo que dictaminó en el mes de abril, cuya sentencia reconoció la vulneración del derecho a la consulta previa libre e informada y a la autodeterminación pueblos ante la explotación petrolera en la zona, o a la apelación de que impuso el 1 de Julio el Ministerio del Ambiente cuyo objetivo es licitar las hectáreas de territorio del bloque 22 comprendidos en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana para la explotación de petróleo.
Para llegar a esta instancia, ¿qué le permite al Gobierno Ecuatoriano realizar una apelación al fallo a favor de protección que recibieron las comunidades waoranis?
EL DICTAMEN
El tribunal de garantías de Pastaza dictaminó que existió vulneración de los derechos a la autodeterminación y consulta previa, libre e informada», el falló se dio a favor y apoyo a los indígenas en su pedido a la justicia.
La decisión del tribunal, ubicado en la provincia amazónica de Pastaza, es de primera instancia y puede ser apelada y El fallo judicial establece como medida de reparación que el Estado realice una nueva consulta aplicando estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Ley es clara en establecer que: “La consulta previa, libre e informada es un derecho otorgado en el país a las comunidades indígenas sobre planes y programas de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que se encuentren en su territorio.”
Si el dictamen determinó que existió por parte del estado ecuatoriano vulneración de los derechos a la autodeterminación y consulta previa, libre e informada, realizada a los waoranis, será procedente el recurso de apelación a través del Ministerio de Ambiente?
El Ministerio del Ambiente en su comunicado público 03 de julio de 2019, en el cual menciona: “Con fecha 1 de julio de 2019, en la audiencia realizada en el Complejo Judicial del cantón Pastaza, esta cartera de Estado fundamentó su recurso de apelación a dicha sentencia por contener graves errores técnicos y jurídicos y defendió su participación dentro del proceso de la consulta previa libre e informada realizada en el año 2012. En esta audiencia se contó con la participación de la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables.”
Sin embargo de acuerdo con las autoridades las inconsistencias provienen del proceso de la consulta previa libre e informada que realizaron a los waoranis, aun así ésta Cartera de Estado de forma precisa manifiesta y defiende su intervención en dicho proceso como parte de su competencia, su capacidad de respuesta genera una gran expectativa deseable en que, así como se ha demostrado su intervención en procesos con la finalidad de la explotación de los recursos, también se evidencie de manera óptima en su coordinación de estrategias, proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del país, de tal manera que medidas preventivas sean parte de una gestión rigurosa no solo de aprobación sino además de control y seguimiento hasta el término del periodo operativo de los proyectos de explotación.
LOS ANTECEDENTES
Es así como entre varios casos, obtenemos la referencia de lo suscitado en el caso Chevrón, con un período de 28 años de operación progresiva en el país y una destrucción invasiva del ecosistema, debería analizarse como un caso de estudio y considerar, pedir mas eficiencia en la gestión de los entes gubernamentales competentes, desarrollar una cultura proactiva y no reactiva, donde de acuerdo con la realidad actual se de importancia, prioridad y solución a lo pendiente conociéndose de las zonas y comunidades afectadas para luego proceder con la extracción de recursos, si bien es cierto el país requiere reactivar su economía, el valor en aumento del petróleo es una alternativa, según la fuente del Banco Central, el sector petrolero se dinamizó en 1,9% en el primer trimestre de 2019 reflejando un aumento en la producción hidrocarburífera de 3,3% respecto a igual período de 2018.
La producción de Petroamazonas EP se elevó en 4,8%, al pasar de 35,56 millones de barriles de crudo en el primer trimestre de 2018 a 37,56 millones en el primer trimestre de 2019, pero las culturas, el ecosistema, en si el planeta demanda acciones evidénciales y responsablemente equilibradas de preservación. De acuerdo con lo mencionado por Oswando Nenquimo, vocero de los waorani, en declaraciones divulgadas en un comunicado: La cartera de Ambiente «debería estar a nuestro lado para proteger nuestros bosques de la explotación petrolera, pero son los que están peleando en contra.»
La «justicia tiene que ser neutral, imparcial», al advertir que continuarán peleando en las cortes nacionales e internacionales en caso de que el tribunal de paso a la apelación del gobierno.
El «gobierno de nadie va a venir a pisotear, nosotros estamos listos para pelear con (recursos) legales y también defender nuestro territorio», agregó el vocero.
Con unos 4.800 miembros, los waorani son dueños de unas 800.000 hectáreas de selva en Pastaza, Napo y Orellana, una pequeña parte de la cuenca amazónica ecuatoriana. La ley reconoce la jurisdicción indígena, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.
POSICIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL
Por su parte, el Gobierno asegura tener luz verde para llamar a las petroleras, aunque actualmente no está asignado a ninguna petrolera para su desarrollo y tampoco hay una convocatoria de licitación para su explotación, gracias a una consulta del 2012 aseguró que contaba con los permisos para licitar el denominado bloque, a través de documentos y videos que respaldaban el cumplimiento de todos los estándares durante el proceso. Sin embargo, los indígenas indicaron que funcionarios llegaron entonces en avioneta y obtuvieron el aval con engaños, comida y refrescos.
Aunque el Estado apelará la decisión, corre el riesgo de que la sentencia a favor de los waorani detone en un conflicto con otros pueblos indígenas que también han sido consultados para consentir el ingreso de petroleras a sus tierras y han mostrado inconformidad, lo que podría poner en riesgo futuras licitaciones en la zona.
Esta es una gran victoria para los pueblos Waorani, Shuar, Achuar, Kichwas, Shiwiar, Sapara, Andwa y todas las comunidades del centro sur amazónico del Ecuador que luchan en defensa de su territorio.
Por Ing Samanta León
Corresponsal de Ecuador News en Quito
Para ver más noticias, descarga la Edición
www.ecuadornews.com.ec
