Por Gadi Schwartz, Guadalupe Venegas y Daniel Arkin
McFARLAND, California. — Xiomara Valderrama suele pasar sus días recogiendo uvas en el Valle Central de California, donde se produce una cuarta parte de los alimentos que consume Estados Unidos. Pero lleva sin poder trabajar desde que supo que su hijo de 5 años puede haber estado expuesto en su guardería infantil al COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.
Valderrama tendrá que esperar dos semanas para tener los resultados de las pruebas del niño, lo que significa dos semanas sin ingresos para pagar la renta y otras necesidades básicas. “Va a ser un estrés conseguir el dinero”, dice.
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El sindicato United Farm Workers calcula que el 70% de los trabajadores agrícolas en esta región están en el país de forma ilegal, lo que implica que no tienen acceso a ayudas de desempleo estatales o federales, y se arriesgan a perder su sustento. La necesidad de trabajar fuerza a algunos a ignorar su exposición al COVID-19.
“La gente tiene miedo a ir al médico. Tiene miedo a ir al hospital. No va a sus visitas mensuales al doctor porque teme que el resultado va a ser COVID-19”, explica Hernán Hernández, director ejecutivo de California Farmworker Foundation, una organización sin ánimo de lucro que ofrece recursos y servicios a los trabajadores del campo.
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Salvador, trabajador del campo indocumentado y padre de cuatro hijos, cree que pudo haber estado expuesto al coronavirus hace tres semanas, cuando una amiga que dio positivo visitó su hogar. Decidió, sin embargo, no hacer el examen porque tiene miedo a que dar positivo signifique ser apartado del trabajo y no poder ganar dinero para su familia.
Los cerca de 500 dólares que él y su esposa traen a casa cada semana apenas cubren las facturas, así que siguió trabajando. Dice que no informó a su jefe de su posible contagio porque no tenía síntomas. En cambio, él y otros trabajadores que pensaron que podían haberse infectado se avisaron de forma discreta entre ellos para mantener una distancia prudente.
Ernestina, que trabaja junto a otros cientos en una planta empacadora de pistachos, dice que se contagió y pasó un mes en casa, perdiendo dos semanas de pago. Pero antes de enfermar, dice, vio cómo otros ocultaban sus síntomas, aguantándose la tos tanto como podían, por ejemplo.
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El doctor Harjeet Brar, presidente del Good Samaritan Hospital en Bakersfield, le contó a Noticias Telemundo que su equipo médico no pregunta a los pacientes por su estatus migratorio.
“De ninguna manera es nuestro propósito, estamos aquí para ayudar”, dice, y añade: “Sólo queremos que se hagan la prueba para que podamos proteger a sus familias”.
Su hospital tiene un acuerdo con California Farmworker Foundation y el condado Kern para proveer a las comunidades agrícolas de California con una unidad móvil de pruebas.
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El gobernador, Gavin Newsom, ha prometido una ayuda de 52 millones de dólares al Valle Central para pruebas de coronavirus y seguimiento de contactos, con el ambicioso objetivo de frenar la expansión del virus por la región. A mediados de abril, dijo que el estado llegaría a un acuerdo con grupos filantrópicos para ofrecer alivio para catástrofes a los inmigrantes indocumentados que se enfrentan al coronavirus y no pueden beneficiarse de otros programas de asistencia por la pandemia.
“Estamos profundamente agradecidos a la gente que tiene miedo a la deportación, pero sigue haciéndose cargo de las necesidades esenciales de millones de californianos”, dijo entonces el gobernador, añadiendo que muchos inmigrantes indocumentados trabajan en sectores esenciales como la salud, la agricultura y la alimentación.
Newsom ha firmado una orden para que los trabajadores esenciales, entre ellos los del campo, tengan dos semanas de paga adicional por baja por enfermedad. El estado se ha aliado además con los comisionados de agricultura del condado para ayudar a distribuir 12.6 millones de mascarillas quirúrgicas entre los empleados agrícolas, además de otros equipos de protección personal.
