En Notimundo al Día, Luis Ávila, experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, explicó que varias dependencias de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) hicieron una visita culminando la década de los 90, en la cual se constató el estado calamitoso de las prisiones ecuatorianas.
Recordó que en aquella época existían los denominados ‘infiernillos’, que eran celdas de castigo para los privados de libertad, además de otras políticas «verdaderamente bárbaras». En ello difiere el nuevo plan para el sistema de rehabilitación, pues tiene un enfoque en los Derechos Humanos. No obstante, esta es una política coyuntural y no estatal, indicó Ávila.
Esto debido a que no se integra a los distintos organismos «que deberían estar» y más bien se incluye a los que no, como las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica. En el caso de los militares, no tienen competencias constitucionales ni legales para asumir la rehabilitación desde la perspectiva de seguridad, y de alguna forma «se contamina la ya problemática relación entre instituciones del Estado», acotó.
Para Ávila, se debería otorgar el control a organismos civiles y no policiales, para superar la lógica de castigo y anteponer los derechos humanos para una plena rehabilitación social. La Iglesia, en cambio, no tiene la capacidad ni experiencia técnica involucrarse en el tema. «Una cosa es que puedan estar como observadores o negociadores durante una crisis, pero otra es que se integren a la política pública», puntualizó Ávila.
Desde su visión, existen dos problemas que deben ser solucionados de forma inmediata: la seguridad interna, para dividir a los grupos de mayor y menor peligrosidad, como se lo quiso hacer con la cárcel de La Roca, que se encuentra deshabilitada desde 2021. Y segundo, radica en mejorar los trámites burocráticos que otorga los beneficios penitenciarios. «Son procedimientos demasiado engorrosos y que demoran muchísimo», señaló.
Aquí se refirió al decreto presidencial que otorga el indulto a privados de libertad por robo, hurto y estafa. «Este (decreto) es demagógico, pues se establecen los mismos requisitos que se necesitan para los beneficios penitenciarios que maneja el SNAI», dijo. Por ello, consideró que una política de empleo y educación puede contribuir a purgar las cárceles y enfocarse realmente en los Derechos Humanos.
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