En ese sentido, con corte a las 19:30, se registran 44 personas fallecidas, de las cuales 3 murieron en Centros de Salud. Asimismo, de un total de 220 internos fugados, 112 ya han sido recapturados y 108 permanecen huidos.
Frente a estos hechos, Ramírez precisó que, debido a las decisiones judiciales las cuales se dan sin un criterio técnico de seguridad y sin una motivación de las sentencias y resoluciones legales, se trasladaron desde la cárcel de Turi, en Cuenca, a 124 reos pese a que, en el Centro de Privación de Libertad de Sto. Domingo de los Tsáchilas existe un 70% de hacinamiento. “Es un 55% de 224 habeas corpus que se solicitaron y se concedieron desde Turi hacia esta cárcel”, dijo Ramírez quien recalcó que este tipo de sentencias evitan que el SNAI tenga una gobernanza en las cárceles del país y evite este tipo de acontecimientos.
Además, Ramírez explicó que, para realizar los traslados de las personas privadas de la libertad, se debe tener 4 criterios: 1) el nivel de riesgo; 2) la población que está en hacinamiento; 3) los recursos humanos y logísticos disponibles y 4) la infraestructura. “Si no se toman estos 4 principios antes de realizar los traslados correspondientes estamos evitando la posibilidad de regular y mantener un modelo de gestión”, enfatizó.
En relación a la denuncia presentada por la legisladora de UNES, Viviana Veloz, quien informó que, en una visita al ECU911, constató que varias cámaras de seguridad de la cárcel de Santo Domingo no se encontraban en funcionamiento; Ramírez mencionó que personal del ECU ya está realizando la verificación y agregó que constataron que algunas cámaras de esa misma cárcel fueron destruidas en estos nuevos hechos violentos.
Finalmente, recordó que se trabaja en un proyecto de inversión de USD 30 millones que incluye la compra de equipamiento como scanners, rayos X y tecnología que permitan intervenir en varios centros carcelarios.
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