En Notimundo al Día, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, rechazó los cuestionamientos del Ejecutivo sobre la negativa de allanarse al veto parcial de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, pues considera que la normativa se la elaboró en conjunto con varias instituciones del Estado, donde también estaban representantes del Gobierno. «Ellos trabajaron con nosotros en la construcción de la Ley» aseguró, y añadió que «más importante que criticarla cuando ya está aprobada, es estar activos en las mesas técnicas».
Narváez explicó que cuando se solicitó los aportes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, los contenidos que se planteaban en el veto remitido recientemente «nunca llegaron». Por otro lado, afirmó que esta Ley está pensada para beneficiar a los miembros de la fuerza pública, pues en una de las observaciones que planteó Lasso estaba la negativa de que los polícías cuenten con un seguro de vida, el cual ahora será obligatorio.
Otro de los puntos polémicos de la normativa era el uso de animales, a lo que el legislador aclaró que podrán formar parte de operaciones antidrogas, rescate, control de orden público, entre otras, pero no podrán ser utilizados durante las manifestaciones. «Los videos que vimos eran evidencia de que los animales arrancaban las prendas de manifestantes y periodistas», recalcó.
Asimismo, destacó que con la Ley se garantizará a las fuerzas del orden la capacitación, entrenamiento, dotación de armas, municiones, trajes de protección y auspicio legal cuando sea necesario. Recordó que existían ambigüedades sobre cuándo se puede hacer uso de la fuerza, por lo que recordó que existen 6 niveles de fuerza, desde el más básico que es la presencia del uniformado, hasta el sexto, que comprende la utilización de un arma letal. Aseguró que el Policía podrá arrancar desde cualquiera de los niveles, en función del grado de amenaza por parte del delincuente. «No podrá ser sentenciado, porque actuó dentro de la ley», apuntó.
Por otro lado, destacó que las Fuerzas Armadas también podrán hacer uso legítimo de la fuerza, para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Con esto, se podrán hacer operativos de control de armas de forma independiente, sin necesidad de coordinar las acciones con la Policía Nacional.
En cuanto al cuerpo de agentes de seguridad penitenciaria, indicó que se está garantizando que puedan tener procesos de capacitación y entrenamiento, además de la facultad de conformar grupos especiales en distintas áreas, como para prevenir amotinamientos.
Para Narváez, el veto del presidente Lasso «no es más que un tema político para evadir su responsabilidad, porque ahora la Policía tiene mayores facultades para actuar».
Finalmente, afirmó que la Ley garantizará la protesta social, pero se diferenciará de los actos violentos y delincuenciales.
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