En NotiMundo Estelar, Robert Friend, abogado defensor del posesionado Raúl González, denunció que Ulloa se está arrogando funciones que no le competen al acelerar un concurso que tiene “nulidades” y al designar a Guadalupe Cabezas como Superintendenta de Bancos subrogante.
El abogado de González, Robert Friend, aseguró que, tras la posesión de González como titular de la Superintendencia de Bancos, Cabezas, a través de correo, adjuntó la acción de personal para que él pueda ejercer las funciones como nueva autoridad. No obstante, días después, Ulloa la designó como titular de la Superintendencia de Bancos subrogante.
En relación a las supuestas presiones y chantajes denunciados por asambleístas de Pachakutik, para conseguir los votos en la Asamblea y posesionar a Raúl González, Friend sostuvo que son acusaciones para deslegitimar la posesión. “Me sorprende que alguien que se abstuvo de votar, ahora quiera decir que ha sido presionada”, dijo en referencia a la legisladora denunciante, Jessica Castillo, y agregó que estos son actores políticos que quieren agitar el escenario para tratar de manchar la posesión de González y que, además, responden a ciertos intereses.
Para Friend, en este proceso no hubo un desacato ni incumplimiento de decisiones de la autoridad legítima. “Si una sentencia carece de validez porque se entromete en las funciones del Estado, nadie puede acatar una sentencia que no proviene de una autoridad legítima que está usando su fuero en el ámbito constitucional”, explicó y agregó que la misma no tiene efecto jurídico.
Agregó que la sentencia de la jueza Larissa Ibarra obstaculiza las funciones propias de la Asamblea. “Parece que el Gobierno selecciona las sentencias que le conviene y las que no”, sentenció.
Además, manifestó que “hay un cóctel de delitos”. Primero, por la arrogación de funciones de Guadalupe Cabezas. Segundo, de acuerdo con Friend, también hay una arrogación de funciones de Hernán Ulloa que se tomó el nombre del Pleno del CPCCS para informarle a ciertas autoridades nacionales que Cabezas es la Superintendenta de Bancos subrogante y, finalmente, señaló que por parte de las autoridades de la fuerza pública también existe un delito pues acordonaron las instalaciones de la Superintendencia de Bancos en Quito y Guayaquil.
Finalmente, González enfatizó que, ante esta negativa por parte del Gobierno, presentarán una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su relator.
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