El representante técnico de la Corporación Participación Ciudadana, Pablo Villacís, aseguró que en el Art. 7, del Código de la Democracia, dicta que las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde 11 a 20 salarios básicos unificados, destitución o suspensión de los derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años, en el caso de que algún actor político cometa irregularidades en el proceso electoral de las elecciones seccionales 2023.
En relación a un control del Código por propagandas anticipadas en redes sociales, Villacís reconoció que la normativa no establece una regulación específica, por que hay “un espacio legal” y no se ha realizado “las reformas adecuadas a tiempo” en las que se incluya a los medios digitales como canales de campaña política.
El representante técnico de la Corporación Participación Ciudadana, sugirió que el Consejo Nacional Electoral debe de desarrollar un instructivo que regule la propaganda en redes sociales, que, a su criterio, en estos comicios la difusión de las campañas “será mucho mayor” en este espacio.
Villacís instó a las autoridades competentes a establecer medidas para prevenir y sancionar las irregularidades que se presenten en el caso de que exista una propaganda anticipada por parte de las organizaciones políticas .
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