No hay seriedad en un proceso donde no se permite al Presidente presentar pruebas de descargo
No hay seriedad en un proceso donde no se permite al Presidente presentar pruebas de descargo, dice su abogado
De un total de 68 pruebas de oficio solicitadas por los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, se aprobaron 49 planteadas por el bloque correísta y socialcristiano. En Notimundo al Día, Édgar Neira, abogado del Primer Mandatario, aseguró en que se insistirá en incorporar las pruebas de la defensa y así se garantice el debido proceso.
En Notimundo al Día, Édgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, lamentó que en la Comisión de Fiscalización no se haya dado paso a su solicitud, que buscaba que en las pruebas del presunto peculado se incluyan los documentos desde 2018, cuando el Mandatario aún no asumía en el poder.
Y es que a Lasso se lo acusa de, presuntamente, haber permitido el cometimiento del crimen en unos contratos de la naviera estatal Flopec, del que supuestamente fue advertido y no lo impidió. Ante la negativa de la oposición parlamentaria, Neira explicó que en adelante vendrá la insistencia para que se incorporen las pruebas «indispensables», que servirán como insumo para el informe motivado que deberá presentar la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea.
«No es jurídicamente admisible ni éticamente aceptable que la Comisión de Fiscalización, que son juzgadores en esta instancia de sustanciación del juicio político, desestime el derecho que tiene el encausado a presentar pruebas de descargo», enfatizó.
El abogado recordó que el contrato de transporte de crudo, entre Flopec y Amazonas Tanker, se suscribió en diciembre de 2018 y la adenda se firmó en marzo de 2020, es decir, casi un año antes de que Lasso asuma la presidencia. «Desde ese punto de vista, el Presidente no tiene ninguna razón para responder por un contrato que fue perfeccionado, negociado y ejecutado antes de su mandato», apuntó.
Así mismo, indicó que en noviembre de 2021, la Contraloría General del Estado elaboró un examen especial en donde alerta de ciertas condiciones del contrato, mas no se recomendó la terminación ni suspensión del mismo. Por el contrario, recomendó la negociación de nuevas condiciones, «hecho que cumple puntualmente la administración de Flopec, dentro de la administración de Guillermo Lasso».
Finalmente, explicó que si se hubiese cometido la “irresponsabilidad” de finalizar el contrato hubiera representado un gran perjuicio para el país. A partir del cumplimiento de lo establecido por Contraloría, sostuvo, se registró una utilidad de más de USD 180 millones, «como nunca antes en la historia de Flopec; no hay perjuicio al Estado ni peculado, y, por ende, responsabilidad política del Primer Mandatario»
Por: NotiMundo al Día
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