Abad responde con denuncia
Noboa envía a la Vicepresidenta de Ecuador a Turquía
El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 353, dispuso el traslado temporal de la vicepresidenta Verónica Abad, quien funge como embajadora del Ecuador ante Israel, a la sede de la Embajada del Ecuador en Turquía, en la ciudad de Ankara.
Noboa dio esta orden a la Cancillería el jueves, 8 de agosto de 2024, una semana después de que un comunicado de la Vicepresidencia de Ecuador señalara que Abad estaba «en riesgo», debido al conflicto bélico que libra Israel en contra del grupo islamista de Hamás.
El Decreto precisa que, desde Ankara, Abad «continuará desem-peñando sus funciones hasta que se disponga su regreso a la sede de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv». El traslado incluye a la familia de la vicepresidenta.
Por otra parte, la Cancillería insta a los ecuatorianos a abandonar Israel. Noboa justifica su decisión en informaciones que refieren «el escalamiento de las tensiones en Medio Oriente, que comprometen la seguridad de las personas que residen en el Estado de Israel».
Sostiene que «es necesario precautelar la integridad y seguridad de la señora Verónica Abad, su familia que le acompaña y los demás miembros del Servicio Exterior de Ecuador». Además de la Cancillería, Noboa encargó esta misión de traslado a la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Finanzas, que deberá consignar un presupuesto para este fin.
DENUNCIA
Posterior a esta noticia, el diario La Nación de Argentina informó que Verónica Abad, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral, acusándolo de violencia política de género.
La querella surge tras meses de creciente tensión entre ambos líderes. La relación entre Noboa y Abad se deterioró notablemente después de pasar al balotaje en las elecciones presidenciales de 2023. Una vez que fueron electos, no volvieron a hablar, aseguró la vicepresidenta en una entrevista con El País.
La demanda también incluye a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; al viceministro de Gobierno, Esteban Torres; y a la asesora presidencial, Diana Jácome. Según Abad, todos ellos han participado activamente en la campaña de desprestigio en su contra. Sommerfeld, por ejemplo, no ha autorizado las solicitudes de vacaciones de Abad y ha criticado su desempeño en el cargo diplomático. En una entrevista en mayo, la ministra afirmó que Abad estaba actuando en contra de Ecuador en lugar de cumplir con sus funciones.
Por aquellos días, el viceministro y vocero del gobierno, Esteban Torres, dio una conferencia de prensa para advertir de nuevas diligencias judiciales en un caso que la Fiscalía denominó “Nene”, en el que investiga al hijo de Abad por presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. El Ministerio Público también intentó vincular penalmente a Abad, pero la intención se frustró tras la negativa del Congreso de levantar la inmunidad que goza la mandataria. Torres ha declarado que “sería nefasto para el país que Verónica Abad asuma el poder”, en momentos los que Noboa debería pedirse licencia para su campaña presidencial para las elecciones presidenciales de 2025.
DESTITUCIÓN
La denuncia de Abad fue presentada el 8 de agosto, pero recién se hizo pública este lunes, en un contexto de crisis en el Tribunal Contencioso Electoral. En ese cuerpo, tres jueces convocaron inesperada-mente una audiencia para remover al presidente de la institución, Fernando Muñoz, el juez que había archivado una denuncia previa contra Abad, apenas horas después de que se diera a conocer la denuncia de la vicepresidenta.
En una carta dirigida a las autoridades del Estado, Muñoz consideró su remoción como “un acto ilegal colmado de intereses partidistas y ambiciones personales” y enlistó cinco artículos del Código de la Democracia que estarían siendo violados por esta decisión repentina.
El delito de violencia política de género tiene consecuencias muy graves en Ecuador y podría implicar la destitución del presidente, la canciller, el viceministro y la asesora, la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años y una multa económica de 32.000 dólares.
El Gobierno ha intentado en cinco ocasiones apartar a Abad del cargo para que no asuma el poder en enero, cuando Noboa tenga que dejar la Presidencia para dedicarse a la campaña. La normativa vigente impide que un funcionario público sea candidato, para evitar que influya en los comicios. Entre los intentos fallidos se incluye el envío apresurado de Abad a Israel, la detención de su hijo, la negativa del Congreso a autorizar su enjuiciamiento, y la denuncia por campaña anticipada presentada por un funcionario público.
Alejamiento
La última vez que Noboa y Abad aparecieron juntos fue el 23 de noviembre de 2023, cuando asumieron el poder, pero de inmediato el mandatario ordenó a la vicepresidenta asumir como embajadora en Israel.
El distanciamiento entre ambos comenzó durante la campaña electoral, que fue visible en las semanas posteriores a su triunfo.
Días antes de su traslado a Turquía, la vicepresidenta y embajadora en Israel, acusó al presidente y a su Gobierno, de cometer presuntamente violencia política contra ella, e incluso aseguró sentirse amenazada y temer por su vida. Se declaró víctima de abuso de poder y hostigamiento para forzarla a dimitir y que el mandatario evite tener que delegar en ella temporalmente la Presidencia.
«Yo sí temo por mi vida, más todavía en el momento en el que estoy. Hoy responsabilizo mucho más al presidente Daniel Noboa Azín y a sus ministros por cualquier atentado o ataque contra mí o mi familia, o contra el equipo de trabajo cercano que tengo», declaró Abad en una comparecencia por video ante la comisión parlamentaria que investiga presuntas irregularidades en la administración pública.
«Por supuesto que me siento amenazada, (…) se han dedicado perseguirme a mí y a mis colaboradores. Han tenido que cambiarse de domicilios y de líneas telefónicas. Han recibido mensajes persecutorios. Tengo ataques cibernéticos no sólo a mis redes personales, sino a las redes institucionales», abundó.
La ruptura entre Noboa y Abad se plasmó tras la investidura, cuando el gobernante, en una de sus primeras decisiones como mandatario, la envió como embajadora a Israel, una misión que habría abierto la puerta de su destitución en caso de negarse.
«Hay claramente el uso y el abuso de la estructura pública para el ataque de una persona, basado en el engaño, la calumnia, las actitudes perversas, las difamaciones… para tapar la incapacidad de un Gobierno», indicó la vicepresidenta.
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