Reglamento para elegir al fiscal está lleno de “vivezas” que demuestran el apuro de ciertos sectores, alerta constitucionalista
Fuente: NotiMundo al Día
16 septiembre, 2024
El Reglamento para el concurso para la próxima autoridad de la Fiscalía General fue aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En NotiMundo al Día, José Chalco, abogado constitucionalista, alertó de ciertas “vivezas” que pondrían en duda la probidad del nuevo Fiscal. “Hay una ausencia enorme de certezas”, criticó.
Chalco insistió en la seriedad que debe tener un concurso como este y precisó que el mismo no debe ser equiparable a otros procesos de selección y designación que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Esto debido a la importancia de las labores que ejecuta el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal y encargado del desarrollo de las investigaciones que permiten poner tras las rejas a los delincuentes. En este sentido, Chalco calificó como un «sin sentido» que en el reglamento aprobado se establezca un acumulativo de hasta 10 puntos por acciones afirmativas.
Esto daría paso a que, si uno de los postulantes es menor de 30 años de edad, se le entrega un punto. Chalco recordó que para ser Fiscal se requiere al menos 10 años de haberse graduado, lo que representaría que con el nuevo reglamento se dé paso a diversas «barbaridades». «Es imposible que a los 19 años se gradúen como abogados, las carreras de Derecho son de al menos 4 años y medio o 5», agregó.
Asimismo, Chalco consideró que la delicadeza del cargo, que es de interés estatal, requiere que se incluyan temas en el reglamento aprobado, que no han sido considerados. «En esta lista de inhabilidades no están delitos en contra del Estado, como el peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito», criticó el experto. Además, cuestionó que se establezca que si existe un empate en el puntaje de dos aspirantes, se deba hacer un concurso para el desempate.
Según Chalco, el reglamento aprobado tiene una «ausencia enorme de certezas», pero sí tiene una claridad: fue aprobado por consejeros que tienen una sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que les dice «ustedes están vinculados a intereses políticos», y que ello conllevó a su destitución. «En consecuencia, cuando no se tiene la claridad de que quienes lo aprobaron son y parecen, queda el espacio para la duda; ¿cuál es el interés que está detrás?», se preguntó el abogado.
