La Corte Constitucional en debate
Todo Estado que se precie de democrático cuenta con una Constitución que traza la cancha del accionar público y privado, orienta la vida política, social y económica nacional. Es una norma programática complementada por leyes y otros instrumentos jurídicos; es la suma de factores reales y efectivos de poder de un país, como explicó Lasalle en 1862. Una Constitución contiene preceptos para la garantía de su supremacía, pero por sí sola no puede defenderse, para eso está una institución capaz de velar por su acatamiento efectivo y de enfrentar los excesos del poder. Esa institución es la Corte Constitucional (CC), que en Ecuador “es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia” (artículo 429 CE).
La CC debe garantizar la supremacía de la Constitución frente a cualquier norma o acto que la contradiga. Cuando el legislativo o el ejecutivo aprueban normas que sobrepasan sus límites, la Corte actúa como un freno legítimo, asegurando que las reglas de la democracia se respeten. Montesquieu dijo: “todo hombre dotado de poder está inclinado a abusar de él”; por esto es necesario que el poder controle al poder. La CC sujeta al poder con decisiones jurídicas; es la guardiana de los derechos fundamentales, sin ella los ciudadanos podrían quedar a merced de decisiones abusivas que dañen su dignidad, su libertad o su igualdad; defiende a las minorías como un mecanismo contra mayoritario. Es árbitro en los conflictos entre poderes del Estado, cuidando la estabilidad que la democracia requiere y evitando crisis institucionales. Sus fallos deben dotar coherencia al ordenamiento, dar seguridad a los ciudadanos y fortalecerla confianza en la justicia. Su labor interpretativa es esencial, ya que no se trata solo de aplicar literalmente la Constitución, sino de adaptarla a la realidad conservando su espíritu.
Con sus aciertos y errores, y sus polémicas decisiones, la CC es parte de la democracia, no está exenta de responsabilidades, tiene límites y controles, sobre todo, jurídicos; se legitima por sus fallos. Si este órgano de justicia se somete a presiones políticas, el Estado Constitucional y los derechos pueden flaquear. Los jueces constitucionales independientes son básicos para garantizar libertad y justicia. Sáchica lo enseñó: “Hacer Estado, estabilizar, equilibrar. He ahí el contenido profundo de la cuestión de constitucionalidad, su insoslayable trasfondo político”.
Por: César Montaño Galarza
