Ecuador y Colombia escalan tensión diplomática en medio de una “guerra de aranceles”
Los dos salen perdiendo
Se busca una solución: La imposición de gravámenes comerciales y la suspensión de la venta de energía marcan uno de los momentos más tensos en la relación bilateral de los últimos años.
Con información de los corresponsales de Ecuador News en Bogotá
La relación entre Ecuador y Colombia atraviesa una de sus etapas más delicadas en tiempos recientes. A finales de este enero de 2026, ambos países protagonizan una escalada de medidas comerciales que diversos analistas y medios han calificado como “guerra de aranceles”, un conflicto que combina factores económicos, políticos y de seguridad fronteriza, y que amenaza con afectar seriamente el comercio bilateral y la integración regional andina.
El detonante de la crisis fue el anuncio del gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigencia, de no haber una contraorden, a partir del 1º de febrero. Desde Quito, la decisión fue presentada no solo como una acción comercial, sino como una “tasa de seguridad”, argumentando que responde a la falta de resultados efectivos en la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común.
Seguridad fronteriza como argumento central
El Ejecutivo ecuatoriano sostiene que la extensa frontera de más de 600 kilómetros con Colombia se ha convertido en un corredor clave para actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, armas y la minería ilegal. Según el discurso oficial, estas dinámicas han incrementado la violencia interna en Ecuador, lo que obligó al Estado a adoptar medidas extraordinarias para proteger su seguridad nacional.
A este argumento se suma un componente económico. Ecuador mantiene un déficit comercial significativo con Colombia, superior a los 1.000 millones de dólares, lo que ha sido utilizado por el gobierno de Noboa para reforzar la idea de que la relación comercial resulta desequilibrada y perjudicial para el país.
La respuesta de Colombia no se hace esperar
Bogotá reaccionó con rapidez y firmeza. El gobierno del presidente Gustavo Petro calificó la decisión ecuatoriana como una medida unilateral que violaba los principios de la Comunidad Andina (CAN), organismo regional que promueve el libre comercio entre sus países miembros.
En represalia, Colombia anunció la imposición de aranceles del 30% a una veintena de productos ecuatorianos, entre ellos bienes agrícolas, pesqueros, químicos y manufacturados. Pero la respuesta no se limitó al ámbito comercial. En una decisión que elevó aún más la tensión, Colombia también suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, un suministro clave, especialmente en momentos de presión sobre el sistema energético ecuatoriano.
Desde el gobierno colombiano, las autoridades han insistido en que la cooperación en materia de seguridad sí existe y que trasladar la responsabilidad del problema al vecino no constituye una solución efectiva.
¿Por qué se habla de una “guerra de aranceles”?
El término “guerra de aranceles” se utiliza para describir situaciones en las que dos o más países se imponen mutuamente barreras comerciales como forma de presión política o económica. En este caso, aunque los aranceles son el instrumento visible, el conflicto tiene raíces más profundas.
No se trata únicamente de proteger industrias nacionales o corregir desequilibrios comerciales, sino de un choque de visiones sobre seguridad, soberanía y responsabilidad compartida. Ecuador busca presionar a Colombia para obtener mayores compromisos en el control fronterizo, mientras que Colombia defiende el respeto a los acuerdos de integración y rechaza el uso del comercio como mecanismo de coerción política.
Impactos económicos y sociales
Las consecuencias de esta confrontación ya comienzan a sentirse en distintos sectores. El transporte de carga y el comercio fronterizo figuran entre los más afectados. Gremios empresariales han advertido que los nuevos aranceles encarecen los costos logísticos, reducen la competitividad y generan incertidumbre entre importadores y exportadores.
Asimismo, los consumidores podrían enfrentar incrementos en los precios de productos básicos, tanto en Ecuador como en Colombia, debido al encarecimiento de bienes importados. Las comunidades fronterizas, que dependen en gran medida del comercio binacional, también se ven directamente impactadas por la reducción del flujo comercial y las restricciones energéticas.
En el plano regional, el conflicto pone en entredicho la solidez de los mecanismos de integración andina y reabre el debate sobre la efectividad de la CAN para resolver disputas entre sus miembros.
Reacciones políticas y llamados
al diálogo
Pese al endurecimiento de las posturas, ambos gobiernos han manifestado, al menos de manera formal, su disposición al diálogo. El presidente Noboa ha defendido la legitimidad de las medidas ecuatorianas, subrayando que no se trata de un ataque político, sino de una defensa de la seguridad nacional.
Desde Colombia, las autoridades han reiterado el llamado a resolver la controversia a través de canales diplomáticos y dentro del marco de los acuerdos regionales vigentes. A su vez, sectores empresariales y organismos internacionales han exhortado a ambas partes a desescalar el conflicto antes de que los daños económicos se profundicen.
La Comunidad Andina ha expresado su preocupación y ha instado a evitar decisiones unilaterales que socaven décadas de integración económica y cooperación regional.
Un conflicto con futuro incierto
Por ahora, la “guerra de aranceles” entre Ecuador y Colombia permanece abierta.
Aunque existen intentos de acercamiento diplomático, las diferencias en torno a la seguridad fronteriza y el uso de medidas comerciales como herramienta de presión dificultan una solución inmediata.
Lo que está en juego va más allá de los aranceles: se trata de la confianza bilateral, la estabilidad del comercio regional y la capacidad de los países sudamericanos para resolver sus tensiones sin recurrir a confrontaciones económicas. El desenlace de este conflicto será clave para definir el rumbo de la relación entre Quito y Bogotá en los próximos meses.
Entretanto, expertos de los dos países que han sido consultados, practicamente han coincidido que esta “guerra de los aranceles” no le conviene a ninguno. “Los dos saldrán perdiendo”, sostienen.
Usted debe saber
Longitud
de la frontera terrestre
Ecuador y Colombia comparten una frontera terrestre de aproximadamente 586 kilómetros en la región norte del Ecuador y el sur de Colombia.
Esta línea limítrofe se extiende a través de zonas selváticas, ríos y terrenos de difícil control que históricamente han sido complejos de administrar por los dos países. El paso fronterizo más importante es el Puente Internacional de Rumichaca, que conecta las ciudades de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador) y sirve como principal corredor legal para personas y mercancías.
Ecuador endurece
el control
En diciembre de 2025, Ecuador informó que solo uno de los cruces oficiales con Colombia permanecería habilitado —el de Rumichaca— como parte de una estrategia de seguridad nacional. Esta decisión fue anunciada por la Cancillería ecuatoriana y tiene como objetivo reducir el tránsito por múltiples pasos, muchos de ellos irregulares, que son usados para el contrabando, tráfico de drogas, armas y otros ilícitos.
El gobierno ecuatoriano comunicó que la medida busca reforzar el control de la frontera para enfrentar la violencia asociada al crimen organizado, que ha aumentado en los últimos años escalando las tasas de homicidios y ataques de bandas armadas.
Colombia, por su parte, confirmó que este paso de Rumichaca continuará operando normalmente, con el fin de mantener el tránsito legal de personas y mercancías, pese a la restricción de otros pasos decretada unilateralmente por Quito.
Policía ecuatoriana hace guardia en el Puente Internacional de Rumichaca.
Daniel Noboa y Gustavo Petro han tenido reuniones cordiales exentas de protocolos, cuando hay situaciones importantes para tratar.
En ciertos tramos de la frontera sí se aprecia buena actividad policial.
Las aduanas ecuatorianas permanecen en permanente alerta.
