Tasa a Colombia impacta actividad agrícola
Alfredo Saltos Guale
El escenario agrícola se ha ensombrecido por la vigencia de la tasa de seguridad impuesta a las mercancías colombianas, origen de un alto porcentaje de insumos que se emplean en el agro ecuatoriano, con la consecuente elevación del precio final al agricultor, interfiriendo su fluida provisión, en desmedro del control de plagas y enfermedades facilitadas por las imperantes condiciones meteorológicas que conducen a baja productividad y aumento de costos, fortaleciendo a los rivales comerciales, incluyendo precisamente al vecino del norte, como ha acontecido con las flores en un mercado de exportación de alta competencia. En cruel correspondencia, Colombia castiga con el mismo nivel arancelario a bienes agrarios que se dirigen a ese destino y vetando el paso al transporte terrestre.
El conflicto en Oriente Medio, sin fecha final, está cerrando el acceso a esa zona, obstáculo que podría reflejarse en la compra local de banano. En ese panorama, surgía como mitigación el comercio intrarregional entre naciones de América y con mayor razón entre vecinos, objetivo sentido de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), al acordar la creación de una zona efectiva de libre comercio, donde las mercancías circulen con arancel cero y sin cortapisas, solo justificables cuando mutuamente se acuerden, bajo vigilancia de la CAN. Del estudio realizado por la empresa Agrointeligente, liderada por el Ing. Guido Kuonquí, se extrae que en el pasado año se exportaron a Colombia cerca de 500 millones de dólares en productos agrarios, cifra que no podrá mantenerse, peor superarse, con un gravamen recíproco incrementado al 50 %.
Hay un movimiento fronterizo básico para la vida de muchos compatriotas, al que solo le falta cumplir el papeleo del registro, bidireccional, del que subsisten miles de pequeños y medianos campesinos, que observan las regulaciones de calidad empleando insumos colombianos, que ahora está cerrado al machote por el veto colombiano al transporte terrestre de productos agrarios, originando una sobreoferta nacional con venta final, si es que llega a culminarse, que no cubrirá costos, aumentando la conflictividad e intranquilidad social ya sacudidas por la inseguridad que se busca eliminar, pero sin impactar la imprescindible seguridad alimentaria, primera prioridad estatal. La tragedia es patética para los plataneros de El Carmen, que semanalmente enviaban al norte 120 camiones con fruta fresca, con 54.000 cajas, con un precio unitario de $ 9, que sostenía la economía cantonal, que, al no venderse por el tajante veto, perjudica a agricultores, transportistas y trabajadores con sus familias, cayendo en mora crediticia. Idéntica figura es aplicable a otras frutas, además al camarón, huevos, productos del mar y otros.
La explicable posición presidencial no debe empañar actividades productivas, no exentas de crisis, debería acceder a las sugerencias gremiales binacionales, de suspender la medida por noventa días y abrir un espacio de negociación en beneficio de ambos países, sin descartar excepciones agrícolas y de salud, a favor de la vida y la producción de alimentos de pueblos históricamente hermanados.
