Estados Unidos se prepara para un fusilamiento militar y público que desata una ola de protestas
La ejecución de Nidal Malik Hasan, condenado por matar a 13 personas en una base militar de Texas, está prevista para diciembre. La decisión del Pentágono de transmitirla en directo por internet ha provocado críticas de líderes religiosos, organizaciones de derechos humanos y figuras políticas que cuestionan convertir la muerte de un condenado en un espectáculo público.
El caso ha vuelto a colocar la pena de muerte en el centro del debate estadounidense. No se trata solamente de la aplicación de una sentencia judicial, sino también de una decisión sin precedentes en la historia moderna del país: permitir que el público observe en directo una ejecución mediante un pelotón de fusilamiento.
Una matanza que marcó la historia militar
estadounidense
El 5 de noviembre de 2009, Nidal Malik Hasan, entonces mayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos, abrió fuego en el centro de procesamiento de soldados de Fort Hood, en Texas. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos, y conmocionó a las Fuerzas Armadas y a la sociedad estadounidense.
Hasan fue juzgado por un tribunal militar y condenado en 2013 a la pena de muerte por 13 cargos de asesinato premeditado y otros delitos relacionados con las personas heridas. Durante el proceso, el acusado no hizo una defensa efectiva para evitar la condena. Desde entonces permanece bajo custodia militar.
Ahora, las autoridades han programado su ejecución para el 3 de diciembre de 2026, en la misma instalación militar donde ocurrió la tragedia. De llevarse a cabo mediante un pelotón de fusilamiento, sería la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera de ese tipo en las Fuerzas Armadas desde 1945.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que la ejecución sería transmitida en directo. La intención, según sus declaraciones, es que el público conozca las consecuencias de crímenes de semejante gravedad. Sin embargo, la propuesta ha abierto una controversia que va mucho más allá del destino de Hasan.
Líderes religiosos y
defensores de derechos humanos alzan la voz
Entre quienes han expresado su rechazo figura el papa León XIV, quien reiteró que la pena de muerte es inadmisible. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, cuestionó expresamente la idea de convertir una ejecución en un espectáculo. También el arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, pidió reconsiderar la decisión.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal también han condenado el plan. Sus objeciones incluyen la dignidad humana, el riesgo de que las imágenes circulen sin control y la posibilidad de que menores de edad accedan a una transmisión de contenido extremadamente violento.
La polémica ha alcanzado incluso a sectores políticos que no cuestionan necesariamente la condena a muerte. El vicepresidente JD Vance expresó dudas sobre la transmisión, mientras el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, manifestó que existen inquietudes entre legisladores de su partido.
El 12 de octubre, el presidente Donald Trump había indicado que la decisión definitiva sobre la transmisión seguía en evaluación, aunque la ejecución estaba programada para diciembre.
El debate deja una pregunta difícil para Estados Unidos: ¿puede el Estado defender la justicia sin convertir la muerte de una persona en un acontecimiento para millones de espectadores? Las víctimas y sus familias siguen mereciendo justicia y respeto. Pero la manera de aplicar y mostrar un castigo extremo también pone a prueba los principios de una sociedad que afirma defender la dignidad humana.
Una precisión importante: las críticas se dirigen especialmente a la transmisión pública, aunque algunos líderes religiosos y organizaciones también rechazan la pena de muerte en sí misma. No debe afirmarse que existe una decisión definitiva de cancelar la emisión: al 12 de octubre, seguía en evaluación. La fecha de ejecución también podría cambiar por eventuales recursos judiciales.
