La transición como pivote para descabezar
Los 15 hechos de Ecuador en 2018
La labor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), sin duda, es parte de «Los 15 hechos de Ecuador en 2018». CESADO ha sido la resolución invariable en las decisiones que ha tomado el Pleno, pues se sacaron de sus puestos a 27 autoridades y se nombraron a otras tantas sin un proceso claro de designación.
«Evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos» era la misión principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición nacida de la pregunta 3 de la consulta popular de febrero del 2018.
El puesto en el Consejo era muy apetecido por organizaciones políticas, sociales, gremiales; pues, quienes lo integren, tendrían la decisión de mandar a sus casas o no a las autoridades de todos los organismos del Ecuador.
«Creemos que el Consejo de Participación debe elegirse con rigurosos requisitos. Que no sea de amigos del Presidente o familiares de los asambleístas. El país tiene mucha gente. Mucha gente buena, digna y capaz que puede estar en ese lugar», decía el presidente Lenín Moreno previo a la consulta popular.
El 19 de febrero del 2018, él envío 7 ternas a la Asamblea Nacional para que se elija a los integrantes del Consejo interino, finalmente, Miryam Félix, Julio César Trujillo, Luis Macas, Luis Hernández, Pablo Dávila, Xavier Zavala Egas y Eduardo Mendoza fueron seleccionados.
Con el nombramiento de Trujillo como Presidente de la entidad arrancaron la labor los transitorios. 27 funcionarios fueron declarados cesados: el primero fue Patricio Rivera, como Superintendente de la Economía Popular y Solidaria.
Y la lista creció: el Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa, el Defensor del Pueblo Ramiro Rivadeneira, los vocales del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Alejandro Subía, Ana Karina Peralta, Rosa Elena Jiménez, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villacís, Paúl Salazar, Ana Marcela Paredes, Luz Haro, Marcelo Tayupanta, el Superintendente de Bancos, Christian Cruz, la Superintendenta de Compañías, Suad Manssur, el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero, los jueces de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, Pamela Martínez, Wendy Molina, Manuel Viteri, Roxana Silva, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni, Víctor Butiñá.
Además, los Vocales del Tribunal Contencioso Electoral, Mónica Rodríguez Ayala, Miguel Pérez Astudillo, Vicente Cárdenas Cedillo.
Todos ellos no cumplieron con sus funciones, según el Consejo, incluso, la mayoría había tenido relación con el régimen anterior; esas fueron las razones generales por las que los titulares fueron cesados.
El CPCCS-T también designó a autoridades temporales: como a la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria Encargada, Sofía Hernández, Fiscal General del Estado Encargado, Paúl Pérez Reina, tras la destitución por parte de la Asamblea de Carlos Baca.
La Defensora del Pueblo Encargada, Gina Benavides, Vocales Transitorios del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, Aquiles Rigail, Angélica Porras, Zobeida Aragundi, Juan Pablo Albán, Superintendente de Comunicación, Edison Toro Calderón, después se nombró a Rosa Alba Guevara Bárcenes, y, finalmente, a Ricardo Augusto Freire Granja también fueron designados por los consejeros.
Como Procurador General del Estado fue nominado Íñigo Salvador Crespo. Como consejeros del Consejo Nacional Electoral Transitorio, Gustavo Vega, Diana Atamaint, José Cabrera, Alberto Molina, Camila Moreno, como Superintendente de Bancos Encargado, Juan Carlos Novoa, como Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández Naranjo, como Superintendente de Compañías Encargado, Víctor Anchundia.
En la Superintendencia de Ordenamiento Territorial Encargado, Xavier Arboleda Querevalú. Como Defensor Público Encargado, Ángel Torres, como Superintendente de Ordenamiento Territorial Encargado, Fabián Neira Ruiz, como Superintendente de Control de Poder del Mercado, Danilo Sylva Pazmiño.
También designó a los Consejeros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) definitivo: Luis Verdesoto Custode, Enrique Pita García, José Cabrera Zurita, Diana Atamaint Wamputsar, Esthela Acero Lanchimba,
En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se posesionó como jueces temporales a Joaquín Viteri, María de los Ángeles Bones y Ángel Torres.
Al momento, están por designarse a los integrantes de la Corte Constitucional; proceso que está en fase de pruebas orales y escritas.
Y también está pendiente la nominación de los vocales del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado, que está en manos de Ruth Palacios tras la renuncia de Paúl Pérez.
El Consejo, además, hizo modificaciones para elegir a las autoridades, emitiéndose mandatos de procesos de selección.
Vacancia constitucional
El 1 de septiembre, con el cese en funciones de los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana anunció la “Vacancia Constitucional”, figura jurídica y legal que no consta en ningún cuerpo normativo del Ecuador y tampoco lo establece la Constitución de la República.
Con la disposición todo quedó suspendido por 60 días, pues, para el Presidente Trujillo no cabía encargar los puestos de magistrados de la CC.
A la fecha, no se ha elegido a los reemplazos de los cesados, y no se prevé que eso ocurra este año. Desde la Comisión Calificadora, encargada de la designación, se ha informado que el proceso concluirá el próximo año.
Por lo que los 60 días ya suman 90 y seguimos contando.
Conflicto en Judicatura
Los transitorios de la Judicatura también tuvieron su capítulo aparte entre audios, peleas, denuncias y rectificaciones.
Juan Pablo Albán, quien integraba el Consejo de la Judicatura de Transición, aduciendo una interferencia en la justicia, reveló que su compañero Aquiles Rigail, habría enviado dos oficios al juez de la Unidad Judicial de Iñaquito, Luis Fernando Landázuri, y al fiscal del Guayas, Edmundo Briones, para exponer su preocupación en dos casos.
Los dos protagonistas repitieron el escenario, pero esta vez con un audio de por medio, que se filtró en redes sociales. En una discusión a gritos entre Albán y Rigaíl, mientras escuchaban una versión en contra de Juan Vizueta, director de la entidad, se acusaron de presunta corrupción al interior de la institución.
Frases como «Cállese la boca, «Atrevido, malcriado, mangajo», «Atrevido, cree que me puede gritar cuando quiera ¡qué se ha creído este sujeto!» de Aquiles Rigail frente a lo dicho por Albán: «Yo no he mandado a cambiar a todos los jueces de la Unidad de Samborondón, doctor» se escuchan en la grabación.
Más tarde, Marcelo Merlo trató de minimizar le hecho, lamentó la filtración, pero aseguró que los dos se pidieron disculpas y todo terminó en paz.
En este año, se registraron, además, las denuncias contra Juan Vizueta, director de la Judicatura en Guayas, quien fue acusado de supuesto tráfico de influencias en su nuevo cargo.
Desde la Presidencia de la Judicatura, se adelantó la renuncia de Vizueta en medio del periodo de licencia, sin embargo, la dimisión nunca llegó, pero lo que sí se hizo pública fue la desestimación de los cargos. Vizueta continúa en el puesto.
El último escándalo protagonizado por la Judicatura tuvo de víctima a los abogados del Ecuador por la emisión de un Código de Conducta para los profesionales del Derecho.
El documento motivó la reacción y crítica de abogados calificándolo de «inconstitucional», «ridículo», «un abuso», «retroceso», entre otros adjetivos, pues estipulaba, entre otras cosas, que “el abogado no podrá sostener relaciones sexuales con su cliente a no ser que existiera una relación consensuada entre ambos previo a comenzar la relación abogado-cliente”.
De la misma forma, establecía: “que el abogado no deberá intentar influir por medios indebidos al jueza, jurado, miembros del panel de jurados u otro oficial en capacidad similar”. Sin embargo, la figura de jurado o panel de jurados no existe en el Ecuador.
El Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, aseguró que el Consejo de la Judicatura se habría «bajado del internet» el Código de Ética de Puerto Rico y lo hizo propio.
Finalmente, el escrito fue derogado.
Cambio de Fiscales
Carlos Baca asumió la Fiscalía General del Estado dos meses antes de que oficialmente debía hacerlo. Esto, por la renuncia de Galo Chiriboga, su antecesor. En mayo del 2017, Baca se hizo cargo de la institución.
Sin embargo, un audio entre Carlos Pólit, ex Contralor General del Estado, y José Serrano, ex Presidente de la Asamblea, en el que hablaban de “bajarse” al Fiscal significó la destitución de Serrano y de Baca por parte de la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones.
Para el reemplazo de Baca, se nombró a Gen Rhea, el fiscal con mejor evaluación, aunque Thania Moreno, estaba ejerciendo como Fiscal Subrogante encargada, pero fue suspendida por quejas en su contra.
Cuatro días después el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) decidió que el puesto no debía ser de Rhea, sino de Paúl Pérez Reina, pues era él quien tenía el más alto puntaje del último concurso de méritos y oposición.
Pérez obtuvo 94/100 en el concurso de méritos y oposición de fiscales provinciales, efectuado en 2016. Pero Gen Rhea alcanzó los 98, el segundo mejor puntuado luego de Thania Moreno, no obstante, Pérez se quedó con el nombramiento
“El Consejo está haciendo el trabajo que le ha encomendado el pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso es hacer un trabajo objetivo, revisar expedientes y hacer un diagnóstico de cada uno para tomar las decisiones que merece el país. Mi compromiso es que el combate contra el crimen organizado, corrupción y lavado de activos, será el eje de trabajo de la Fiscalía de Ecuador”, dijo Pérez el día de su posesión.
Pero Pérez no duró mucho en el cargo, y el 14 de noviembre pasado, presentó su renuncia. La razón no es muy clara. El Consejo de Participación dijo que su salida se debió a motivos personales, pues quería «restablecer su vida normal»; pero la Fiscalía indicó que: «En representación de FGE, Fiscal General Paúl Pérez aceptó propuesta de formar parte de una organización internacional de lucha contra el narcotráfico. Aclaramos que no son motivos personales ni familiares sino institucionales los que llevaron presentar su renuncia».
(PAY)
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