La Asamblea desdeña su ley
EXPRESO
Insólito: el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que regula el funcionamiento de la propia Asamblea Nacional y cuyo texto actual está plagado de deficiencias, contradicciones y vacíos, empezó a debatirse en medio de la indiferencia de los legisladores. Cincuenta ausencias hubo la tarde del martes, en el inicio del debate. La mañana de ayer la sesión se instaló con 97 asambleístas (de un total de 137) pero, tras escasa hora y media de intervenciones, tuvo que ser suspendida por falta de cuórum: apenas 65 quedaban en la sala. Entre los que se retiraron, casi al principio, figura la propia presidenta Elizabeth Cabezas.
“Debería haber 137 pedidos de palabra para intervenir en este debate”, se quejó Mae Montaño ante el espectáculo que le ofrecía un salón semivacío. No le falta razón. Todos en este Pleno (todos aquellos que tienen opiniones, por lo menos) reniegan de la ley vigente. Aprobada a la carrera en 2008 por el llamado Congresillo que presidió Fernando Cordero, la actual LOFL es la causa (o el pretexto) de las más ominosas conductas legislativas: los casos de fiscalización que quedan en el limbo aduciendo vacíos en el procedimiento; los proyectos de ley, los pedidos de fiscalización, las solicitudes de amnistía que duermen por meses en la Presidencia porque los plazos no están debidamente establecidos; los textos de ley que el Pleno termina aprobando sin que sus integrantes lleguen a conocer siquiera su redacción definitiva…
Las reformas que propone la Comisión de Justicia y cuya presidenta, Marcela Aguiñaga, expuso la tarde del martes, contienen soluciones para esos problemas. Y va más allá: reestructura la Comisión de Fiscalización; traslada al Pleno la facultad de decidir el archivo de los juicios políticos; llena vacíos relacionados con el procedimiento de autodepuración legislativa (por ejemplo, incluye el cobro de diezmos como una causal de destitución de asambleístas y establece que, para tomar esa decisión, serán necesarios los votos de las dos terceras partes del Pleno); y propone un Comité de Ética cuya naturaleza está abierta al debate.
El Comité de Ética es la manzana de la discordia. Dos integrantes de la Comisión de Justicia situados en las antípodas del abanico ideológico (la correísta Marcela Aguiñaga y el socialcristiano Henry Cucalón) defienden una idea que puede marcar toda la diferencia: que sea un comité permanente y que actúe de oficio. Esa era la propuesta original que no logró pasar al Pleno de la Asamblea. Lo impidió el voto de Verónica Arias (independiente afín al oficialismo) y el boicot de la presidenta Cabezas. Ella trató de dejar sin cuórum a la Comisión el día en que se votó el informe, y se garantizó la ausencia de los asambleístas de su partido y de Pachakutik. El resultado es un Comité de Ética ocasional que actuará solo ante denuncia expresa (lo cual no es muy diferente de las actuales y no del todo eficientes comisiones investigadoras).
La vicepresidenta Viviana Bonilla lo quiere restringir aún más: no está de acuerdo en que el Comité de Ética califique y sustancie los procesos en contra de los asambleístas porque no cree que un solo organismo pueda hacerse cargo de dos fases de un proceso. La calificación, dice, corresponde al CAL. Lo que hasta ayer aprobaba para la Supercom (en la que recaían no dos, sino tres fases de un proceso: calificación, sustanciación y resolución) hoy le parece mal para el Comité de Ética. Y lo que hasta ayer le tenía sin cuidado, hoy le preocupa: “Yo invito a los legisladores -dijo- a analizar este proyecto tanto como si estuvieran en la mayoría como si en un futuro cercano van a pertenecer a la minoría”. Los tiempos cambian.
El primer debate no concluye todavía. Esto recién empieza y va para largo. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa pueden enmendar algunos de los defectos que han hecho de la Asamblea uno de los organismos peor evaluados del Estado ecuatoriano. O pueden ser una oportunidad perdida. Por el momento, el desinterés de los legisladores en su propia ley parece un pésimo augurio.
Hermuy Calle
Resolución en espera
El CAL trató ayer el caso del legislador correísta Hermuy Calle, a quien la Contraloría resolvió destituir por uso indebido de bienes públicos. Fabricio Villamar (CREO) solicitó se proceda de inmediato a ejecutar la resolución. Sin embargo, se resolvió esperar el pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante el cual Calle presentó una impugnación.
