Estado de excepción carcelario

por Ecuador News · 12 junio, 2019

Se encuentra en vigencia el estado de excepción en las cárceles del país, dictado a consecuencia de la reyerta del jueves 30 de mayo en la Penitenciaría del Litoral, que dejó como saldo cinco internos fallecidos.
La ministra del Interior, María Paula Romo, habría manifestado que esperan implementar un nuevo modelo en que las FF. AA. se encargarán del primer filtro de entrada, mientras que 2.000 policías estarán en los perímetros, filtros y pabellones de seguridad, esperando que 500 nuevos guías salgan de la base de postulantes para la Policía.
En todo caso, la investigación de lo sucedido desnudó una realidad mucho más grave: la existencia en los reclusorios de los llamados “lagartos”, sicarios que asesinan a otros reos a cambio de dinero, o a veces de drogas, grupo integrado por sujetos que tienen condenas de hasta 40 años, en su mayoría enfermos de VIH o tuberculosis.
Estos se encuentran en las regionales de Turi, Latacunga y Penitenciaría del Litoral, según aseguran los guías, y serían los ejecutores de los asesinatos de internos de las bandas que se disputan el poder al interior de los reclusorios, siendo las más grandes las de Los Choneros y Los Cubanos.
Como una de las medidas del estado de excepción se ha dispuesto que los líderes de las bandas que operan en las prisiones sean reubicados en otras prisiones.
Estos internos, divididos en una escala de baja, mediana y alta peligrosidad, serán parte del área de tratamiento especializado para difícil adaptación.
Lo más importante será que tengan algo valioso en qué ocuparse, como el trabajo de talleres, que entendemos se mantiene, así como las facilidades para que muchos de ellos culminen su bachillerato e incluso sigan una carrera universitaria, lo que se facilita ahora con la educación a distancia o digital.
Los grupos evangélicos han cumplido siempre una excepcional misión. Todo ayuda, pero creemos importante la rebaja de penas para los que por su comportamiento lo merezcan.
Como tendrá, al contrario, que plantearse bajar por lo menos a 17 años la imputabilidad por agresiones de género y femicidio, pues muchos adolescentes que no llegan a su mayoría de edad parecen haber tomado esa circunstancia como escudo de sus violentas agresiones machistas.