Contralor apela a la licencia mientras dura el encierro
El Contralor Pablo Celi apela a la licencia mientras dura el encierro en la Cárcel
Desde las 08:00 de este miércoles 14 de abril, el contralor Pablo Celi de la Torre, el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones y 7 sospechosos más pasaron a integrar las casi 40.000 personas privadas de la libertad del sistema carcelario.
Su destino fue la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. Pocas horas antes, alrededor de la 01:00 de la madrugada, los siete sospechosos habían recibido prisión preventiva en su contra, dictada por el juez nacional Felipe Córdova. Una séptima procesada fue llevada a otro centro carcelario.
La medida cautelar fue dispuesta durante la formulación de cargos por presunta delincuencia organizada al integrar una supuesta estructura delincuencial que involucró a la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia.
Un operativo coordinado entre Fiscalía y Policía permitió la detención de nueve personas en 25 allanamientos ejecutados en Quito, Guayaquil y Samborondón. En domicilios y oficinas los investigadores encontraron documentos, computadores, celulares, dispositivos, cajas fuertes, dinero en efectivo, entre otras evidencias.
La audiencia se instaló el martes pasadas las 19:00. El juez, la fiscal Diana Salazar y los defensores ocuparon una sala y los procesados fueron instalados en otra sala de audiencias de la Corte Nacional.
La medida cautelar tomó por sorpresa a procesados como Celi que habían llevado arraigos para presentar. Su defensor Jorge Luis Ortega no esperó los tres días que dice la ley y apeló de inmediato la prisión.
En su escrito Celi señaló al juez Córdova que apela la prisión porque considera que no cumple con los presupuestos constitucionales establecidos en el artículo 77 numeral 1 de la Constitución, que señala que la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena.
Añadió que la medida no contempla los criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
LA FAMOSA FISCAL 10 POR 20 DIANA SALAZAR PIDIÓ PRISIÓN PREVENTIVA PARA LA BANDA DE DELINCUENTES DIRIRIGIDA POR CONTRALOR PABLO CELI
Diana Salazar había pedido prisión preventiva para todos, indicó Pablo Encalada, abogado de Elsie Cueva. La mujer fue descrita en la audiencia como la persona encargada de cobrar cheques entre 2017 y 2019 y sin registrar ninguna actividad económica.
El juez concluyó que Fiscalía no formuló bien el pedido, por ello no se dictaron medidas cautelares en su contra.
Habla Pablo Encalada, abogado de Elsie Cueva
Encalada dice que para su cliente la fiscal Salazar pidió arresto domiciliario. Sin embargo, la defensa de Encalada “fue una alegación técnica de que estaba mal formulado el pedido, de una forma que regularmente opera en el sistema de justicia; esto es que si tiene más de 65 años, entonces le dan arresto domiciliario, y eso no dice la ley”.
Y el juez acogió su solicitud y “concluyó que Fiscalía no formuló bien el pedido, por ello no se dictaron medidas cautelares en su contra”, señaló.
La metodología consistía en el desvanecimiento de glosas a través de la subrogación en el organismo.
Otra procesada que no recibió prisión fue Natalia Cárdenas. Ella obtuvo medidas alternativas. Se presentará cada ocho días en la Secretaría de la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia desde el 19 de abril de 2021. Para ella además se dictó la prohibición de salida del país y colocación del dispositivo de vigilancia electrónica.
Celi y otros procesados por delincuencia organizada, apelarán la prisión dictada en su contra
El caso fue denominado ‘Las Torres’. Según la Fiscalía, la investigación previa inició el 29 de julio de 2019 y en el expediente se habrían practicado diligencias.
De ellas se habría recabado evidencia para presumir que existiría un grupo de funcionarios públicos y personas particulares que conformaron una estructura organizada para cometer delitos que atentan a la eficiencia de la seguridad pública del país.
La fiscal Salazar colocó como líderes del grupo a José Agusto, exsecretario de la Presidencia, y José Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador y familiar de Celi. De la Torre ya admitió en cortes de Estados Unidos la recepción de sobornos. Fue detenido en junio de 2019, procesado y condenado en 2020. Cumplió la prisión dispuesta en su contra.
Me parece que fue excesivo el pedido y orden de prisión para todos porque eso se aplica cuando hay riesgo de fuga.
Juan Pablo OrtIz, abogada de Natalia Cárdenas
La funcionaria aseguró que el objetivo habría sido recibir pagos indebidos por su intermedio, condicionando al pago de planillas. Los consideró autores directos del posible delito. Del contralor Pablo Celi afirmó que dio la disposición de desvanecer glosas para beneficio de la empresa, para cobrar las planillas de Petroecuador.
Las sospechas y los indicios
Alrededor de 16 elementos de convicción sirvieron a la Fiscalía para señalar a los posibles miembros de la estructura.
Entre ellos se encuentran la asistencia penal de Estados Unidos, versiones, informes periciales de documentos y dispositivos que contienen la extracción de audio y transcripción donde se habría coordinado la entrega de pagos indebidos y de chats en el mismo sentido y decretos.
La fiscal Salazar colocó como líderes del grupo a José Agusto, exsecretario de la Presidencia, y José Raúl de la Torre en Petroecuador. Su objetivo habría sido recibir los pagos indebidos por su intermedio, condicionando al pago de planillas. Para la fiscal son autores directos del posible delito. Del contralor Pablo Celi de la Torre la fiscal afirmó que dio la disposición de desvanecer glosas para beneficio de la empresa NoLimit por alrededor de 13 millones de dólares para cobrar
La sospecha de las glosas desvanecidas en la Contraloría
Según las denuncias representarían millones de dólares en perjuicio para el Estado. Se recuerdan los casos Odebrecht, Petroecuador y ahora NoLimit
La detención del contralor subrogante Pablo Celi y otras ocho personas por posible delincuencia organizada revivió las denuncias en contra de su antecesor, Carlos Pólit, sobre el desvanecimiento de glosas para Odebrecht.
La beneficiada con Celi habría sido NoLimit, empresa a la que se le habrían desvanecido glosas por alrededor de 13 millones de dólares. Para ese efecto se le habrían exigido cuatro millones. Al menos ese fue uno de los argumentos que sostuvo la Fiscalía en la formulación de cargos por posible delincuencia organizada en contra de Celi y otros.
Pero en la administración de Celi no es la única denuncia. En junio de 2019 se le acusó por el desvanecimiento de una glosa de 111,9 millones impuesta en septiembre de 2018 por su administración en contra de una operadora móvil. Lo denunció el portal Periodismo de Investigación.
En diciembre de 2019 Celi aseguró la prensa que en ese caso se cumplieron los procesos legales. Decía que es “muy equívoco presentar el resultado del cumplimiento de la ley y del debido proceso por parte de la Contraloría como si fuese una decisión arbitraria del contralor para favorecer a alguien”.
Para el excontralor Marcelo Merlo, viendo la lista de sospechosos, lo que da pena es que la academia sea parte de la corrupción. Para él, eso es peligrosísimo. Justifica que un gran médico, ingeniero o economista, “uno que es vocero y descubren que ha sido corrupto, ya entra en duda los consejos y las opiniones que emite”.
Pero Celi, respaldado por el Consejo de Participación transitorio, no es el único subrogante que ha durado tanto tiempo.
Entre 2003 y 2007 Genaro Peña estuvo de subrogante en la Contraloría. Quedó en el encargo cuando Alfredo Corral cumplió su periodo. La falta de acuerdos en el entonces Congreso hizo que la subrogación se extienda por cuatro años.
A Peña le sucedió Carlos Pólit, quien a su salida estaba por cumplir 10 años y un tercer periodo. Hoy tiene una sentencia por concusión y es prófugo de la justicia. A Celi le subroga Valentina Zárate quien era subcontralora.
En una carta de un banco chino agradecen porque se desvaneció una glosa en la Contraloría. Fue la antesala a la firma de una línea de crédito.
Cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentaron este 16 de abril de 2021 un pedido para que la presidenta del organismo, Sofía Almeida, convoque a una sesión extraordinaria para analizar jurídicamente la situación del contralor subrogante, Pablo Celi.
ACTUALIDAD
Por Marietta Campaña
Desde Quito, en especial para Ecuador News
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