Mamá de reo no sabe que fue masacrado en la Penitenciaría
Mamá de reo no sabe que fue masacrado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil
La mamá del joven, que estaba internado en la antigua Penitenciaría del Litoral, padece de Alzheimer. Ella pregunta a diario por él, y no le han querido confesar lo que pasó para que su salud no empeore.
En la cabeza de Ángela Burgos, David es su niño. Es ese peladito moreno y delgado que corría por las calles del Guasmo sur de Guayaquil, jugando con sus siete hermanos mayores.
La señora, de 70 años, no sabe que su hijo fue a la cárcel, en 2020, acusado de intento de asesinato; ni mucho menos que es una de las 65 víctimas mortales de la masacre carcelaria del 12 de noviembre de 2021, en la antigua Penitenciaría del Litoral.
El Alzheimer juega con sus recuerdos. Los esconde y los revuelve. Elena, hermana mayor de David, fue la última que escuchó la voz del joven, de 35 años, a través de audios de WhatsApp en el que imploraba que cuide de sus hijas, dos niñas de 12 y de 4 años.
David sabía que lo iban a matar. Cumplía su pena en el pabellón 2 de la ‘Peni’, donde se perpetró la última matanza que suma, solo en 2021, a 329 reos asesinados en el sistema penitenciario nacional, sin contar los “suicidados”.
Más de un mes ha pasado y Elena, de 40 años, no sabe nada de su ñaño. Las dos opciones son igual de crueles: o fue incinerado o desmembrado. “Él nos contaba que allí dentro solo había bala y muerto. Lo veía flaquito, y él me decía que comían cuando se podía. Me decía que las cosas estaban negras, pero él estaba tranquilo, porque no pertenecía a ninguna de esas bandas”, recuerda la hermana, quien a más de un mes de haber perdido al menor de sus ñaños, espera los resultados de una prueba de ADN para cumplir su único anhelo, sepultar a su familiar.
Edison Lima, jefe de Criminalística de la Policía Nacional, informó que el reconocimiento de los cadáveres, sobre todo cuando están en mal estado, lleva un tiempo y por eso no se realiza la entrega inmediata.
A las muertes del motín del 12 y 13 de noviembre, los 61 fallecidos se elevaron a 65 porque en primera instancia uno de los heridos en los hospitales murió, luego se ha podido determinar por los estudios realizados a las “piezas anatómicas” encontradas que estas corresponden a tres cuerpos que cumplen con un proceso de acoplamiento. De estos hay 56 identificados y 9 por identificar, hasta la primera semana de diciembre.
Uno de ellos podría ser el hermano de Elena, que trata a toda costa de que su mamá siga pensando en que su hijo no la va a visitar porque está demasiado ocupado trabajando.
VULNERABILIDAD
Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, las familias que no conocen del paradero de sus parientes, que estaban bajo la custodia del Estado, están en condiciones de reclamar la desaparición forzada de los mismos, que es un delito de lesa humanidad, considerado como la más extrema forma de tortura. Detalló que hay una serie de derechos vulnerados en torno a estas desapariciones forzadas.
“Quienes padecen del tormento de no saber el paradero de sus familiares son sus parientes”, comentó.
Dijo que, como en el caso de Elena, muchas veces el servicio de información que se les da es insuficiente para el requerimiento de las familias. “A ellos lo que más angustia les da es la poca información y el maltrato en relación a la ausencia de atención a lo que están sufriendo, respecto al paradero de sus parientes”, comentó.
El trabajo de reconocimiento e identificación fuera más eficiente si el Servicio Nacional de Privados de Libertad (SNAI) tuviese la lista de fallecidos en las prisiones, pero ni siquiera cuenta con el registro total de las personas asesinadas entre las masacres de septiembre y noviembre de este año.
Al dolor de no saber nada de su hermano se sumaba la preocupación de que su mamá se enterara y esto agravara su condición.
En un inicio les habrían dicho que era a ella a quien tenían que sacarle las muestras de ADN para identificar los restos de su ñaño. Sin embargo, la semana pasada la toma fue realizada a una de sus hijas.
“A nosotros nos cuesta movilizarla, porque a ella hay que llevarla en taxi. Su enfermedad hace que se ponga agresiva y muchas veces ha intentado escaparse de la casa”, contó.
Esa falta de dinero es la que no solo ha hecho que su madre no pueda tratarse de la manera adecuada, sino que fue la que hizo que jamás pudiera visitar a su ñaño en prisión. También hizo que las diligencias sobre su caso se tardaran o no tuvieran posibilidad de ayudarlo porque, según ella, jamás le asignaron a un abogado y ellas no tenían como pagar uno.
CAUSAS
Freddy Viejó, de la Defensoría de Pueblo y quien lleva los casos de las masacres carcelarias, contó que cuando pasaron las masacres no había “información completa” sobre las víctimas, de parte del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).
“Nosotros abrimos una investigación defensorial el 17 de noviembre de 2021. Hemos recibido nula información (de parte de la SNAI), y lo que nos dicen es que esa información es reservada y confidencial”, comentó.
Añadió que solicitaron datos de los privados de la libertad que fallecieron en las masacres de 2021, las condiciones jurídicas de cada uno, “porque en la última masacre hubo víctimas que no tenían sentencia, que se presumía su inocencia, y estaban entreverados con personas que tenían sentencias”, dijo.
De todas estas irregularidades también habla Navarrete, quien explicó que muchas familias viven en un estado de vulnerabilidad y desconocimiento tal, que no saben los procedimientos a seguir en cuanto a pelear por sus derechos.
Esto sintió Elena cuando su hermano ingresó a prisión. Se debería entre el problema legal de su pariente y procurar que esta noticia no enfermara más a su madre que, por falta de recursos, no recibe tratamiento.
Cada día que pasa, Ángela pregunta más y más por su David. Lo que antes podían solventar con llamadas, que calmaban a la señora, ahora tratan de aplacarlo con “ya regresa, mami, que salió”.
Quizá a Ángela le funcione la oración, pero Elena sigue rogando que, al menos, le digan que encontraron los restos de su hermano para tener un lugar donde irlo a llorar.
PRUEBAS DE ADN: LOS RESULTADOS PODRÍAN ESTAR EL PRÓXIMO AÑO.
Para que el fragmento de un hueso de las víctimas quemadas en la Penitenciaría del Litoral esté apto para extraer una muestra de ADN debe pasar al menos una semana. Este proceso es solo una parte del estudio total que puede durar entre 45 y 50 días para llegar a un perfil genético y luego ser identificada.
Normalmente el hueso es un elemento resistente que puede ser analizado de distintas formas, incluso desde los tejidos que se queden en la pieza. Pero en el caso de los reos, el daño era tal que a varias víctimas hubo que sacar piezas molares para triturarlas y así obtener material de análisis.
“Eran cuerpos totalmente carbonizados, no había sangre, no había nada de dónde tomar ADN, los huesos se deshacían, se tomó de dientes, fémures y cavidad craneal”, explicó Ilich Murillo, perito en genética forense del Servicio Nacional de Medicina Legal en Guayaquil.
Murillo detalló que una vez encontrado el lugar de donde se puede sacar la posible muestra, pasa por etapas hasta convertirlo en polvo (revisar imágenes), ese tratamiento demora generalmente una semana.
Sin embargo, luego debe cumplir una fase de incubación para convertir ese polvo en líquido, que al ser sometido a pruebas técnico científicas permiten que el ADN aparezca “en forma eluida”, flotante o separada del líquido en el que se lo convirtió hace unas semanas.
Recién el lunes 6 de diciembre el Servicio Nacional de Medicina Legal inició el proceso para identificar los cuerpos de la masacre del 12 y 13 de noviembre.
VISITAS A CÁRCELES BUSCAN LA PAZ ENTRE BANDAS
En un plazo de seis meses se intentará buscar la paz en las cárceles del Ecuador. La Comisión de Pacificación, integrada por nueve delegados nacionales y extranjeros, inició un plan de ruta para visitar los complejos carcelarios más grandes.
El grupo de expertos planea entrevistarse con detenidos y miembros de bandas delictivas para llegar a acuerdos y evitar nuevas masacres. Este es uno de los objetivos principales de este proceso, pues durante 2021, en las prisiones de Ecuador han sido asesinados 315 presos. Se trata del peor año en la historia del sistema de rehabilitación del país.
El presidente Guillermo Lasso conformó esta Comisión, que está integrada por delegados de la sociedad civil, academia, Iglesia, entre otros. Ellos ya iniciaron su gestión al visitar la cárcel Regional de Guayaquil.
Ese centro penitenciario fue escenario de disputas entre prisioneros desde enero del 2021. Por eso, los delegados recorrieron las instalaciones y dialogaron con los encargados de Seguridad Penitenciaria. Esta visita se registró hace 10 días; los detalles se conocerán en el informe que están elaborando.
En ese documento también se adicionarán los hallazgos de una segunda visita, realizada el pasado lunes. La Comisión se adentró en la cárcel de Cotopaxi. Allí acudieron a los talleres de pintura, artesanías, costura y educación.
La idea es levantar información sobre las condiciones de vida de los detenidos y establecer una ruta para mejorar la segmentación de las celdas. Por eso, el Gobierno impulsa a la par un proceso de censo para determinar con exactitud cuál es la población que habita en las cárceles, sus principales problemas, el número de reos con sentencia o los detenidos en proceso de prelibertad…
Pero organismos como la Asamblea Nacional ya emitieron informes que reflejan la realidad del sistema carcelario. En esa investigación se advierten hechos concretos, como el dominio de una banda delictiva dentro de la cárcel de Cotopaxi. Según el informe legislativo, los líderes de esta organización criminal tienen el poder de manejar las celdas y suministrar alimentos, medicinas y armas a los demás detenidos. Incluso han instaurado un sistema económico a base de extorsiones.
El proceso de pacificación busca evitar que esto siga pasando. Los delegados, además de entrevistarse con los detenidos, tendrán encuentros con las familias de los internos. Con ellos se buscará determinar la forma cómo se ejecutan las extorsiones. También se intenta establecer, desde su óptica, cuáles son las necesidades básicas de sus parientes en el sistema carcelario.
Otra línea de trabajo de la Comisión es alcanzar acuerdos base, para que las personas enfermas tengan un tratamiento adecuado y estén en pabellones exclusivos.
La clasificación de presos es otro punto que se busca mejorar, pues actualmente la segmentación se realiza con base en la agrupación delictiva. Así lo confirman los agentes de seguridad penitenciaria. Los uniformados señalan que cuando una persona llega a la cárcel se le pregunta a qué organización pertenece. Si la persona no es parte de ninguna red tiene que elegir y se convierte en un integrante más de las bandas.
Esto ha sido analizado por Nelsa Curbelo, parte de la Comisión, y quien ha trabajado en otros procesos de paz, como con las pandillas de Guayaquil.
Curbelo considera que son vitales el diálogo y la reparación integral de las familias de las personas asesinadas en prisiones. Ella dice que hay que encontrar la brecha para que algunos de estos grupos puedan cambiar el eje de su interés primordial y que quieran vivir de otra manera. El objetivo principal es alcanzar la paz con base en acuerdos entre las propias bandas en el interior de los centros carcelarios.
La Comisión también analiza la situación de la Penitenciaría de Guayaquil, la más peligrosa del país. La Policía ha señalado que allí funcionan mafias ligadas a carteles del narcotráfico mexicano y colombiano. Los delegados tienen planificado ingresar a ese centro en los próximos días.
El Gabinete Sectorial de Seguridad informó ayer, 26 de diciembre del 2021, que las Fuerzas Armadas continuarán respaldando la labor de la Policía en el exterior de los centros penitenciarios. Esto frente a la culminación del estado de excepción, este martes 28 de diciembre. “Al interior de los centros se mantendrán las fuerzas de reacción para una actuación inmediata”, informó el Ministerio de Gobierno en un comunicado.
INFORME ESPECIAL
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News
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