Sandra Jiménez recalcó que este procedimiento se ha ido dilatando últimamente con mayor frecuencia que en años anteriores, “nadie nos da una respuesta, nadie asume la responsabilidad”, lamentó.
Sobre este caso, luego de más de ocho meses de que la jueza de Pichincha, Luz María Ortiz, suspendiera la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de un policía y dos militares durante el 30-S, la jueza penal dispuso que el próximo 7 de abril se reinstale la diligencia para conocer la resolución respecto a los vicios de nulidad expuestos por abogados de los nueve militares activos y pasivos investigados.
Jiménez culpó al Estado y al poder judicial de la demora en esta investigación y mencionó que el Consejo de Seguridad Nacional no ha desclasificado la información. “Esta institución está presidida por el Presidente de la República”, aseguró Jiménez.
Además, manifestó que, hasta el momento, no se ha podido establecer un responsable por parte de Fiscalía y recalcó que si el Ecuador, el poder Ejecutivo y Judicial no tienen la capacidad de entregar una respuesta, se archive el caso, “han pasado 11 años y el desgaste emocional, psicológico y económico de la familia no da para más”, enfatizó.
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