En Notimundo al Día, Mauricio Riofrio, presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto, informó que se lleva adelante una investigación por el presunto caso de nepotismo al interior del Municipio capitalino, donde Juan Javier D., hijo de la concejala Soledad Benítez, fue presuntamente contratado como funcionario directivo 5 del cabildo, por pedido del edil Luis Reina.
Riofrio sostuvo que este hecho, que habría ocurrido entre 2017 y 2018, se puso en conocimiento de la alcaldesa subrogante Brith Vaca para que se solicite la intervención de la Contraloría General del Estado, por medio de una auditoría para que, de ser el caso, se impongan las sanciones correspondientes a los responsables de este acto de corrupción.
Riofrio adelantó que este no sería el único caso de esta mala práctica en el Municipio, donde se favorece a los familiares de funcionarios sin tomar en cuenta méritos o experiencia, pero señaló que se respetará el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Añadió que el organismo que preside no está para perseguir a nadie, sino que busca que se respete la ley.
Manifestó que la información correspondiente ya ha sido entregada de parte de la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos para hacer el análisis respectivo y determinar responsabilidades, pues también se desprendería el delito de tráfico de influencias.
«Lastimosamente, habría que tener un ejército de funcionarios que estén atrás de otros para que no se cometan estas irregularidades», lamentó Riofrio. No obstante, señaló que es importante prevenir y detectar a tiempo estos casos para poder actuar.
Asimismo, precisó que desde octubre de 2021 que asumió el cargo se han analizado 129 procesos de contratación pública, que representan USD 221 millones.
Riofrio aseguró que también ya se visualizan resultados en las investigaciones que Quito Honesto ha ejecutado, destacando que de 43 denuncias que se han recibido, se han archivado 22 por no tener el sustento necesario; 9 procesos por acciones administrativas, 8 se han enviado a la Contraloría, 1 al Ministerio de Trabajo, y otro a la Fiscalía General del Estado.
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