‘Amplia unidad’ ciudadana para afrontar la terrible delincuencia
Guillermo Lasso pide ‘amplia unidad’ ciudadana para afrontar la terrible delincuencia que azota a Ecuador…
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llamó este sábado 28 de mayo a una “amplia unidad” de la ciudadanía para afrontar al “único enemigo, que es la delincuencia“, en medio del repunte de la violencia e inseguridad en el país.
“Convoco a una amplia unidad de la sociedad ecuatoriana para combatir al único enemigo, que es la delincuencia. Con la seguridad de un pueblo no se juega ni se hace política, por la seguridad se trabaja coordinadamente sobre cualquier diferencia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
En referencia a ese trino, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, escribió que “enfrentar la inseguridad y la violencia es el gran desafío”.
“Vamos a contener la arremetida del crimen organizado, presidente Guillermo Lasso. Unidos contra los violentos, que la indiferencia de pocos no nos desanime. Policía, con fuerza, convicción, firmeza y bajo legalidad”, añadió.
Esta semana, comenzó el proceso de integración de nuevos policías, que son parte del plan de incorporar 30 000 nuevos miembros para esa institución anunciado por Lasso a fin de contrarrestar la violencia y la inseguridad.
El pasado martes, al cumplir el primero de sus cuatro años de Gobierno, Lasso aseguró que en el país hay 53 000 policías y reiteró que invertirán USD 1 200 millones en los próximos tres años para fortalecer a la Policía Nacional, que junto con los militares, afrontan ahora una de las mayores preocupaciones ciudadana: la inseguridad.
De acuerdo con Lasso, en 2021 se desarticularon más de 1 350 bandas y se incautaron más de 7 500 armas y 231 toneladas de droga, “un récord histórico para Ecuador”.
“En lo que va de 2022 ya son 85 toneladas, el triple de lo incautado el año anterior en el mismo período”, dijo durante su discurso del primer aniversario de Gobierno en el que atribuyó los altos índices de violencia, principalmente, a las reacciones de narcotraficantes por la lucha antidrogas del Gobierno.
Este sábado, la Policía informó de una nueva incautación de aproximadamente una tonelada de droga en el área de carga del aeropuerto de Quito, oculta en un contenedor con alimento para ganado.
TERRIBLE FLAGELO
El flagelo del crimen organizado y del narcotráfico, a los que se suman la delincuencia común y una crisis carcelaria sin precedentes, ubican a Ecuador como el país con el aumento más acelerado de homicidios de toda la región y reflejan que la realidad supera a la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso.
Si en 2021 la nación andina registró más de 2.400 asesinatos, alcanzando los 14 homicidios por 100.000 habitantes (la tasa más alta en una década, según la fundación InSight Crime) y prácticamente doblando la cifra de 2020, solo entre enero y abril de este año ya van más de 1.200 muertes violentas contabilizadas por la Policía Nacional.
El docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Daniel Pontón recuerda que Ecuador experimentó entre 2009 y 2010 tasas cercanas al 19, pero vaticina que si nada impide la tónica actual, «se podría superar con creces esa cifra y estar a la par que países centroamericanos o Venezuela».
Coincide con él Carolina Andrade, experta en seguridad ciudadana, al subrayar que si el Ejecutivo no toma acciones de contención, como el último estado de excepción focalizado en tres provincias, «podríamos dispararnos a niveles muy cercanos a México», que cerró 2021 con una tasa de 25,8, conforme al Observatorio de Homicidios del Instituto Igarapé.
FORMAS INÉDITAS DE VIOLENCIA
Cifras aparte, el repunte de la violencia con formas hasta ahora inéditas se evidencia este año en sucesos tales como la aparición de cadáveres colgados de un puente en la provincia de Guayas, vehículos bombas en Esmeraldas tras decomisos importantes de droga, así como la explosión de drones en entornos carcelarios, que apuntan a una «mexicanización» de las prácticas delictivas.
«Esta violencia no solo es cuantitativa, sino cualitativa y bajo una lógica de amplificación mediática que genera mucha preocupación», alerta Pontón sobre un fenómeno «que empieza a ser cotidiano» y llegar a tener un efecto de «derrame».
El síntoma más claro del deterioro de la situación en un país que, hasta hace poco más de un lustro era considerado el segundo más seguro de Suramérica, es el repunte de los sicariatos bajo modalidades que van más allá del ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
Esta práctica está generando verdadera conmoción social porque muchos son grabados por cámaras de vigilancia a plena luz del día, incluso ante la presencia de niños y con objetivos variopintos que van desde una fiscal, abogados y empresarios hasta individuos aparentemente no vinculados a actividades delictivas.
«Al principio el Gobierno planteaba que era un problema entre bandas del narcotráfico, pero empieza a haber sicariatos para resolver conflictos triviales», insiste Pontón al anotar que el 70 % de las provincias ecuatorianas muestran tasas significativas de homicidios.
CRISIS CARCELARIA
Capítulo aparte merece la crisis carcelaria que en los dos últimos años se ha cobrado la vida de más de 400 reclusos en sanguinarios enfrentamientos entre clanes rivales y sus escisiones involucradas en el negocio de la droga, que a la vez se disputan el control de las prisiones y las calles.
La violencia en las cárceles ha sido exponencial: en 2020 fueron 46 los presos asesinados, un año después ascendieron a 316 en distintas matanzas, y este 2022 va camino de reproducir el patrón al
acumular de momento 64 muertes, las últimas en una carnicería con 44 cadáveres apilados en el patio de la prisión de Santo Domingo.
Pontón enmarca estas acciones bajo el concepto de «violencia comunicacional» en un mundo globalizado, «donde los criminales saben que esa violencia se difunde y marca territorio bajo una lógica instrumental».
El analista alerta que no se explica el ensañamiento de estos clanes, reflejado en decapitaciones y brutalidad extrema, «influencia de los carteles que hace rato están en Ecuador».
MEDIDAS RECIENTES
El presidente Lasso ha anunciado que destinará 1.200 millones dólares para combatir la inseguridad, ha establecido una Comisión de Pacificación para fortalecer el sistema penitenciario, ha avanzado una ley de seguridad ciudadana y prevé incorporar 30.000 policías al combate de la criminalidad.
Sin embargo, Andrade valora que las decisiones están llegando tarde y de manera improvisada al
censurar la falta de perfiles civiles para enfrentar un fenómeno multidimensional.
«Por primera vez en 20 años todo el sector de la seguridad se encuentra bajo la responsabilidad del servicio pasivo militar y policial», cuestiona.
Propone implementar las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU respecto a la problemática carcelaria, mejorar capacidades operativas y apostar por el eje preventivo contra la delincuencia común.
Su colega es partidario de intervenciones contundentes y separación de presos según su perfil, y combatir el narcotráfico con inteligencia estratégica sin desdeñar la alta impunidad «en un sistema permeable a la corrupción y al crimen organizado».
INFORME ESPECIAL
Por Tyrone Florencia corresponsal de Ecuador News en Guayaquil
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