Caso de periodistas de El Comercio, sigue impune
A cinco años del secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, el caso sigue impune; las agresiones a comunicadores se recrudecen
Familiares de las victimas reclaman justicia y la desclasificación de documentos. Hay diez periodistas en el programa de víctimas y testigos.
Este domingo 26 de marzo se cumplen cinco años del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, Javier Ortega (periodista), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor),a manos de miembros del grupo armado colombiano Frente Oliver Sinisterra. Sus captores los atraparon en Mataje (Esmeraldas), donde el equipo se encontraba realizando una cobertura de la situación de violencia que se vive en San Lorenzo y la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Su muerte se confirmó en abril.
Los familiares aguardan con indignación que se haga justicia, reclaman que el presidente Guillermo Lasso cumpla su palabra, liberando los documentos que están bajo reserva, y exigen que el Estado implemente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En septiembre de 2022 el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, en entrevista con EL UNIVERSO, dijo que ya había un informe jurídico, cuyos fundamentos iban a ser analizados en la siguiente reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), la cual se daría ese mismo año, pero que dependía de la agenda del presidente Guillermo Lasso y de los demás miembros del Consejo.
Han pasado seis meses de aquella entrevista y la información continúa sin ser desclasificada.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl, sospecha que, al parecer, no le conviene al Gobierno la desclasificación porque afectaría las relaciones con Colombia. Por ello,se pregunta qué contienen esas actas y las grabaciones, que se han guardado con tanto recelo desde el gobierno del presidente Lenín Moreno.
Rivas cuenta que en septiembre del año pasado tuvo una reunión con Paola Flores, entonces secretaria de Derechos Humanos del Gobierno, para hablar sobre las recomendaciones de la CIDH. El encuentro resultó infructuoso porque al cabo de dos meses, en noviembre, la funcionaria entregó un documento en el que se indicaba que la Secretaría solicitó informes a la Fiscalía, Fuerzas Armadas y al Consejo de la Comunicación, indicando qué acciones han realizado.
“Yo no pedí informes, pedí que nos sentemos a hablar de los mecanismos de implementación que expidió la CIDH y que se desclasifique la información”, indica Rivas.
Con la Fiscalía tampoco hay progreso, la investigación está estancada.Lamenta que no hay iniciativa de la institución por esclarecer los hechos.
Los familiares de Javier, Paúl y Efraín realizarán un plantón el lunes 26 de marzo afuera del Palacio de Carondelet, en el centro de Quito, para reclamar atención del Gobierno. En esta acción también participarán familiares de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, desaparecidos, mujeres víctimas de femicidio, entre otros casos.
La impunidad en el caso Nos Faltan Tres ha desembocado en que ocurran más agresiones a la prensa y sus trabajadores, con la intención de silenciar a los medios de comunicación a base del miedo, observa Rivas. La evidencia son los atentados que se han perpetrado en 2022, donde hubo tres periodistas asesinados, más los recientes ataques dirigidos a cinco periodistas, registrados el lunes 20 de marzo.
Después del rapto y cruel asesinato del equipo de El Comercio la zona donde ocurrieron los hechos ha quedado aún más olvidada. “Son zonas silenciadas por el temor de que algo pueda pasarles nuevamente a los periodistas. Y eso es lo que el crimen organizado, las acciones ilegales e incluso autoridades que están metidas en corrupción tratan de que se evidencie para que exista temor en la sociedad y no vivamos realmente en democracia, porque uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión”, comenta el hermano del fotógrafo Paúl Rivas.
Atentados recientes a periodistas engrosan la lista de agresiones
Los atentados dirigidos a cinco periodistas el lunes 20 de marzo, mediante sobres que contenían pendrives conocidos como USB Killer (artefactos diseñados para detonar con una carga de electricidad), encendieron nuevamente las alarmas acerca de los riesgos que enfrentan quienes ejercen la profesión.
Los sobres tenían como destinatarios a los periodistas Lenin Artieda, de Ecuavisa; Carlos Vera, de Centro Digital; Milton Pérez, de Teleamazonas; y Miguel Rivadeneira, de radio Exa. Se sabe, según información preliminar de la Policía, que los paquetes fueron enviados desde Quinsaloma (Los Ríos), por una misma persona. La Fiscalía abrió una investigación de todos los casos como un presunto delito de terrorismo.
Las autoridades se han mantenido cautas al no adelantar posibles hipótesis de si los ataques tienen un trasfondo político o si están relacionados con el crimen organizado.
Lo ocurrido se suma a más agresiones, amenazas, amedrentamientos y hasta asesinatos de tres comunicadores en 2022, cuyos procesos esperan por justicia.
Mike Cabrera, periodista de Nexo Digital, fue asesinado con disparos el 24 de julio, en Portoviejo, mientras conversaba con algunas personas. Gerardo Delgado Olmedo, del medio digital Ola Manta, fue baleado en su vehículo el 10 de agosto, en la parroquia Colorado de Montecristi. Henry Vivanco, cronista gráfico, fue encontrado sin vida y con signos de tortura el 13 de noviembre, en Huaquillas.
Además, en octubre, el canal RTS y la redacción de los diarios Expreso y Extra fueron atacados y recibieron panfletos con amenazas. Las investigaciones de estos eventos tampoco prosperan.
Organizaciones civiles como Fundamedios y Fundación Periodistas Sin Cadenas, más el Consejo de Comunicación llevan registros que dan cuenta del peligro.
Entre enero y marzo de 2022, Fundamedios ha emitido 57 alertas contra la libertad de expresión y prensa. Según sus registros, entre 2007 y diciembre de 2022 hubo 356 agresiones contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación que vulneraron los derechos de libre expresión, prensa y acceso a la información. Este número de alertas ha sido el más alto desde 2018.
Periodistas Sin Cadenas recopila un total de 406 agresiones a la prensa y 408 periodistas agredidos entre enero y diciembre del 2022. La fundación, además, resalta que en el paro nacional de junio se incrementaron drásticamente los casos contra la prensa. En lo que va del 2023 la organización reporta 38 agresiones relacionadas con impedimentos de cobertura, descalificaciones y agresiones físicas.
El Consejo de Comunicación, cuya composición es estatal, cuenta 11 ataques a medios de comunicación y 45 agresiones a periodistas, en 2023. La mayoría corresponde a obstrucción al trabajo periodístico; a continuación están el ciberacoso, agresión verbal, atentados, censura, ciberataque, hostigamiento a través de la justicia, estigmatización, robo o eliminación de material periodístico, secuestro y daño a la propiedad privada. La provincia que más casos tiene es Guayas, con 21.
En el periodo comprendido desde el 23 de julio de 2021 hasta octubre de 2022 hubo 330 casos, según el Consejo. Además, se advierte que en zonas fronterizas la situación es más compleja porque los comunicadores han preferido callar, por miedo a represalias.
Por otro lado, de acuerdo con datos del Consejo existen diez periodistas que son parte del programa de víctimas y testigos de la Fiscalía.
La impunidad es el factor común en todos los casos, señala Diana Romero, coordinadora de la Fundación Periodistas Sin Cadena. “Todas estas cosas han venido ocurriendo con una frecuencia preocupante, importante, y me parece que son advertencias, que cada vez más nos dicen que tenemos que hacer algo al respecto. El Estado tiene que garantizar que los periodistas puedan hacer su trabajo con la seguridad que necesitan”, reflexiona Romero.
Añade que se evidencia una “desidia estatal por investigar y llegar a las últimas consecuencias”, empezando por el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, conocido como caso Nos Faltan Tres. “Ese caso va a cumplir cinco años y está en la impunidad, no hay en Ecuador ningún procesado al respecto, el tema sigue en indagación previa. No ha avanzado nada en cinco años. Muchos personajes públicos políticos han ofrecido cosas al respecto y nadie ha cumplido nada”, recrimina.
Reformas a la Ley de Comunicación aún sin reglamento
Desde noviembre está en vigencia la reforma a la Ley de Comunicación; sin embargo, el Ejecutivo todavía no emite el reglamento correspondiente.
El artículo 42.1 se refiere a la protección a los trabajadores de la comunicación que por sus actividades profesionales corra riesgo su vida, para lo cual el Consejo de Comunicación elaborará y coordinará con las instituciones respectivas políticas públicas, protocolo, proyectos, planes y programas.
La norma crea el Mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico como instancia técnica estatal para garantizar la seguridad en el ejercicio del trabajo periodístico. El ente será responsabilidad del Consejo de Comunicación.
César Ricaurte, director de Fundamedios, cuestiona que hasta el momento no exista el reglamento que instrumente la forma en que debe funcionar el Mecanismo. A su criterio, el ente debe operar en dos niveles (prevención y protección) y no quedarse en una figura institucional, sino ser efectivo en resguardar a los trabajadores de la prensa.
Ricaurte también reclama que las agresiones no queden impunes, ya que el olvido del caso Nos Faltan Tres da “la sensación de que se intenta encubrir las posibles responsabilidades estatales o de agentes estatales, porque en el Ecuador lo que se debería investigar es justamente eso: la responsabilidad Estatal por acción u omisión en este crimen”.
Además, los últimos acontecimientos contra figuras más reconocidas del medio proyectan que detrás de los atentados, y la forma cómo fueron orquestados, el propósito sería enviar un mensaje al país de caos social e institucional, comenta el director de Fundamedios.
La presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, condena los ataques y señala que el organismo ha buscado que en el Ejecutivo se mueva el caso de El Comercio. Indica que la Fiscalía ha manifestado que la investigación no avanza porque no cuentan con la información de los documentos reservados.
Explica que si bien se requiere del reglamento, el Consejo ya activó el Mecanismo de Prevención para articular acciones con otras instituciones y aplicar los protocolos que posee cada entidad.
Cruz destaca que la reforma a la Ley de Comunicación, no obstante, critica que no se incluyó la creación de fondo con recursos que financien la protección a los comunicadores amenazados, como existe en otros países.
De ahí que su propuesta es debatir una nueva reforma a la ley que incorpore este tema, ya que el presupuesto del Consejo actualmente ronda los $ 3 millones y cerca del 95 % se va en gasto corriente.
Indica que las denuncias que recibe el Consejo son canalizadas directamente a la Fiscalía y se da seguimiento. Además, se hizo un convenio con la Defensoría Pública para que los periodistas cuenten con patrocinio legal sin costo.
“Todo acto en contra de cualquier periodista es una afectación a la libertad de expresión. Hay que entenderlo con toda la madurez que un Estado democrático necesita criterios diversos”, resalta la titular del Consejo de Comunicación. (I)
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
Fuente: El Universo
Por: NotiMundo
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