Una victoria que tardará muchos años en confirmarse
La Corte Internacional de Justicia se negó a ordenar medidas contra Ecuador por el allanamiento a la embajada de México en Quito
El Tribunal consideró las que las promesas hechas por Ecuador “abarcan las preocupaciones expresadas por México” sobre la protección a las sedes diplomáticas. «Por el momento no existe urgencia” de requerir órdenes preliminares», falló la corte de manera provisional.
El máximo tribunal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia en La Haya, se negó el jueves de la semana anterior a ordenar de inmediato a Ecuador que proteja las propiedades diplomáticas mexicanas tras el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar a un ex vicepresidente.
El presidente de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam, dijo que las promesas hechas por Ecuador en una carta dirigida a la Corte y en audiencias públicas el mes pasado “abarcan las preocupaciones expresadas por México” en su solicitud de medidas provisionales.
Subrayó que dadas las promesas de Ecuador, “la Corte considera que por el momento no existe urgencia” de requerir órdenes preliminares.
El asalto del 5 de abril, ocurrido horas después de que México concediera asilo al ex vicepresidente Jorge Glas, provocó condenas generalizadas en América Latina y agravó las tensiones ya crecientes entre ambos países desde que Glas, un criminal convicto y prófugo, se cobijó en la embajada mexicana en diciembre.
El presidente mexicano exhibió imágenes en las que se ve a los policías ingresar con violencia a la sede diplomática y agredir al ex vice ecuatoriano Jorge Glas.
En una audiencia a fines del mes pasado Alejandro Celorio Alcántara, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo a la Corte Internacional de Justicia que las acciones de Ecuador habían cruzado «líneas en el derecho internacional que no se deben traspasar».
Qué pide México al Tribunal
La audiencia del jueves aún formaba parte de una fase preliminar del caso presentado por México, que acusa a Ecuador de violar el derecho internacional y pide a la Corte que suspenda la membresía de Ecuador en Naciones Unidas hasta que el país emita “una disculpa pública reconociendo la violación a los principios fundamentales del derecho internacional” y acepte una reparación.
Es probable que el caso tarde años en resolverse.
En tanto, México pidió a la Corte que ordene a Ecuador tomar “medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad a los recintos diplomáticos” y prevenir futuras intrusiones. Además, quiere que Ecuador permita a México desalojar sus instalaciones diplomáticas y las viviendas de los diplomáticos en el país.
Ecuador acogió la decisión con beneplácito y aseguró que “confirma el carácter innecesario de la solicitud” realizada por México.
En un comunicado publicado en Quito, la cancillería ecuatoriana señaló que el pedido se había realizado sin tener en cuenta las repetidas seguridades señaladas por Ecuador “de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la embajada de México”. También aseguró que permitiría retirar todas sus propiedades de los locales y residencias privadas de los diplomáticos.
Por su parte, al ser consultado sobre la decisión de la Corte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que el caso “va a llevar tiempo” y reiteró que México busca con la demanda que quede un precedente para que nunca se repitan hechos de ese tipo.
López Obrador dijo que espera que el pueblo ecuatoriano ayude a cuidar las propiedades diplomáticas porque “no le tenemos confianza al gobierno” del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, al que llamó “autoritario”.
Durante su conferencia matutina, el mandatario acusó al gobierno de Noboa de ser un “desconocedor del derecho internacional, irrespetuoso, que violó nuestra soberanía”, y descartó la posibilidad de restablecer las relaciones con el país andino hasta que no ofrezca una disculpa pública.
“Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país”, agregó.
En audiencias públicas en la Corte con sede en La Haya, el responsable del equipo legal de Ecuador, Andrés Terán Parral, defendió la redada en la embajada mexicana y dijo a los jueces que su país había actuado para detener a Glas, al que describió como un “delincuente común”.
También afirmó que no hacía falta que la Corte Internacional de Justicia interviniera porque Quito ya había tomado las medidas solicitadas por México.
Lo que viene
Los representantes de los dos países expresaron satisfacción con la postura del tribunal. “El gobierno de México se siente muy satisfecho por la orden emitida por la CIJ (…), porque reconoce (…) que la inviabilidad de una misión diplomática es absoluta”, dijo al retirarse el agente principal de México, el jurista Alejandro Celorio.
Por su parte, el agente de Ecuador, Andrés Terán Parral, señaló que su país “se mantiene en estas garantías [ofrecidas al tribunal] y da la bienvenida a esta decisión de la CIJ”. En un comunicado divulgado en Quito, la cancillería ecuatoriana señaló que la decisión de la CIJ “confirma el carácter innecesario de la solicitud” presentada por México.
No obstante, el fallo leído por el juez Salam enfatizó “la importancia fundamental del principio consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”. De acuerdo con la CIJ, “no existe un requisito previo más fundamental para el desarrollo de las relaciones entre Estados que la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y de las embajadas”.
En el próximo paso, los jueces de la CIJ analizarán el mérito de la cuestión, en que México acusa a Ecuador de “violar la legislación internacional”. México también demandó a la CIJ la suspensión de Ecuador de la ONU hasta que presente disculpas por lo ocurrido.
Las sentencias de la CIJ son vinculantes y las partes están obligadas a cumplir con ellas. Aunque la corte no posee mecanismos coercitivos para hacer cumplir sus decisiones, la presión diplomática y la reputación internacional suelen motivar a los países a acatar las resoluciones del tribunal.
En casos donde surjan diferencias durante la implementación de la sentencia, la CIJ puede ser solicitada para resolver disputas adicionales o aclarar aspectos. Esto asegura que el fallo se ejecute conforme a los términos dictados por el tribunal.
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