¿Cuál es el balance en Ecuador tras seis meses de conflicto armado interno?
Cada uno tiene su respuesta
Lamentablemente, Ecuador sigue polarizado en el aspecto político, lo que impide mejorar la labor del gobierno en cuanto a seguridad y al mismo tiempo, comprender los avances en seguridad. Algunos sectores acusan al presidente Noboa de estar mas pendiente de su reelección que de hacer bien su trabajo. Otros opinan lo contrario
El sonido de las balas en el pasillo del canal de televisión todavía retumba en los recuerdos de Johanna Cevallos, periodista con casi dos décadas en el oficio, que la ha llevado a contar los problemas de quienes viven en los barrios más precarios de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.
Han transcurrido seis meses desde que un grupo de trece criminales entraron a la fuerza al medio de comunicación TC Televisión. Los sujetos aparecieron encapuchados, alterados, nerviosos, apuntando con pistolas a periodistas, camarógrafos, sonidistas en medio de un programa de noticias que se transmitía en directo. El país nunca había vivido un secuestro en televisión nacional.
Johanna no se sentía bien ese 9 de enero y pensó, por un momento, en reportar que estaba enferma. Pero decidió entrar como todos los días en la madrugada para los informativos de la mañana y las coberturas en los barrios. Las calles de Guayaquil estaban calientes por esos días y todos intentaban trabajar con normalidad. “Ya estaba por salir cuando vi cómo los delincuentes entraron apuntando con armas”, relata la mujer.
Siguen presente el drama
Todos corrieron intentando esconderse en lugares remotos. “Un compañero me agarró y me metió en una oficina y nos ocultamos por el escritorio, y escuchábamos los insultos y el rastrillado de las armas”, recuerda la periodista que intentaba mantener la calma. Hasta que en un momento escuchó a uno de los criminales decir una frase que la desbarató: “Tengo ganas de matar”.
Fueron los minutos más largos para todos los secuestrados, que intentaban guardar la calma hasta ser liberados. Los criminales tomaron como rehenes al presentador José Luis Calderón a quien le pusieron una dinamita en el bolsillo de la chaqueta como amenaza para detener una intervención de la fuerza pública.
“Cuando escuché a la Policía comencé a temblar, tuve una crisis de estrés que jamás había experimentado”, añade Johanna, quien lamenta que la situación del país no ha cambiado desde entonces, a pesar de la declaratoria de conflicto armado interno, que por primera vez un mandatario activó en el país.
Punto de inflexión
La toma del canal TC Televisión fue el punto de inflexión en la violencia que atraviesa Ecuador desde hace tres años. Unos días antes de ese episodio, las autoridades se habían dado cuenta que les hacía falta el preso más peligroso de una de las cárceles de máxima seguridad, se trata de José Adolfo Villamar, alias Fito, líder del grupo criminal Los Choneros.
La fuga de la cárcel regional del peligroso criminal encendió la chispa para una serie de eventos violentos en siete prisiones del país. Los presos secuestraron a policías, guías penitenciarios y personal administrativo. Mientras en las calles, las bandas delincuenciales explotaban coches bomba y mataban sin discriminación alguna.
La primera acción que tomó el presidente Daniel Noboa fue decretar un estado de excepción que autorice a los militares patrullar y realizar operativos de control. Una medida gastada de los otros gobiernos, sin ningún resultado exitoso a largo plazo. Al día siguiente, el mandatario decretó por primera vez en la historia de Ecuador, un conflicto armado interno, del que poco se sabía cuáles serían las consecuencias.
Disminución de crímenes
Las calles y las cárceles fueron militarizadas y señalaron como objetivo militar a 22 organizaciones criminales. Seis meses más tarde de esa medida, la evaluación sobre los resultados que ha hecho el bloque de seguridad es de una disminución de crímenes violentos del 18 por ciento, entre el 1 de enero y el 14 de julio. Eso significa 691 homicidios menos respecto al mismo periodo de 2023.
“No solo hay menos muertos, sino que hay una política pública de resultados concretos y hay acciones concretas”, dijo Mónica Palencia, ministra de Gobierno. Pero las cifras no están transparentadas. El Gobierno ha sacado de los portales de acceso a la información pública, la data de homicidios y robos.
Hay que esperar que los funcionarios del Gobierno den una rueda de prensa para conocer las cifras. Por ejemplo, la primera semana de julio los homicidios intencionales se habían reducido en un 38 por cierto, pero una semana después, la disminución era del 18 por ciento.
Las autoridades no hablan sobre otros delitos que tienen arrinconados a los ecuatorianos, como los secuestros y extorsiones. Según el Instituto de Estudios y Capacitación en Seguridad Integral, se han denunciado más de 9.800 casos de extorsiones hasta el 15 de junio, eso quiere decir, que este delito incrementó en un 138 por ciento respecto al año anterior.
Pasan a cobrar
Lucía (nombre protegido), vive en Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil, una zona deprimida de la ciudad donde no tienen agua potable, ni alcantarillado. Hasta ese reducto de pobreza los extorsionadores llegan cada semana para cobrar la ‘vacuna’. “Todos los domingos pasan a cobrar dos dólares, según ellos, pagamos por la seguridad”, dice Lucía. Ha pasado casi un año desde que empezaron a pagar bajo amenazas, y la situación no ha sido controlada. “Por mi barrio no llegan los militares”, añade.
En el sector de Ciudad Victoria, la extorsión también es a gran escala. Los habitantes de cerca de 600 viviendas deben pagar entre 30 y 100 dólares mensuales por simplemente vivir. La Policía de Ecuador realizó un operativo en la zona y encontró, además, que 25 casas ya habían sido abandonadas ante las amenazas, provocando desplazamientos forzados para convertir esas viviendas en centros de acopio y distribución de droga.
Aún así el Gobierno se atribuye como exitoso el plan de seguridad, denominado Fénix, del que hasta ahora no se conocen cuáles son los lineamientos y objetivos. A pesar de ese discurso, el presidente Noboa volvió a emitir un decreto de un nuevo estado de excepción por 60 días en seis provincias del país –Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro–, junto con el municipio de Camilo Ponce Enríquez (Azuay).
Según el mandatario la medida pretende controlar la violencia en esas zonas donde se concentra más del 90 por ciento de los crímenes violentos del país. Es el cuarto estado de excepción que firma Noboa como parte de su política de seguridad, pero dos han sido revocados por la Corte Constitucional por falta de argumentos para aplicar la medida. El máximo tribunal aún no se pronuncia sobre el último pedido del presidente.
Mientras eso ocurre, en la Asamblea se debaten los proyectos de ley que modificarán leyes y artículos constitucionales para permitir la presencia permanente de los militares en las calles sin necesidad de un estado de excepción. Una victoria que se adjudicó el mandatario al recibir el respaldo ciudadano en una consulta popular donde ganó en nueve de las once preguntas, que tienen relación con la seguridad.
Por otro lado, la militarización de la seguridad ha revelado denuncias de vulneraciones a los derechos humanos. La organización Human Right Watch ha advertido que de los más de 9.000 detenidos en operativos que ha reportado la fuerza pública, a menos de 400 personas se les ha abierto un expediente para investigar un delito.
Según información estadística de la Policía, entre enero y mayo se han detenido a 31 mil personas para investigaciones por diferentes delitos. De las cuales, 700 han sido acusadas por terrorismo.
Las alertas se han extendido a las cárceles que son controladas por las Fuerzas Armadas. La Defensoría del Pueblo hizo un exhorto al Gobierno tras registrar un incremento de fallecidos en los centros de privación de libertad.
“Se registraron 24 fallecimientos en diversos centros, por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura y signos de desnutrición”, publicó en un comunicado la institución, sobre datos recogidos entre febrero y marzo.
El presidente Daniel Noboa anunció que el plan de seguridad entra en una nueva fase en la guerra que libra contra el crimen organizado, en la que todavía las estructuras delincuenciales tienen el control de algunas ciudades, y cabecillas, como alias ‘Fito’, aún no han sido capturados.
INFORME ESPECIAL
France 24 y Agencias Asociadas
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