ES HORA DE UN CAMBIO.

Por Dr. E. Alfonso Morales Suárez.

Las próximas elecciones generales en Ecuador tendrán lugar el 9 de febrero del año 2025, después de solamente cinco meses y pocos días más. Con respecto al próximo proceso electoral del Ecuador, es imprescindible reflexionar con profundidad y con una visión crítica, sobre la realidad del sistema democrático ecuatoriano.

Nuestro país, el Ecuador, desde hace largos años, está sumido en una crisis profunda, no solo económica y social, sino, sobre todo, política y ética. La corrupción se ha enraizado en nuestras instituciones, distorsionando la democracia y destruyendo la confianza del pueblo en sus líderes o representantes. El resultado es un país dividido, fragmentado, que no parece tener objetivos nacionales comunes, colectivos. Un país en donde cada elección presidencial y legislativa parece mucho más un desfile de egos que una verdadera competencia de ideas. Similar situación se reproduce con las elecciones seccionales -las referidas a los GADs-. Y esto, lejos de ser una señal de vitalidad democrática, es un síntoma alarmante de una democracia enferma.

Diecisiete precandidatos presidenciales para 14 millones de electores. ¡Qué disparate! ¿Acaso esto refleja una fortaleza del sistema democrático, una diversidad de ideas, o más bien se trata de una enorme fragmentación política, una grave división que se profundiza con los años, que está devorando el alma de nuestro país? La respuesta es clara: esta creciente fragmentación es uno de los factores principales que explican la grave falta de gobernabilidad que sufre y seguirá sufriendo Ecuador. Y no nos engañemos, esto no es un accidente; es un sistema deliberadamente creado por los integrantes de la clase política ecuatoriana -la mayoría de quienes se dedican a la actividad política-, que han convertido los procesos electorales en un negocio personal. Los “derechos de participación” de los candidatos en los procesos electorales, no pueden ser superiores a los más altos intereses nacionales, a los derechos e intereses de todos los ciudadanos ecuatorianos.

El considerable y objetivamente excesivo número de candidatos es, en sí mismo, un reflejo de un sistema democrático débil, con serias fisuras, un sistema que, en la realidad, en los hechos, no está funcionando bien. ¿Cómo es posible que, en un país con tantos desafíos, con tantas dificultades, con tantos problemas -la corrupción, la pobreza, la inseguridad, la inequidad, la falta de respeto y garantías de los derechos de los grupos vulnerables, como sucede con las personas con discapacidad-, tengamos tantos aspirantes al poder, la mayoría de ellos sin la preparación, experiencia o visión necesarias para gobernar? La dolorosa realidad es que muchos de aquellos candidatos -no todos, siempre hay honrosas excepciones-, no buscan servir al país, y, por consiguiente, a todos los ecuatorianos y a todos quienes viven en Ecuador, sino servirse a sí mismos, usando el poder como un medio para manejar el Estado en función de sus intereses personales y particulares, para perpetuar su influencia y llenar sus bolsillos.

La considerable proliferación de movimientos políticos pequeños, sin ninguna representación real, muchos de los cuales nacen y mueren con cada elección, es otra señal de este deficiente funcionamiento del sistema democrático. Aquellos movimientos no representan a una verdadera base popular, sino a intereses particulares y personales, que, al no encontrar cabida en los partidos tradicionales, buscan abrirse camino en la confusión y la fragmentación, aprovechando la debilidad de los requisitos establecidos en el sistema electoral, para la presentación de candidaturas a cualquier dignidad de elección popular. Pero no debemos confundir esto con democracia. La multiplicidad masiva de opciones, lejos de empoderar al votante, lo desorienta y debilita su capacidad de elección.

Es objetivamente muy difícil que los millones de electores, que están mucho más preocupados por su propia supervivencia diaria, por llevar el pan a su familia, tengan tiempo para leer, estudiar y analizar los planes y programas de gobierno de decenas de candidatos.

La clase política debe ser muy consciente de que la inmensa mayoría de los electores, ni siquiera conoce a todos los candidatos, menos aún sus planes y programas de gobierno. Pensar que los 14 millones de electores leen y conocen los planes y programas de gobierno de todos los candidatos, o por lo menos de una parte mínima de ellos, es un grave engaño a todos los ciudadanos y un trato muy despectivo para todos los electores.

Y así llegamos a un punto en el que el voto del pueblo se diluye entre más de una docena de opciones -17 candidaturas para el 2025-, ninguna de las cuales ofrece una solución clara o viable a los problemas del país -al menos, la inmensa mayoría de los electores no conoce los planes y programas de gobierno de todos los candidatos-. Es también un engaño a los ciudadanos, afirmar que, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los electores sí conocerían a los candidatos finalistas -porque sólo serían dos-, así como sus planes y programas de gobierno. ¿Es que acaso los electores no tienen derecho a conocer con claridad aquellos planes y programas desde la primera vuelta electoral?

El resultado es una presidencia sin un mandato claro, un liderazgo débil que se enfrenta a un parlamento fragmentado e ingobernable, y una crisis de representación que solo profundiza la desesperanza y el desencanto en la ciudadanía. En este mismo orden de ideas, la clase política se ha negado terminantemente a establecer las elecciones legislativas o parlamentarias, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Aquella criticable resistencia a realizar las elecciones legislativas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, constituye una clara y objetiva demostración de que a la clase política ecuatoriana no le interesa fortalecer el sistema democrático de nuestro país, sino que precisamente desean mantenerlo fragmentado, dividido, atomizado, para limitar y debilitar las posibilidades de gobernabilidad y convertir el ejercicio gubernamental en un permanente enfrentamiento entre las Funciones Legislativa y Ejecutiva, en una permanente pugna de poderes, que se transforma en un negocio, “de toma y daca”, fomentando y agravando la corrupción, que constituye el principal problema de nuestro país.

¿Qué podemos esperar de un sistema donde la clase política ecuatoriana ha ideado y mantenido por años, reiteradamente, una maquinaria electoral que, lejos de buscar el bien común, está diseñada para perpetuar sus propios intereses, manteniendo y consolidando una profunda división entre todos los ecuatorianos? Un sistema que, al fragmentarse más y más, como está sucediendo en la práctica, en los hechos, facilita la corrupción y convierte la política en un juego de supervivencia, donde el fin justifica los medios, y aquellos medios están casi siempre muy alejados de la ética pública.

Es hora de un cambio. No un cambio superficial, de caras nuevas o promesas vacías, sino un cambio profundo en la forma en que entendemos y practicamos la política en Ecuador. Es imperativo que la sociedad ecuatoriana despierte de este profundo letargo en el que ha vivido por años y exija un sistema más justo, más transparente, más representativo, más ético, alejado de la corrupción. Un verdadero sistema democrático, donde alcanzar la Presidencia de la República, o una representación en la Asamblea Nacional, no sean meros trofeos a los que cualquiera puede aspirar, sino un honor reservado para aquellos ciudadanos verdaderamente comprometidos con el servicio público, con el servicio a todos los habitantes del país, como un deber y una obligación patriótica, no como un negocio personal.

Los ciudadanos, los electores, la mayoría silenciosa, no podemos seguir siendo comparsas en los procesos electorales, los cuales parecerían estar destinados a garantizar exclusivamente los derechos de los candidatos, pero no los derechos de los electores, y en tal virtud los procesos electorales se convertirían en una farsa. No podemos seguir aceptando un evidente maltrato por parte de la clase política. No podemos aceptar que nuestro país sea gobernado por ciudadanos que, en su mayoría, no tienen los méritos necesarios para dirigir el Estado, por personas cuya principal cualidad es su habilidad para navegar en las aguas turbias de la corrupción.

Es hora de que los ecuatorianos -los mandantes, la inmensa mayoría de los ciudadanos- recuperen su voz, exijan responsabilidad y transparencia a sus mandatarios, que investiguen a sus candidatos, que analicen sus propuestas y, sobre todo, que no se dejen engañar por promesas que nunca se cumplirán.

El futuro del Ecuador depende de nuestra capacidad como ciudadanos y como electores responsables, para romper con este ciclo de corrupción y fragmentación creciente. La situación de Ecuador no es mucho mejor que la de Venezuela, pero todavía estamos a tiempo de evitar la tragedia que vive aquel hermano país. Para ello, necesitamos un cambio real, un cambio que solo puede venir de una ciudadanía activa y vigilante, que no tenga miedo de exigir lo que le corresponde: un país mejor, con candidatos más responsables y electores más críticos, que producirán necesariamente un sistema democrático más sólido, más justo, más fiable, y un futuro en el que la política sea, por fin, una herramienta para el bien común y no un negocio para unos pocos.

OPINIÓN

Dr. E. Alfonso Morales Suárez.
Embajador – Ex Cónsul General del Ecuador
en New Jersey y Pennsylvania

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