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Fuente: NotiMundo al Día
20 septiembre, 2024
El Grupo de Juristas por la Democracia (JURDEM) entregó una carta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con apreciaciones que consideran importantes para garantizar la probidad de la próxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. En NotiMundo al Día, María Dolores Miño, coordinadora de JURDEM y directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), explicó que las observaciones buscan evitar que ese espacio sea cooptado por intereses cuestionables y se garantice la independencia e idoneidad del siguiente Fiscal.
Las decisiones trascendentales para el país se han tomado a puerta cerrada y a espaldas de la ciudadanía, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Así lo denunció Miño, quien añadió que su preocupación y la de otros profesionales del derecho es que el reglamento aprobado por el organismo, el pasado 11 de septiembre, no garantiza la designación del mejor perfil para dirigir la Fiscalía General del Estado.
Recordó que desde el ODJ se ha venido impulsando la iniciativa JURDEM, con el objetivo de dar aportes a la construcción de un reglamento que garantice la transparencia y la probidad de quien aspira al cargo. En este sentido, expresó su deseo de que los consejeros, a quienes fue dirigida la carta, acojan las recomendaciones planteadas.
Sin embargo, Miño lamentó la falta de predisposición, evidenciada previo a la aprobación del reglamento, pues indicó que personalmente trató de comunicarse con el presidente del organismo, Andrés Fantoni, así como con el consejero Augusto Verduga, para revisar los borradores del reglamento, pero no hubo respuesta. Desde JURDEM también se solicitó los borradores y actas de discusión, pero tampoco se ha dado paso. Adelantó que si en siete días no reciben respuesta, se iniciará una acción judicial de acceso a la información pública.
En cuanto a las observaciones planteadas al CPCCS, Miño detalló que hoy en día el país asiste a escándalos de corrupción donde los abogados han tenido un papel protagónico, pero ello no implica que sean todos. «No tenemos que caer en la confusión de que todo abogado que asume una causa de narcotráfico es parte de ella y está delinquiendo», precisó.
A su criterio, el concurso debería establecer mecanismos efectivos para demostrar la probidad, más allá de las salvaguardas que están establecidas. En este sentido, precisó que en otros concursos, las etapas de impugnación «son un saludo a la bandera»; por ello, insistió en fortalecer los mecanismos de impugnación. También se propone que las Facultades de Derechos que sean mejor rankeadas puedan proponer sus candidatos.
