«No a la cárcel», exclaman en Ecuador contra prisión que Noboa busca construir en la Amazonía
Archidona (Ecuador)
Las protestas en Ecuador contra una de las dos cárceles de máxima seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca construir, con un modelo que se ha comparado al de su homólogo Nayib Bukele en El Salvador, continuaron el viernes pasado por undécimo día consecutivo, con bloqueos de carreteras en torno a la población amazónica de Archidona y sus alrededores.
«No queremos esa ‘megacárcel'», afirmó a la agencia de noticias EFE Francisca Cerda, una habitante de la comunidad Atahualpa, situada en la localidad de Puerto Napo, quien participaba en el bloqueo de la carretera en ese lugar, donde se podían apreciar pancartas con el lema de ‘No a la cárcel’.
«Estamos luchando para nos oiga el Gobierno y tiene que escuchar nuestras peticiones para que no construya esta ‘megacárcel’. Vamos a luchar aquí hasta conseguirlo. Vamos a levantarnos en toda la Amazonía (ecuatoriana) para estar en pie de lucha», añadió la mujer.
Las protestas se incrementaron desde el jueves al sumarse oficialmente el movimiento indígena y otras organizaciones sociales, que en una multitudinaria asamblea decidieron proseguir con las movilizaciones al enterarse que, en medio de esta situación, el Gobierno adjudicó ya la obra.
Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, ya se había advertido a inicios de la semana que se agudizarían las protestas si la Administración de Noboa insistía en llevar adelante las obras sin antes realizar una consulta previa sobre el proyecto con las comunidades de la zona.
«Estamos luchando por el bien de las futuras generaciones de nuestro pueblo. Estamos aquí en pie de lucha día y noche, bajo el sol y bajo el agua», señaló Cerda.
«El Gobierno está actuando mal. No está atendiendo nuestro pedido. No queremos esa ‘megacárcel’. Esa ‘megacárcel’ viene para (traer) más delincuentes y para dañar a los jóvenes», insitió.
«Vivimos de la fruta y del turismo»
En la misma línea protestó Jersy Shiguango, otra manifestante que pidió al Gobierno que se «se sensibilice (con la población de Archidona) y piense bien antes de poner una cárcel de alta seguridad».
«Tiene que pensar que tiene que velar por la gente de la Amazonía, que somos un pueblo que vivimos de la fruta y del turismo. No podemos permitir que traiga la cárcel acá», dijo a EFE Shiguango desde otro punto de bloqueos en esta zona de provincia amazónica de Napo.
La mujer recordó que inicialmente la promesa de campaña de Noboa eran las «cárceles barcaza», donde pretendía recluir a los líderes criminales y a los delincuentes de alta peligrosidad en embarcaciones en alta mar para tenerlos aislados e incomunicados, al menos de manera temporal hasta construir cárceles en tierra firme que garantizasen estas características.
Inicialmente esta cárcel había sido proyectada en la vecina provincia amazónica de Pastaza, pero posteriormente el Gobierno cambió de idea y optó por ubicarla en Archidona.
La otra cárcel de máxima seguridad promovida por Noboa ya está en obras en la costera provincia de Santa Elena, aislada en torno a un bosque seco donde una comunidad cercana ha presentado una acción de protección a la Justicia para que paralice la construcción.
Capacidad para 736 presos
De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno, cada una de estas dos cárceles tendrá capacidad para 736 presos, un tamaño mucho menor al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia de Bukele en El Salvador, donde según las cifras oficiales tiene capacidad para 40.000 pandilleros.
Ambas cárceles han sido presupuestadas por cerca de 52 millones de dólares. Las obras de la primera están a cargo de Puentes y Calzadas Infraestructuras, una filial del español Grupo Puentes adquirido en 2020 por la empresa china estatal China Road and Bridge Corporation. Aparentemente fue también la compañía elegida para construir la prisión de Archidona, según documentos oficiales.
Con ello Noboa busca enfrentar el descontrol que en los años previos hubo en el sistema penitenciario de Ecuador, donde las bandas criminales se adueñaron de las prisiones y sus líderes lograron tener muros adentro todo tipo de comodidades y lujos, incluido internet de alta velocidad.
Desde 2021 más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres entre bandas rivales, en una ola de violencia criminal que también se extendió a las calles, hasta hacer de Ecuador el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica en 2023, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes.
