Ecuador defiende el bombardeo de una granja en una operación conjunta realizada con EE. UU.
Información de UsaToday
El ejército ecuatoriano, citando inteligencia estadounidense, afirmó que el objetivo del bombardeo era un escondite de narcotraficantes donde no había animales de granja. Sin embargo, un granjero mostró a ‘Usa Today’ su ganado en la zona.
Era una tarde soleada en San Martín, Ecuador, el 26 de marzo, cuando Miguel —un carpintero ecuatoriano de 32 años— ofreció a un reportero de ‘Usa Today’ un recorrido a distancia, mediante una videollamada por WhatsApp, por su granja en la Amazonía. Este recorrido se realizó en respuesta a la declaración del Ministerio de Defensa de Ecuador, emitida el 25 de marzo, en la que se aseguraba —basándose en inteligencia de los Estados Unidos— que su propiedad no era una granja lechera, como se había informado, sino un escondite de narcotraficantes. Casi tres semanas antes, el ejército ecuatoriano había bombardeado la granja de Miguel en el marco de una operación militar conjunta con los Estados Unidos.
El Ministerio de Defensa de Ecuador declaró que cooperó con los Estados Unidos para validar la información de inteligencia sobre el sitio, ubicado en el noreste del país, como parte de la «Operación Exterminio Total» llevada a cabo a principios de marzo. La propiedad de Miguel no podía ser una granja lechera —señalaba un comunicado del ministerio—, dado que «no existía presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo».
Las autoridades han afirmado que la granja era, en realidad, un escondite para el líder de un grupo de narcotraficantes colombiano, así como un centro de entrenamiento con capacidad para 50 narcotraficantes. El Departamento de Defensa de los EE. UU. —conocido anteriormente como Departamento de Guerra— ha declarado recientemente que los Estados Unidos y Ecuador llevaron a cabo la operación de manera «conjunta».
Niega vínculos
Miguel —quien ha solicitado a ‘Usa Today’ que no publique su apellido por temor a represalias por parte de las fuerzas de seguridad— niega tener vínculo alguno con grupos criminales. En la videollamada, expresó su desconcierto ante el hecho de que las autoridades no hubieran podido ver su ganado en sus tierras en San Martín, una aldea habitada por 27 familias.
Miguel relató que actualmente posee 37 cabezas de ganado, incluyendo tres terneros; uno de ellos tiene apenas cinco días de vida y está recibiendo tratamiento contra parásitos cutáneos. La granja abarca una extensión de 345 acres (aproximadamente 140 hectáreas), de los cuales cerca de 222 acres (90 hectáreas) son pastizales. También cría cerdos, así como patos y gansos, animales que han aparecido en fotografías de la prensa internacional hurgando entre los escombros de su propiedad arrasada.
Refuta el reportaje
En su comunicado del 25 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ecuador refutó el reportaje de “The New York Times” sobre el bombardeo a la granja lechera de Miguel, el cual fue publicado el mismo día que el relato de ‘Usa Today’ , elaborado mediante una investigación independiente. ‘Usa Today’ entrevistó a Miguel, a un funcionario de la localidad y a abogados de la Alianza por los Derechos Humanos —una coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos de Ecuador—, quienes representan a los residentes de San Martín.
«El Ministerio de Defensa Nacional rechaza cualquier afirmación que distorsione los hechos», declaró el ministerio en su comunicado. «Las Fuerzas Armadas continuarán actuando con firmeza contra el crimen organizado transnacional, en defensa del país y de las familias ecuatorianas».
El ministerio no respondió a la solicitud de comentarios de ‘Usa Today’ ; sin embargo, en su comunicado público señaló que las Fuerzas Armadas realizaron labores de reconocimiento y aseguraron la zona para evitar daños colaterales, y que el gobierno ecuatoriano investiga cualquier situación relacionada con los derechos humanos.
Solo tres gallinas murieron en el bombardeo, afirmó Miguel, señalando los mechones de plumas esparcidos entre los ladrillos rotos. No obstante, cuatro de sus empleados denunciaron haber sido golpeados, secuestrados y torturados por militares ecuatorianos.
Pudo haber sido error
Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército de Ecuador, sostuvo que el ataque no pudo haber sido un error.
«Se trata de un proceso de recopilación de información que le toma a la inteligencia militar distintos periodos de tiempo; a veces, meses», declaró a la cadena de noticias ecuatoriana Teleamazonas. «Una vez obtenida dicha información, equipos especiales de inteligencia realizan incursiones en la zona para recabar datos sobre el terreno».
Miguel proporcionó los registros de propiedad —revisados por ‘Usa Today’— que demuestran que es el dueño del inmueble, documentos que presentó ante el gobierno cantonal local en marzo de 2022. También forma parte de la asociación de agricultores de San Martín, la cual cuenta con reconocimiento ministerial desde el año 2010.
Durante la videollamada, Miguel se situó sobre los cimientos de lo que antaño fueron las viviendas de cuatro trabajadores y una cocina, mostrando una hielera abollada que utilizaba para almacenar queso. Cerca del lugar donde se encontraba el gallinero, recogió los restos de su equipo agrícola, entre ellos una guadaña rota y dos sillas de montar desgarradas.
En un pequeño cobertizo de madera —que ahora carece de techo y de una de sus paredes— relató que solía elaborar «queso prensado», el cual vendía en las panaderías de la localidad. Sobre una mesa de madera permanecían dos frascos azules y abollados de *Cuajo Titanium* —una enzima coagulante líquida utilizada para cuajar la leche—, cubiertos de lodo seco.
Desde una de las ventanas del cobertizo se divisaba el río San Miguel y, justo al otro lado, el territorio de Colombia.
Denuncian torturas
A principios de marzo, aviones y helicópteros militares ecuatorianos sobrevolaron el curso del río como parte de una operación militar conjunta.
Se sospecha que soldados ecuatorianos incendiaron dos viviendas deshabitadas a partir del 1 de marzo y, posteriormente, la granja de Miguel, coincidiendo con la detención de cuatro de sus trabajadores el 3 de marzo; así consta en una denuncia presentada ante el Ministerio del Interior de Ecuador el 12 de marzo. Los trabajadores han declarado ante la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas que, con posterioridad, fueron torturados por las fuerzas armadas ecuatorianas.
El Ministerio de Defensa informó que las fuerzas armadas detuvieron a cuatro ciudadanos colombianos —los cuatro trabajadores mencionados—, presunta- mente vinculados al «Comando de Frontera», un grupo colombiano dedicado al narcotráfico. Según el Ministerio de Defensa, las autoridades utilizaron información de inteligencia validada en colaboración con los Estados Unidos.
Asimismo, el Ministerio de Defensa comunicó que, en el marco de dicha operación, las autoridades hallaron en la zona de operaciones un fusil semiautomático y un cargador con 30 cartuchos; un hallazgo que no se había revelado en los comunicados oficiales anteriores. Las autoridades no especificaron el lugar exacto donde se encontró el arma. Por su parte, Miguel aseguró que no posee armas de fuego en su granja.
Varios residentes grabaron imágenes del personal militar mientras embarcaban a los detenidos en un helicóptero. Los hombres declararon que, posteriormente, fueron sometidos a descargas eléctricas —con sus cuerpos suspendidos cabeza abajo durante más de dos horas—, golpeados y amenazados para que no hablaran sobre su detención una vez que fueran liberados el 4 de marzo, según consta en la denuncia.
El 6 de marzo, las fuerzas armadas ecuatorianas regresaron, esta vez para bombardear los restos de la propiedad de Miguel, hechos que quedaron registrados en un video compartido por el Departamento de Guerra. Estados Unidos ha afirmado que la operación «Exterminio Total» demostró una cooperación exitosa entre ambos países para combatir de manera enérgica a los narcotraficantes.
Ecuador, si bien no es un gran productor de cocaína, comparte frontera con los dos mayores productores del mundo: Colombia y Perú. El país se ha convertido en una importante ruta de contrabando hacia Estados Unidos.
El Comando Sur de los Estados Unidos, que participó en las operaciones, declinó hacer comentarios. El Departamento de Guerra declaró que no comenta sobre investigaciones en curso y remitió las preguntas relativas a la recopilación de inteligencia a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Dicha agencia no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.
A mediados de marzo, los residentes de San Martín presentaron denuncias ante el gobierno de Ecuador en relación con los bombardeos y las presuntas torturas. Tras la cobertura mediática de la operación, tanto la Fiscalía General del Estado de Ecuador —el 25 de marzo— como la Defensoría del Pueblo —el 24 de marzo— comunicaron a los residentes que sus respectivas instituciones habían abierto investigaciones sobre las acciones militares, incluidas las denuncias de tortura, según documentos revisados por ‘Usa Today’ ..
