La SIP condena la «grave escalada» de acciones contra periódicos en Ecuador
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la semana anterior, de acuerdo a información de la agencia de noticias EFE, «la grave escalada» de acciones judiciales y administrativas en Ecuador contra el Grupo Granasa, editora de los periódicos Expreso y Extra, lo que «revela un preocupante deterioro de las garantías» para la libertad de prensa. El organismo, con sede en Miami, alertó en un posicionamiento de un proceso «que combina acciones judiciales, administrativas y regulatorias» contra la compañía, encargada de dos de los diarios con mayor circulación nacional y que ha acusado al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de represalias por ser una «voz crítica».
La situación «ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad», según la SIP, tras una denuncia penal por presunta asociación ilícita contra directivos de Granasa que presentó el liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, ante una disputa por el control del 40 % de las acciones de la compañía.
El Grupo Granasa ha denunciado un «escenario complejo para la libertad de expresión», donde las instituciones del Estado, según afirma, están usándose como «herramientas de presión política», y medios críticos han enfrentado investigaciones por supuestos delitos financieros que no prosperaron.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió de que «el uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa».
«Este tipo de acciones no solo afecta a una empresa, sino que envía un mensaje de intimidación a todo el ecosistema informativo», indicó Manigault.
Los hechos ocurren después de que Granasa denunció en enero que el Gobierno de Noboa «usa todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar» a la compañía «con el único propósito de someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador».
Ante las crecientes acciones, Expreso y Extra denunciaron el fin de semana pasado nuevos presuntos intentos de hostigamiento del Gobierno de Noboa, en respuesta a su línea editorial crítica, por lo que su portada de la edición dominical estuvo en blanco, mayoritariamente. «A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada: en blanco. Sin noticias. Sin preguntas. Sin verdades. No va a pasar. Solo la verdad nos mueve», rezaba la portada.
En este contexto, la SIP urgió a las autoridades ecuatorianas evitar «el uso de figuras penales ambiguas o desproporcionadas que puedan derivar en la criminalización del ejercicio periodístico o en la intervención indebida de medios de comunicación».
Su peor nivel
Por otra parte se informa también que Ecuador registró su peor nivel en libertad de prensa desde 2020 al caer de 46,03 a 38,42 puntos en la categoría de ‘Alta restricción’ del Índice Chapultepec, elaborado igualmente por la Sociedad Intera- mericana de Prensa (SIP), que evalúa la situación de la libertad de expresión en el continente americano. Según este informe, la caída de 7,62 puntos provocó que el país andino descendiera dos posiciones en el ránking regional, del puesto 12 al 14.
El informe, que analiza el período entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, señala que Ecuador experimentó este deterioro «en medio de un clima que propone desafíos en dos frentes: la acción del crimen organizado, para la cual no ha habido punición, y la censura impuesta por mecanismos administrativos y la represión impuesta por el Estado».
La dimensión peor evaluada fue la de ‘Actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios’, con 10,06 puntos de 40 posibles.
En ‘Ciudadanía informada y libre de expresarse’ obtuvo 10,06 puntos de 30, mientras que en ‘Control de medios y periodismo’ alcanzó 19 puntos de 30.
El reporte señala, además, una influencia moderada de los tres poderes del Estado en situaciones desfavorables para la libertad de expresión, aunque identifica al Ejecutivo como el actor con mayor impacto, especialmente en lo relativo al acceso a información y al ejercicio del derecho a expresarse.
Durante el período analizado, cuatro periodistas fueron asesinados en Ecuador, lo que evidenció la «vulnerabilidad del ejercicio” periodístico y las limitaciones de “los mecanismos de protección» para los comunicadores. El informe también advierte que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia ha amenazado a periodistas ecuatorianos, lo que en algunos casos ha provocado exilios forzados, mientras que la organización Periodismo Sin Cadenas documentó casi 290 agresiones contra periodistas solo en el primer semestre de 2025.
Entre los hechos más graves se menciona el caso del periodista indígena de origen kichwa Edison Muenala, quien recibió un disparo en el hombro mientras transmitía en vivo la actuación de fuerzas de seguridad contra una comunidad.
