En Ecuador se afirma que la extorsión ha disminuido; pero la realidad es más compleja
Por Gavin Voss y Steven Dudley
/InSight Crime
Era la hora de la salida escolar en la escuela primaria San Francisco de Asís, en el centro de Guayaquil, una tarde reciente, cuando alguien deslizó panfletos bajo los limpiaparabrisas de los minibuses de la institución. El mensaje era cordial, pero ominoso.
«Saludos del Grupo CJNG», decía el texto, con una falta de ortografía en la palabra «saludos». «Queremos llegar a un acuerdo: de 6.000 a 4.500. ¿Estamos claros? (sic)».
En la parte superior de la página, los autores del panfleto habían transformado la letra «j» en una pistola y habían dejado un número de teléfono para que los propietarios de los autobuses llamaran.
«No queremos errores», advertía el panfleto, añadiendo otra firma de lo que denominaba la «verdadera mafia».
CJNG es el acrónimo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, un grupo criminal con base en México. Que estuvieran extorsionando a los autobuses de una pequeña escuela primaria católica en Ecuador parecía improbable, pero, aun así, infundió temor.
«Ahora el asunto está en manos de las autoridades», comentó un conductor a InSight Crime antes de apresurarse hacia su autobús y arrancar a toda velocidad con cerca de una docena de niños a bordo.
Esta maniobra formaba parte de una tendencia a nivel nacional. En un país donde los grandes grupos criminales se están fragmentando a un ritmo acelerado, los remanentes, las facciones derivadas y los imitadores de estos grupos se han expandido hacia la extorsión con igual rapidez.
La policía ecuatoriana sostiene que su ofensiva en curso contra las pandillas ha logrado desplazar a los extorsionadores, citando estadísticas delictivas para respaldar su afirmación. Sin embargo, tanto expertos como víctimas señalan que existe una disonancia entre lo que las autoridades dicen sobre la extorsión y lo que los ciudadanos ecuatorianos viven en la realidad.
Extorsión: una mina
de oro criminal
La extorsión se ha disparado en los últimos cinco años, aumentando a la par de una ola sin precedentes de crimen organizado y violencia que transformó a la que fuera una de las naciones más pacíficas de América Latina en la más violenta.
En 2019, la Fiscalía General del Estado de Ecuador registró 1.616 casos de extorsión. En 2024, esa cifra ascendió a 23.080, lo que representa un incremento de más del 1300%. Durante este periodo, grupos criminales como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones cobraron fuerza, expandiendo su participación en economías criminales tales como el tráfico transnacional de cocaína y la minería ilegal de oro. La fuerza de choque local las pandillas callejeras resultó crucial para su ascenso, ayudándoles a asegurar los corredores de tráfico de drogas, así como a transportar y almacenar los estupefacientes. Sin embargo, necesitaban una forma de mantener remunerados a sus miembros de base.
Recurrieron entonces a la extorsión, transformándola en un mercado criminal valorado en millones de dólares. Algunos grupos locales abordan a los residentes en sus propios bastiones barriales, exigiendo pagos diarios o semanales de entre 1 y 5 dólares por cada hogar. Los negocios locales pagan sumas mayores, con pandillas que exigen pagos que oscilan entre unos pocos cientos y hasta un par de miles de dólares, o incluso más. En otros casos, las pandillas recurren al secuestro, extorsionando a los familiares y amigos de las víctimas para exigir rescates exorbitantes.
«Ahora se han percatado del poder que ostentan a través del secuestro», declaró a InSight Crime en 2025 el teniente coronel Herbie Guamaní, excomandante de policía del noroeste de Guayaquil, un bastión de pandillas como los Tiguerones y las Águilas.
Guamaní señaló que los secuestradores exigen sumas que oscilan entre los 10.000 y los 500.000 dólares. Y, si bien las víctimas a menudo carecen de los medios para pagar tales rescates, las pandillas logran lucrarse de todos modos con las sumas más elevadas que sus familias logran ofrecer.
¿Han endurecido las
autoridades su postura?
En 2025, la policía llevó a cabo operaciones casi constantes dirigidas contra las redes de extorsión, al tiempo que implementó nuevas medidas para disuadir a los perpetradores, facilitando a las víctimas el proceso para denunciar los delitos ante la policía. Y para finales del año pasado, los casos de extorsión denunciados se habían desplomado. Los datos de la Fiscalía General mostraron 16.131 casos en 2025, una caída del 30% respecto a 2024 y el total anual más bajo desde 2022.
Los datos policiales que difieren ligeramente de los de la Fiscalía General en su clasificación de los casos muestran una caída aún mayor en las denuncias. Los casos cayeron un 64% entre los primeros nueve meses de 2024 y el mismo periodo de 2025, según las estadísticas compartidas con InSight Crime.
La disminución es "un claro indicio de la eficacia de las medidas adoptadas", declaró a InSight Crime por correo electrónico un portavoz de la policía.
No obstante, expertos, funcionarios de seguridad y residentes pusieron en duda la versión de la policía en entrevistas con InSight Crime. Las víctimas a menudo no denuncian la extorsión señalaron debido a la desconfianza hacia la policía, la baja tasa de esclarecimiento de los casos de extorsión y el temor a represalias por parte de los extorsionadores si estos descubren que la víctima notificó a las autoridades. Como resultado, las estadísticas de extorsión podrían ser significativamente inferiores a los niveles reales.
"Llega un punto en el que el número de casos de extorsión alcanza un nivel tan alto que los ciudadanos sienten que las autoridades no están haciendo absolutamente nada al respecto", comentó a InSight Crime Renato Rivera Rhon, analista de seguridad ecuatoriano de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. "Eso, desde mi perspectiva, sí tiene un impacto en el número de denuncias. Los casos alcanzan un pico y luego comienzan a disminuir".
Aun así, en algunos casos, es posible que las autoridades estén logrando, de hecho, prevenir la extorsión.
Sin embargo, estos logros se limitan a ciertos segmentos de la población, dado que los criminales adaptan sus estrategias y objetivos en respuesta al escrutinio de las fuerzas del orden. Por ejemplo, un líder del sector empresarial de Durán quien optó por permanecer en el anonimato por motivos de seguridad declaró a InSight Crime en 2025 que las grandes empresas industriales de la ciudad estaban experimentando una disminución en los casos de extorsión y mejoras en la seguridad, pero que la extorsión dirigida a las pequeñas empresas y a los particulares estaba en aumento.
La cruda realidad de la extorsión
La extorsión parece haber alcanzado a todos los sectores de la sociedad. Entre las víctimas se encuentran ahora maestros, trabajadores portuarios, mototaxistas, pescadores, conductores de camiones cisterna y, como ya se ha señalado, propietarios de empresas de transporte escolar, entre otros. Algunos incluso pagan extorsiones para asegurar una parcela de entierro en el cementerio público de Guayaquil.
El gobierno es consciente del problema y de sus amplias repercusiones políticas. En 2024, el presidente Daniel Noboa lanzó una ofensiva contra el crimen organizado, desplegando a las fuerzas militares en las calles y en las prisiones. Más de dos años después, las fuerzas de seguridad han capturado a docenas de los principales líderes criminales de Ecuador.
Sin embargo, la reorganización y fragmentación resultantes de la ofensiva gubernamental han, en muchos casos, exacerbado la extorsión.
Facciones de pandillas callejeras, antes unidas, buscan ahora nuevos acuerdos de extorsión con los negocios, mientras que oportunistas criminales independientes han aprovechado el caos para amenazar a las víctimas haciéndose pasar por grupos criminales organizados.
Un empresario de Guayaquil, que optó por permanecer en el anonimato por razones de seguridad, relató a InSight Crime que el creciente número de pandillas dispersas implica que su empresa de distribución debe pagar ahora a múltiples grupos para seguir operando, todo ello mientras navega por un entramado cada vez más complejo de territorios de pandillas y fronteras invisibles. En otro caso ocurrido en Durán, la captura del líder de los Chone Killers, Julio Alberto Martínez alias "Negro Tulio" provocó un aumento en las extorsiones a los vendedores, dado que otras pandillas se movilizaron para imponer su dominio sobre el territorio de extorsión del líder capturado, según informó a InSight Crime un alto funcionario del gobierno local de Durán.
Como parte de la ofensiva gubernamental, las fuerzas militares administran 11 de las 36 prisiones de Ecuador, las cuales han sido durante mucho tiempo focos de actividad del crimen organizado, incluida la extorsión. Aun así, en 2026, las autoridades han desmantelado varias redes de extorsión que operaban desde prisiones ubicadas en Guayaquil, Manabí y Cotopaxi. Esto demuestra que la intervención no ha logrado impedir que miembros corruptos de las fuerzas de seguridad introduzcan de contrabando artículos como teléfonos celulares a los reclusos, facilitando así la extorsión.
"La corrupción es sistémica. No es que la policía o los militares sean los salvadores… [las pandillas] han sobornado a estos funcionarios", declaró a InSight Crime un oficial de policía de Manabí que prefirió mantener el anonimato, dado que no estaba autorizado para hablar públicamente. El funcionario añadió que la «inmensa mayoría» de las exigencias de extorsión en la provincia costera provienen de sus cárceles.
La policía viene realizando un gran trabajo, son muchos los delincuentes extorsionadores que han sido capturados.
Electrodomésticos, sillas y hasta una mesa de billar que no le pertenece. Una familia ecuatoriana pone en orden su casa en el suroeste del país recién rescatada de los narcos, que imponen una cruel extorsión: pagar para conservar la vivienda.
Teniente-coronel Herbie Guamaní, ex comandante de policía del noroeste de Guayaquil.
En un caso ocurrido en Durán, la captura del líder de los Chone Killers, Julio Alberto Martínez alias "Negro Tulio" provocó un aumento en las extorsiones.
