NARCO MINERÍA DESBORDA AL ESTADO
Por: Holguer Mariano Jara
La narco minería entró con prepotencia y visto bueno en el Parque Nacional Yasuní, afectando la actividad extractiva, en principio, de las comunidades del río Curaray en Kausak Sacha. Al parecer existen 20 puntos de extracción permanente, donde la Ley prohíbe toda actividad extractiva para proteger los pueblos tagaeri y Taromenane.
Tras la narco minería ilegal en Yasuní operan redes de extractores privados, mafias de la delincuencia organizada como los “choneros”, además de la presunta complicidad de ciertos dirigentes y sobornos a comunidades de la zona, pero el Estado no sabe nada.
Hasta hoy el Gobierno sólo ha realizado un operativo tibio y desapercibido; los militares “destruyeron” equipos y luego nadie ha controlado. Esta amenaza avanza sin control sobre los territorios más biodiversos del planeta y sobre la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, por ello la inmensa preocupación de sus pobladores.
En estos territorios se nota la falta de combate efectivo a la minería ilegal , vacíos de control institucional, una profunda infiltración del crimen organizado, extorsiones violentas a sus comunidades y el entramado institucional que debería hacerse responsable, se ha convertido en su principal impulsor.
La minería ilegal es una amenaza para la seguridad nacional, desde la explotación en áreas no concesionadas legalmente hasta su exportación final, registran irregularidades. La minería ilegal ha dejado de ser un asunto meramente ambiental económico, para convertirse en un desafío para el Estado.
Al final, la pregunta del millón es: ¿dónde están los yasunidos, los defensores de la naturaleza, los ecologistas, los puristas, los vegetarianos, los politiqueros, el gobierno, el Estado, los organismos internacionales ?. Con su silencio se convierten en cómplices de este alevoso ataque a la naturaleza en Yasuní y dejan al descubierto que solo existen intereses personales, partidistas y políticos, el país, no les interesa un comino.
Hay que romper el mito del “desarrollo” que se ha construido en torno a la minería legal a partir del discurso de las propias empresas y del Estado, cuando todo es falso, las comunidades se encuentran en condición de pobreza. La aportación de la industria minera es marginal, pero genera enormes utilidades a los empresarios y severos impactos sociales y ambientales en los territorios del Yasuní.
La minería legal e ilegal en Ecuador no generan desarrollo, sólo acentúan la pobreza, el despojo de tierras y el abandono de sus habitantes nativos. Se necesita una nueva Ley, en donde el extractivismo se subordine a los intereses de la sociedad y de la soberanía nacional.
