Parientes en «lista» de ODEBRECHT
Parientes del consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, están en la «lista» de ODEBRECHT, según Fernando Villavicencio
Su investigación indica que existen «millones de transferencias de la multinacional a cuentas bancarias de empresas relacionadas con Carlos Bernal y su esposa, quien mantiene una relación de parentesco» con el funcionario
El activista Fernando Villavicencio, en un reportaje publicado en el portal ‘La Fuente’, reveló que varios de los parientes del consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, estarían en la «lista» de ODEBRECHT. Según la nota, existen «millones de transferencias de la multinacional a cuentas bancarias de empresas relacionadas con Carlos Bernal y su esposa Denise Vélez Ruperti, quien mantiene una relación de parentesco» con el funcionario.
A continuación, exponemos íntegramente lo reportado por ‘La Fuente’:
En junio de 2018, Diana Salazar Méndez, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) remitió al entonces fiscal general del Estado Paúl Pérez Reina, el informe RO11-2018-009 sobre millonarias transferencias de la multinacional Odebrecht (Belvedear), Sinohydro y otras empresas a cuentas bancarias de empresas relacionadas con Carlos Bernal, su esposa Denise Vélez Ruperti y su cuñado Xavier Vélez Ruperti, quien está casado con Claudia Vinueza, pariente del consejero presidencial Santiago Cuesta. Antes de que la fiscalía realice una sola gestión, Pérez Reina abandonó el cargo en medio de presiones.
En el sistema interno de búsqueda de casos de la unidad antilavado de activos de la fiscalía en Quito no aparece el expediente que investigaba a Carlos Andrés Bernal Alvarado.
El caso fue identificado con el número 170101818063517, fue además calificado con fuero de corte y se le asignó a la Fiscalía Antilavado de Activos, específicamente a la doctora Paola Gallardo, pero en esa unidad no conocen a Gallardo y tampoco identifican el caso.
Al hacer una búsqueda en el sistema de consultas de noticias del delito que posee la web de la Fiscalía General, aparece ese número de caso pero es identificado por el delito de financiamiento al terrorismo y el sospechoso tiene el nombre de Chen He Li.
Al solicitar una búsqueda más particularizada en la secretaría de la fiscalía antilavado, uno de los funcionarios revisó con detenimiento en los archivos de Excel, que es el sistema índice interno que usan los fiscales, pero sin ningún resultado. “No hay ese número de caso”.
En ese expediente se encuentra el informe de la Unidad de Análisis Financiero que identifica a Carlos Bernal Alvarado, su esposa Denise Vélez Rupertti y las empresas Construhidrocab y Disquesa, en posible lavado de dinero. El informe establece que los esposos Bernal-Vélez, más las dos compañías citadas recibieron ingresos brutos en 2010 que sumaron $33,711 pero a 2018 el monto total de ingresos fue $31.800.893.
En términos pedagógicos en el año 2010 el porcentaje de ingresos fue apenas del 0.1% y ocho años más tarde los ingresos crecieron en casi el 1000%.
Bernal Alvarado fue funcionario de la Secretaría del Agua y en 2012 estuvo al frente del proyecto de trasvase Daule Vinces (Dauvin). Tres años antes ya se había desempeñado como coordinador de los megaproyectos que impulsó el vicepresidente Jorge Glas y como secretario del agua, Senagua. Los ingresos de Carlos Bernal en el servicio público, entre 2011 y 2017, entre sueldos y sobre sueldos sumaron $377.431.
Como ejemplo, en el año 2017 recibió ingresos, por concepto de sueldos del Estado, por $ 64.000 pero los depósitos en sus cuentas bancarias fueron de $92.500. Es decir 28 mil dólares adicionales se transfirieron o depositaron en sus cuentas ese año.
En la lista de transferencias realizadas a las cuentas de Bernal, la UAFE identificó una en particular, en el año 2011, por un monto de $4910, realizada por Raúl Enrique Andrade Galarza, que a su vez era el representante de la empresa Belvedear Worldwide Company, una de las tantas compañías off shore que Odebrecht usó para pagar coimas en la región a través de su departamento de operaciones estructuradas.
Raúl Enrique Andrade Galarza, según información de la Superintendencia de Compañías era gerente y accionista de Bosques Tropicales Manabí, Botsman S.A. compañía creada en 2012 para alquiler de maquinaria de construcción donde laboró en relación de dependencia la madre de Carlos Bernal, Carolina Alvarado Daza.
La esposa de Carlos Bernal Alvarado, Denise María Vélez Ruperti, declaró al SRI, entre 2013 y 2017, ingresos totales por $210.301, pero la Unidad de Análisis Financiero identificó ingresos adicionales por $431.678. Denise Vélez Ruperti realizó además transferencias menores a $10.000 a una cuenta personal en el BBP Bank de Panamá. Ella también registró depósitos por $12500 provenientes de Raúl Enrique Andrade Galarza.
La empresa Construhidrocab Cia Ltda (constituida en diciembre de 2009) dedicada a actividades de ingeniería civil tuvo a Denise Vélez Ruperti como propietaria del 50% de las participaciones y su hermano Xavier Andrés Vélez Ruperti, con el 50% restante. Esta firma recibió hasta 2018 acreditaciones por $18.825.242.
Entre los principales nombres que realizaron depósitos y transferencias a dicha empresa constan Leonardo José Jama Falcones, que entre 2014 y 2018, efectuó depósitos por $1.270.625.
Jorge Adrian Bermeo Ayora también realizó depósitos en Construhidrocab Cia Ltda por $416.490. En 2014 por ejemplo realizó decenas de depósitos pero su nombre en el sistema de la UAFE no registraba ningún tipo de ingreso.
La información de la empresa Construhidrocab, según el expediente de la FGE declaró ingresos entre 2013 y 2017, por $9.777.258 pero en ese mismo período los ingresos fueron de $17.614.263. Es decir $7.8 millones más.
Construhidrocab registró como cliente principal a Sinohydro en 2015 y en ese año recibió $503.116. En 2016 esta compañía registró entre sus clientes a la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye, a la que se le encarga participar en la reconstrucción de la provincia a causa del terremoto de abril de 2016.
Entre 2014 y 2018 la misma Construhidrocab registró como cliente a la empresa Disquesa S.A. y recibió $306.600. En Disquesa S.A. Denise Vélez y su hermano Xavier Vélez, también son accionistas.
Disquesa también recibió depósitos por $11.933.034. De ese monto el 80% de depósitos fueron realizados por José Leonardo Jama Falcones. El mismo se encargó de depositar en efectivo, en un período de seis meses un aproximado de un millón de dólares. Solo en 2016 realizó 150 depósitos por $346.627.
Entre los años 2011 y 2013 el principal ordenante de transferencias de Disquesa fue la compañía panamaña Sevenseas Holding Corp., que registra como director a Marcelo Vélez Velasco, tío de Denise Vélez Ruperti. Durante el año 2017, Disquesa registraba como uno de sus importantes clientes a la empresa Semeg.
Construhidrocab recibió además $4.028.726 de la empresa Servicios Misceláneos E.González, Semeg Cia Ltda. Esta última se constituyó en 2009, el mismo año que Construhidrocab.
Semeg Cia Ltda., entre 2016 y 2018, giró cheques a Construhidrocab por $1.265.485. Semeg es proveedora de Petroamazonas y Petroecuador, y facturó $19.444.000. La empresa fue cliente de Karina Emperatriz Sigüenza, que entre 2013 y 2015 figuró como funcionaria de Petroecuador. Karina Siguenza, es la esposa del ex secretario de inteligencia Senain, Rommy Vallejo, actualmente domiciliado en Chicago-EEUU.
Semeg tiene entre sus accionistas a una empresa panameña denominada Cossey S.A. Según el portal Código Vidrio, los esposos Vallejo-Siguenza manejaron importantes contratos en la provincia de Manabí.
La parentela de Santiago Cuesta
Xavier Vélez Ruperti, está casado con Claudia Vinueza, hija de Jaime Vinueza Vallarino, cuñado de Eduardo Jurado Bejar, exsecretario de la presidencia en el gobierno de Lenín Moreno, quien abandonó el cargo a raíz de denuncias sobre cobros indebidos de seguros bancarios realizados por la empresa GEA, de su propiedad.
Mientras, Claudia Vinueza, concuñada de Carlos Bernal, es también sobrina de Gloria Vinueza Urgelles, cónyuge de Santiago Cuesta Caputi, consejero del presidente Lenín Moreno.
Nuestro equipo de investigación tiene información de gestiones realizadas por el consejero presidencial Santiago Cuesta para intentar favorecer a sus parientes relacionados con el caso. Consultamos vía WhatsApp al exfiscal Paúl Pérez Reina, respecto al silencio de la fiscalía durante su gestión y nos dijo: “Hasta donde recuerdo en todos los casos se dispuso su investigación, ninguno se guardó en el escritorio. Es totalmente falso que el señor Cuesta haya ido a presionarme por caso alguno”, respondió.
Diana Salazar, directora de la UAFE confirmó la existencia del informe pero se negó a comentar los términos del mismo por su carácter reservado.
Al cierre de este informe se pudo conocer que el caso, aparentemente traspapelado en la fiscalía antilavado, está en manos de la fiscal Ximena Mena, cercana al ex fiscal Galo Chiriboga.
Fuente: Portal ‘La Fuente’ (Revise el artículo completo, aquí: )
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(JPM)
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