Así es la nueva megaprisión de Costa Rica, inspirada en el infame centro penitenciario de El Salvador, ante la llegada de sus primeros reclusos
A mediados del mes anterior, Costa Rica recluyó a más de 120 personas en una nueva megaprisión de 35 millones de dólares, construida con la colaboración del gobierno salvadoreño en las afueras de la capital San José.
El Ministerio de Justicia difundió imágenes en las que se observa a filas de reclusos, vestidos con uniformes de color naranja, sentados con la cabeza rapada e inclinada, y las manos colocadas detrás de la nuca.
Las escenas recuerdan al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, la megaprisión donde el gobierno del polémico presidente Nayib Bukele mantiene recluidos a decenas de miles de pandilleros y presuntos colaboradores de pandillas.
Aunque Bukele ha logrado reducir las cifras de criminalidad a mínimos históricos en su país, su gestión enfrenta acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción vigente desde 2022, periodo en el cual han sido encarceladas más de 91.000 personas.
Gran capacidad
La prisión de máxima seguridad de Costa Rica, denominada Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), ha sido presentada por el gobierno de la presidenta de derecha, Laura Fernández, como un símbolo de un nuevo enfoque de «mano dura» contra la delincuencia.
El centro penitenciario —diseñado para albergar a los criminales más peligrosos del país— tiene capacidad para 5.100 reclusos, lo que equivale al 20 % de la población carcelaria nacional.
Costa Rica, país considerado durante mucho tiempo como uno de los más seguros de América Latina, ha experimentado en los últimos años un marcado aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.
En 2023, el país registró una cifra récord de homicidios. Las autoridades atribuyen la mayoría de estos asesinatos a disputas entre grupos criminales por el control de rutas y mercados de narcotráfico.
«Costa Rica está escribiendo un nuevo capítulo en su historia penitenciaria», afirmó el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, en un comunicado.
«El CACCO es un monumento a la seguridad nacional, una respuesta contundente al crimen organizado y una garantía de que el Estado ejercerá su autoridad sin vacilaciones».
El ministro Aguilar señaló que las nuevas instalaciones también ayudarán a reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario.
Llegaron los carteles
Durante décadas, Costa Rica fue una zona de tránsito «pasiva» para las drogas provenientes de Sudamérica, según la organización Insight Crime.
Sin embargo, al carecer de ejército y contar con extensas zonas selváticas y puertos en ambas costas, el país comenzó a atraer a cárteles mexicanos y colombianos.
A finales de la década pasada, una nueva terminal de carga transformó el puerto caribeño de Limón en un punto de almacenamiento y transbordo de cocaína con destino a Europa, según el Departamento de Estado de EE. UU., que en un informe de 2025 también detectó la distribución de fentanilo en el país centroamericano.
En la actualidad, los dos principales cárteles mexicanos —Sinaloa y Jalisco— tienen presencia en el país, al igual que el grupo colombiano Clan del Golfo, la organización venezolana Tren de Aragua —todos ellos considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos— y diversas mafias italianas; a esto se suma la proliferación de cárteles locales, explicó Vanda Felbab-Brown, investigadora sobre crimen organizado en la Brookings Institution.
El interés de los cárteles por establecer nuevas rutas, sumado a la rivalidad entre las dos principales organizaciones mexicanas, «llevó a sus aliados locales a enfrentarse entre sí, lo que provocó un aumento de los homicidios» en Costa Rica, señaló Felbab-Brown.
Los pagos realizados a estas bandas mediante drogas propiciaron el desarrollo de mercados locales, lo que intensificó aún más la violencia y dejó a las autoridades desbordadas.
Donó el diseño
La voz de alarma sonó en 2023, cuando el país registró una cifra récord de 907 homicidios —una cifra que ha disminuido, aunque solo ligeramente— y el gobierno reconoció que, en su mayoría, se debían al crimen organizado.
La inseguridad, si bien dista mucho de la que se vive en Ecuador o México, se convirtió en la principal preocupación de los costarricenses y fue un factor clave en la elección de Fernández.
Fue entonces cuando el predecesor de Fernández, Rodrigo Chaves, buscó a Bukele, cuyo éxito en la reducción de los homicidios llevó a sus homólogos de la región a inspirarse en él para sus políticas de seguridad.
Chaves le otorgó una distinción diplomática y envió a su ministro de Seguridad a visitar el CECOT.
Por su parte, el presidente salvadoreño donó al gobierno costarricense el diseño de dicha prisión.
El CECOT se ha convertido en un símbolo de la política de seguridad de Bukele y cada vez más países siguen su ejemplo; el año pasado, Daniel Noboa, de Ecuador, inauguró una cárcel similar.
Honduras planeó un proyecto parecido en una isla, aunque todavía no se ha construido.
Asimismo, Keiko Fujimori, de Perú, acaba de anunciar un viaje a El Salvador ante el aumento de los asesinatos y las extorsiones.
Estas medidas suelen gozar de popularidad, y una gran parte de la población costarricense respalda la nueva megaprisión.
La megaprisión de máxima seguridad de El Salvador cobró notoriedad internacional cuando la administración Trump envió a más de 250 venezolanos deportados —a quienes se vinculaba, sin pruebas, con el Tren de Aragua— a dicho centro.
El Salvador ha encarcelado a más de 90 000 personas bajo un régimen de excepción, una medida de emergencia vigente desde marzo de 2022 que suspende ciertos derechos constitucionales con el fin de combatir a las pandillas.
Derechos humanos
Actualmente, El Salvador registra la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del mundo, con cerca del 1,5 % de su población tras las rejas; Bukele ha defendido estas detenciones masivas, argumentando que son necesarias para mejorar la seguridad pública. Los homicidios alcanzaron un máximo de 103 por cada 100 000 habitantes en 2015 y se situaron en 53 por cada 100 000 en 2018, el año anterior a que el Sr. Bukele asumiera el cargo.
Esa cifra disminuyó drásticamente a 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025; sin embargo, los expertos señalan que estas cifras podrían estar distorsionadas, ya que el gobierno ha restringido su definición de homicidio.
La medida ha sido objeto de escrutinio por parte de grupos de derechos humanos, los cuales han documentado miles de casos de detenciones arbitrarias.
Según estos grupos, la rapidez con la que se llevaron a cabo las detenciones masivas, sumada a un sistema de cuotas impuesto a las autoridades, provocó que personas sin ninguna vinculación con las pandillas fueran encarceladas injustamente.
Entre los derechos que permanecen suspendidos se encuentran el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el acceso a asistencia legal y el derecho a recibir visitas.
Muchas familias no han tenido contacto alguno con sus seres queridos, lo que las lleva a preguntarse si estos siguen con vida.
Al menos 564 personas han fallecido bajo custodia estatal, según la organización salvadoreña de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario.
Por otro lado, algunos reclusos que han sido puestos en libertad posteriormente han denunciado haber sufrido golpizas y torturas.



